Ofensiva judicial para evitar el derribo de Valdecañas ordenado por el Supremo | Medio Ambiente

Los propietarios de las viviendas del complejo Isla de Valdecaas (Cceres) y la Junta de Extremadura han emprendido una importante ofensiva judicial para evitar la demolicin total de la urbanizacin ordenada por el Tribunal Supremo el pasado 15 de febrero al estar construida en una zona declarada de especial proteccin de aves (ZEPA), en concreto en 134,5 hectreas (1,63%) del total de la superficie protegida en la zona (7.600 hectreas), que rodea un embalse.

Para ello, han presentado sendos incidentes de nulidad que se basan, entre otras cuestiones, en la presunta incompatibilidad de dos jueces que intervinieron en el fallo, Wenceslao Olea Godoy (magistrado extremeo que ya particip en el proceso judicial del caso en una instancia inferior, en concreto el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura -TSJEx-) e Ins Huerta (miembro de la Sala que admiti el recurso interpuesto por la asociacin Ecologista en Accin).

Esta intervencin de ambos magistrados podra chocar con el artculo 24 de la Constitucin que protege especialmente el principio de tutela judicial efectiva, segn subraya Luis Daz-Ambrona, abogado de los propietarios. Este argumento, que tambin utiliza para el recurso la Junta de Extremadura (ms extenso en su redaccin), persigue que se declare la nulidad de la sentencia del Supremo y que, una vez nombrado otro tribunal de la Sala III, se emita una nueva sentencia. Si se llegara a desestimar este recurso, que podra emitirse dentro de unos seis meses, los afectados preparan ya otro de amparo ante el Tribunal Constitucional. En cambio, a promotora del resort, Marina Isla de Valdecaas SL, ha optado por no recurrir la sentencia y trabaja para conseguir las indemnizaciones por el coste de las obras realizadas en todo el complejo (viviendas, hotel, campo de golf, pistas polideportivas, embarcadero, etc.), cifradas en ms de 140 millones de euros.

LA DEFENSA JUDICIAL

Sin embargo, los propietarios que compraron las viviendas aseguran que «estn decididos a defender la pervivencia del proyecto» y agotar todas las vas judiciales. En el recurso presentado esta semana tambin alegan que el Supremo «ha ido ms all del debate planteado al admitir el recurso de casacin, pues no ha tenido en cuenta que el TSJEx en su resolucin valor la necesidad de reponer la situacin de un modo compatible con la proteccin del medioambiente, a la luz del estado real de la isla en el momento en el que se aprob el PIR Isla de Valdecaas». En este sentido, subraya el recurso que la ejecucin de la sentencia, con el derribo de las edificaciones, supondra un dao al medioambiente muy superior que la situacin actual.

«Esta circunstancia podra ser motivo de vulneracin de un derecho fundamental reconocido en la Constitucin, como es el derecho a la tutela judicial efectiva y a que las resoluciones se cian al objeto de debate», afirma Luis Daz-Ambrona, quien advierte de que «se podra dar la contradiccin que ejecutando la sentencia en los trminos sealados por el Supremo se tengan que destruir las depuradoras, las especias autctonas reforestadas y volver al uso desordenado y sin ningn valor medioambiental que se encontraba el terreno antes del desarrollo urbanstico», advierte. Asimismo, el abogado afirma que las viviendas se adquirieron «legtimamente y a precio de mercado en un momento en el que no haba recado sentencia firme alguna, ni constaba anotacin preventiva u otra medida cautelar que les hubiera permitido conocer del litigio».

BUENA FE

En este sentido, asegura que han actuado de «buena fe en todo momento», siempre bajo el amparo de la ley y las administraciones y que las casas estn debidamente inscritas y con sus correspondientes licencias, motivo por el que pagan sus hipotecas, as como los impuestos desde hace aos. «El TSJEX decidi una ejecucin alternativa al derribo total, manteniendo lo ya construido y planeando otras medidas medioambientales. Fue una decisin equilibrada, con la que todos estbamos conformes», ha apuntado el portavoz de los propietarios, Jos Mara Concejo.

Los propietarios han indicado que su firme intencin de no abandonar el complejo turstico ni las localidades cercanas donde tambin estn muy involucrados, como El Gordo y Berrocalejo, con la intencin de seguir apostando por Extremadura y «evitar el dao medioambiental y econmico que supondra para los habitantes la demolicin del complejo».

As, Concejo destaca que a lo largo de estos aos, las familias de Isla Valdecaas han forjado un fuerte arraigo con la zona y con la comunidad local: «Nosotros y nuestros hijos hemos construido vnculos profundos con esta tierra. Queremos seguir contribuyendo al empleo y la riqueza para el entorno, por supuesto con el mximo respeto al medio ambiente, como siempre hemos hecho», recuerda.

Los habitantes de la zona coinciden en apuntar cmo Isla Valdecaas llev prosperidad a una regin «necesitada de oportunidades y recursos para hacer frente a la despoblacin», contribuyendo as al progreso local y regional al promover la creacin de cientos de empleos y servicios en la zona. De hecho, antes de su urbanizacin, «la isla era un vertedero invadido de eucaliptos«. Hoy es una muestra de «recuperacin medioambiental, de integracin con el paisaje y de convivencia entre las personas y la naturaleza». Por tanto, concluye, «derribar Valdecaas sera proclamar que en Extremadura no se puede hacer nada, aunque se concilien a la vez el valor econmico, social y ambiental».

En esta misma lnea, el responsable de la jardinera del complejo, Juan Carlos Domnguez, portavoz de los 150 empleados de la urbanizacin, explica que «nos encantara poder negociar con Ecologistas en Accin y llegar a un acuerdo para poner en marcha medidas que vengan a proteger an ms el entorno medioambiental de la zona, pero se cierran en banda, no como s hizo la otra asociacin que tambin denunci, como Adenex».

«Si hasta en la guerra de Rusia con Ucrania hemos visto cmo se negocia, pero aqu no quieren saber nada cundo el dao ecolgico que se va a perpetrar con la demolicin y el derribo va a tener un impacto brutal«, asegura. Tambin recuerda «los hospitales y otras dotaciones en las que podra invertir la Junta de Extremadura con los ms de 200 millones de indemnizaciones que se calcula va a tener que pagar por la cerrazn de estos ecologistas, que lo hacen por envidia por esos cuatro apellidos famosos que siempre aparecen; nos han utilizado como cabeza de turco y nos han machacado», se queja.

Este encargado del complejo, que tiene su propia empresa con 12 trabajadores a su cargo para el mantenimiento de la urbanizacin, apuesta por hacer en la zona un centro de interpretacin de la naturaleza o invertir para la generacin de un bosque mediterrneo en la zona, «porque cmo se tenga que devolver a su estado anterior, como dice la sentencia del Supremo, aqu slo va a ver eucaliptos, que es lo que nos encontramos al llegar, y esa especie, como todo el mundo sabe, es lo peor para potenciar la flora y la fauna».

ECOLOGISTA EN CONTRA DEL DERRIBO

De la misma forma se expresa Cipriano Hurtado, ex secretario general de la asociacin ecologista Adenex: «Se trata de un problema urbanstico y no medioambiental, porque los que conocimos aquello en su da, aquella zona de El Gordo, pueblo conocido por sus cigeas, sabamos que antes de que se construyera el complejo turstico aquello serva como vertederos de lavadoras, parece que las estoy viendo all tiradas el primer da que llegu…», recuerda. Adems, el paraje estaba lleno de eucaliptos, especie «contra la que precisamente hemos luchado siempre desde Adenex por ser nociva, como por ejemplo en una famosa campaa que hicimos para eliminarlos de Monfrage, y en Valdecaas se plant tanto en su da, por todos lados, porque se quera hacer una fbrica de celulosa en la comarca».

Para Hurtado, la sentencia del Supremo «es un dislate econmico y medioambiental, aunque se haya infringido la norma, pero no se va a recuperar ningn valor ambiental», ratifica, «y por el contrario se va a causar un gran dao ecolgico por los escombros y basura que producir la demolicin».

Para este ex dirigente ecologista, lo razonable era el dictamen del TSJEx, que mantena en pie la primera fase del proyecto pero a la vez introduca 30 medidas de proteccin medioambiental, con mejoras acsticas y de reforestacin. «Pero si ahora hay muchas ms aves que antes de que existiera el complejo», se lamenta. Segn esgrime este experto, «Valdecaas es una oportunidad ecolgica, un modelo a seguir con las medidas que haba ordenado el TSJEx, pero nunca con el derribo dictado por el Supremo». Desde su larga experiencia en este tipo de movimientos ecologistas, el problema actual de los ecologistas modernos, asegura, son los «ismos». «Todo es smo, y as no llega a ningn progreso, porque Extremadura est completamente condicionada por los espacios protegidos y los extremeos estn hasta las narices de que no se pueda desarrollar ningn proyecto para crear prosperidad en nuestra tierra», argumenta.

LOS PROMOTORES DEL PROYECTO

Otro protagonista esencial en esta historia es la decisin de la empresa promotora de la urbanizacin. Lejos de continuar con esta larga batalla judicial (19 aos), ‘Marina Isla de Valdecaas SL’, ha decidido enfocar sus energas en intentar obtener las indemnizaciones a las que aseguran que tendran derecho al haber obtenido las licencias de construccin por parte de la Junta cuando se inici el proceso, que incluy la aprobacin de la declaracin como Proyecto de Inters Regional. Slo el coste de las obras del complejo habra superado los 140 millones de euros. «Llegamos a Extremadura en el ao 2003 con la intencin de ejecutar un proyecto de caractersticas similares al que estbamos realizando entonces en la costa de Huelva, en concreto Marina El Rompido», recuerda Jos Mara Gea, CEO de la empresa.

En una carta dirigida al presidente de la Junta, Guillermo Fernndez Vara, asegura haber recibido un «annimo» en el que se exponen las «dudas» sobre la tramitacin realizada para obtener la declaracin de la ZEPA de Valdecaas y la inclusin en la misma de la Isla. A raz de ello, le instan a que puedan acceder «de manera inmediata, acompaados de un notario y de los funcionarios que designe la Junta» a la totalidad del expediente de creacin de esta zona de especial proteccin «y que se nos facilite el acceso a la documentacin que se recibi en el Ministerio en Madrid y la que se envi desde all a la Comisin de la UE» para su aprobacin definitiva. «Despus de tantos aos sufriendo en silencio, lo que ahora pedimos es simplemente no alargar ms el plazo de algo a lo que tenemos derecho a conocer si lo pidiramos directamente a la administracin», asegura Gea.

Hace algunos aos, dicha empresa ya pidi a la Junta ms de 200 millones en concepto de responsabilidad patrimonial cuando comenzaron a aparecer los primeros fallos judiciales e incluso se paralizaron las obras de la segunda fase del proyecto que ya estaban en marcha y que incluan, por ejemplo, un segundo hotel.

«Jams nadie, ninguna administracin, mencion nunca la palabra ZEPA antes de 2005 cuando se tramitaron todos los permisos», recuerda Jos Mara Gea. La escritura de los terrenos se formaliz el 21 de noviembre de 2005, «con todo el apoyo de la Junta de Extremadura», pero slo dos das despus de esa fecha les lleg «la primera comunicacin de que la isla estaba dentro de una Zepa» por parte de la Direccin General de Medio Ambiente. «Aunque se apuntaba en esa misma comunicacin que en una ZEPA se poda realizar el proyecto», recuerda.

El 24 de enero de 2006 el Consejo de Gobierno declar el proyecto como de Inters Regional; el 2 de marzo de 2007 se aprob la Declaracin de Impacto Ambiental (DIA) y el 10 de abril de 2007 se aprob el PIR. Luego, entre los aos 2008, 2009 y 2010 se ejecutaron las obras del complejo turstico. En ese periodo (2008) hasta por cuatro veces el TSJEx deneg mediante cuatro autos la paralizacin de las obras que solicitaron las organizaciones ecologistas como medida cautelar.

As, fallo tras fallo, ha transcurrido la historia durante dos dcadas de este resort, a la espera de la ltima batalla judicial que est an por escribirse.