Minería ilegal: un millonario delito que está en crecimiento – El Comercio
La minería ilegal ha venido creciendo y fortaleciéndose desde hace varios años en el país. Solo la semana pasada se encontraron, al menos, nueve campamentos dedicados a la minería ilegal en distintos sectores de las provincias de Zamora Chinchipe y Loja.
Miembros de las Fuerzas Armadas junto a técnicos de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr) decomisaron armas, explosivos, herramientas y tres retroexcavadoras que eran usadas en la extracción ilícita de los minerales. En los operativos no se registraron personas detenidas.
Las evidencias fueron trasladadas en cadena de custodia, para iniciar los procedimientos legales correspondientes. Se calcula que el valor de la maquinaria pesada supera los USD 300 000.
En lo que va del año se han registrado varios decomisos. El pasado mes de febrero hubo un gran operativo militar y policial en el sector de Yutzupino, en la provincia del Napo, para desmantelar un campamento de minería ilegal que se había instalado en el sitio desde hace casi dos años.
En el lugar se decomisaron 148 retroexcavadoras, valoradas en más de USD 150 000 cada una, se trataría de un capital que supera los USD 20 millones. En ese operativo tampoco hubo personas detenidas por las autoridades.
Un dato curioso es que los dueños de la maquinaria interpusieron una acción de protección ante la Unidad Judicial Penal del Tena, para que la maquinaria les sea devuelta. Hasta el cierre de esta edición, no se conocía el pronunciamiento del juez al respecto.
Las afectaciones
La minería ilegal deja una secuela de daños incalculables para el país tanto ambientales como sociales y económicos. Hasta ahora las autoridades no han definido el valor del perjuicio de este ilícito.
Sin embargo, solo en Yutzupino, las investigaciones determinaron que en el área se extraían alrededor 500 gramos diarios de oro, valorados en unos USD 25 000. Si se calcula por los dos años que se hacía minería ilegal en el lugar, el prejuicio para el Estado superaría los USD 18 millones.
Esto sin contar con la contaminación y la destrucción ambiental generada por esta actividad ilegal, en especial las riberas de los ríos, que son dragados en busca de oro. En Yutzupino, la recuperación de la zona durará más de dos años.
El ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, enfatizó que la minería ilegal es un delito, que viene generalmente acompañado de lavado de dinero, trata de personas, narcotráfico, entre otros actos ilícitos conexos. Por ello, a través de la Comisión Especial de Control de la Minería Ilegal (Cecmi), a cargo del Ministerio de Gobierno, “se viene desarrollando un trabajo integral para la lucha contra la minería ilegal”, dijo Bermeo.
Según el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020 – 2030, hace casi dos años ya se identificó la actividad ilícita en 124 sectores de 21 provincias del Ecuador. Actualmente, la minería ilegal se ha extendido aún más, según estimaciones de Fernando Benalcázar, exviceministro de Minas, que sigue de cerca esta problemática.
Entre las razones para que esta actividad ilegal siga creciendo, agregó el exfuncionario, están la falta de liderazgo en gobiernos pasados, la falta de asignación de recursos económicos para los costosos operativos y la reducción de personal en la Agencia de Regulación y Control, en lo que tiene que ver con el sector minero.
Reducción de personal técnico
Hay que recordar que en julio de 2020, el entonces presidente Lenín Moreno dispuso la fusión de las tres agencias de control de Hidrocarburos, Minas y de Electricidad, que funcionaban de manera independiente. Lo hizo para optimizar el gasto público.
Según el distributivo de personal de la Arcernnr, la entidad cuenta con 22 técnicos especialistas para realizar control minero en todo el país. Antes de la fusión había 88 funcionarios.
En 2021, la Agencia realizó 345 operativos de control, 63 más que en 2020, año marcado por el covid-19. Pero no llegó al número de controles realizados en 2019, que fueron 492 operativos, el dato se desprende del informe de rendición de cuentas.
Según Benalcázar, una decisión importante del actual Gobierno ha sido la asignación de recursos económicos para combatir el delito, “pero sigue aún pendiente que el Ministerio de Economía asigne los fondos para la contratación del personal técnico clave, que la Agencia de Regulación y Control requiere”, dijo.