Ortega y San Luis dicen 'no' a minería sobre el río Cucuana | El Nuevo Día
Los municipios implicados, dentro de las posibles afectaciones ocasionadas, desaprobaron la matriz de impacto ambiental del título minero en el marco de la consulta previa del proyecto: ‘Contrato de concesión minera’ durante su fase de análisis y medidas de manejo.
El pasado sábado 2 de abril el Ministerio del Interior convocó a una reunión de consulta previa a las alcaldías de Ortega y San Luis, al igual que diferentes entidades del orden nacional, departamental y local como personerías, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Gobernador Indígena de la comunidad Parcialidad Indígena Calará San Martín.
El motivo de la convocatoria fue participar en la fase de análisis e identificación de impactos y formulación de medidas de manejo en el marco de la consulta previa del proyecto: ‘Contrato de concesión minera N° CE4 – 101, expediente ambiental N° 13528 (Extradición y Beneficio de Gravas y Arenas Cucuana)’ a cargo del titular minero Henry Ferney Contreras Guerrero.
María del Carmen Contreras Simanca, secretaria General y de Gobierno de Ortega, comentó: “al llegar al sitio de la reunión a las 9 de la mañana, la persona encargada de garantizar el espacio de diálogo por parte del Ministerio del Interior nos dejó claro que era una reunión para que la empresa minera y la comunidad indígena coincidieran en la identificación de los impactos que causa la explotación de gravas en el río cucuana”. Y agregó que durante la socialización, el Ministerio del Interior expuso que de acuerdo con sus investigaciones, la única comunidad Indígena que se vería afectada por la exploración minera en el río Cucuana sería Calará San Martín.
“La empresa expuso una matriz en excel con seis posibles afectaciones, en donde se pudo observar que la gran mayoría de ellas estaban catalogadas de ‘irrelevantes’, como la erosión en el río, el cual indicaba que no se identificaban daños a las costumbres ancestrales de la comunidad indígena y tampoco incluía las afectaciones en las vías por el transporte constante de los vehículos cargados con material del río”, reveló la funcionaria.
Por su parte, la exposición que realizó la empresa poseedora del título minero indicó que la matriz de impacto corresponde a la actualización del plan de manejo ambiental del proyecto, por lo cual estaba a la espera de la aprobación por parte de los líderes de la comunidad para avanzar con la ejecución del mismo.
Adicionalmente, se expuso a través de testimonios de miembros de la población indígena del municipio, que la empresa Extracción y Beneficio de Gravas y Arenas Cucuana, otorgó dádivas a algunos miembros de la comunidad afectada para que aprueben la matriz de actualización del plan de manejo ambiental.
Con respecto a lo anterior, la secretaría de Gobierno de Ortega mencionó: “Ni el Ministerio del Interior, ni la empresa explotadora de gravas, ni los miembros de la comunidad indígena Calará San Martín, tuvieron en cuenta que existen otras comunidades indígenas que se pueden ver afectadas por las decisiones que en esa reunión se tomen”, y argumentó que dentro de la matriz de identificación de afectaciones, no se tienen en cuenta todos los impactos que se producen a largo plazo.
Como parte de las intervenciones realizadas en el lugar, se identificó la participación del ingeniero Pedro Nel Ospina, secretario de Planeación de Ortega, quien tampoco estuvo de acuerdo con los impactos identificados en la matriz, así como funcionarios de la Secretaría de Planeación y Personería municipal de San Luis, quienes informaron que pese a ser un proyecto tan avanzado, era la primera vez que su gobierno asistía a una socialización como invitados por parte de la empresa minera y, por lo tanto, desconocían la gravedad de las afectaciones hacia su municipio.
Finalmente, tanto funcionarios de la Alcaldía de Ortega como los de San Luis, sentaron su posición de desacuerdo con las decisiones de la empresa en dicha reunión y se retiraron del recinto.
Las indagaciones continúan en proceso mientras se esperan mayores aclaraciones hacia los municipios afectados y comunidades indígenas no incluidas en la consulta previa por parte de la entidad minera.
