Ambición por el oro contaminó el agua de Yutzupino, en Napo, con mercurio, diésel y … – El Universo
Son cerca de 240 piscinas que utilizaron los mineros ilegales para lavar material pétreo en busca de oro en la comunidad de Yutzupino, en Napo. Estos grandes pozos tienen agua con mercurio y fueron cavados a la orilla del río Jatunyaku. Si bien el Ministerio del Ambiente anunció que está realizando estudios del agua para confirmar la contaminación del afluente, los colectivos ambientales y comuneros ya lo dan por hecho.
En esa zona, donde se desarrolló un operativo en conjunto entre Policía y Fuerzas Armadas, el daño ambiental abarca entre 40 y 70 hectáreas. Se estima que hasta 4.000 personas trabajaron en el área extrayendo el metal. 124 retroexcavadoras utilizadas en esta actividad se habían decomisado hasta el 23 de febrero pasado.
Sin embargo, este brutal impacto a la naturaleza se habría evitado si las autoridades no hubiesen hecho caso omiso a las denuncias sobre minería ilegal en Yutzupino que organizaciones ambientales e indígenas realizaron hace dos años, dice Leo Cerda, kichwa amazónico y vocero del Colectivo Napo Resiste.
Hace dos años, al inicio de la pandemia, asegura Cerda, empezó la fiebre por el oro en la provincia, ya que se conoció la concesión de 7.125 hectáreas de bosques amazónicos ubicados en las cuencas de los ríos Jatunyaku y Anzu para impulsar proyectos mineros.
“Sin consulta previa a las comunidades el Gobierno dio estas hectáreas a las empresas mineras. Allí ya anunciamos lo que pasaría, presentamos una denuncia y una acción de protección. Presentamos la denuncia cuando solo había cinco retroexcavadoras en Yutzupino, que está a cinco minutos de Tena”, dice. En ese momento no hubo respuesta de ninguna autoridad.
Según la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo (FOIN), la actividad minera ilegal sigue creciendo en este territorio bajo un resguardo de concesiones “legales”: “La situación ambiental ha sido violentada por empresas extractivas y a su vez por el permiso concesionario del Estado. Las actividades mineras han implicado la ruptura del tejido social y el surgimiento de conflictos alimentados por las empresas y otros actores (operadores ilegales, autoridades locales e instituciones gubernamentales) entre quienes se oponen a la minería y quienes están de acuerdo con esta”.
La ausencia del Estado en estos territorios que no llega con buena educación, fuentes de trabajo y seguridad ha hecho que el tejido social se rompa y que parte de las comunidades, a falta de oportunidades, acepten la actividad extractiva ilegal.
Los mineros ilegales utilizaron al menos 50.000 gramos de mercurio en las 70 hectáreas afectadas, indica Cerda. Además, añade, restos de diésel y gasolina eran vertidos de forma directa a los ríos. Los comuneros, que viven cerca de la zona afectada, ya no pueden cultivar yuca o plátano, incluso para su alimentación, debido a la contaminación de la tierra.
El Jatunyaku y el Anzu se convierten en el río Napo. En la ribera de este afluente, uno de los más grandes de la Amazonía, viven más de 1.500 comunidades indígenas. “Esto significa que el problema no solo es el agua contaminada que es bebida por las comunidades, sino que los peces van a contaminarse también y las personas van a comerse esos peces. El mercurio se va acumulando en el cuerpo humano hasta que el individuo enferma o muere por altos índices de este metal”, explica Cerda.
El Gobierno resolvió suspender temporalmente toda actividad minera en Napo. Sin embargo, Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), afirma que esto no es suficiente para enfrentar la contaminación y los problemas sociales que hay en la zona.
Casi un centenar de excavadoras se incautaron en zona minera de Yutzupino, en Napo
Señala que se necesita una fiscalización a todas las autoridades de control para saber por qué no se actuó a tiempo, una auditoría ambiental, establecer mesas de diálogos para apoyar a las comunidades afectadas, garantizar la seguridad de las personas que están denunciando los daños provocados por la minería legal e ilegal, investigar quiénes son los beneficiarios de los recursos que se están extrayendo, trazar la ruta del oro extraído.
Cerda y Yasacama afirman que esta vez el foco está puesto en la minería ilegal, pero que la legal, que es apoyada por el Gobierno, también contamina y “genera muerte”. (I)
