A lo que sigue… – Grupo Milenio

Sin mayores sorpresas resultó la jornada de participación ciudadana celebrada el fin de semana en torno a la Convocatoria para el Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República Electo para el Periodo Constitucional 2018-2024. Los porcentajes de participación conforme al conteo rápido realizado por el Instituto Nacional Electoral, se asemejan a lo que ya adelantábamos en este mismo espacio la semana pasada, así que en términos cuantitativos no hay mucho más que decir.

Me parece, incluso, que las comparaciones que se han dado a conocer con relación a las cifras obtenidas el domingo pasado frente a otros ejercicios de participación, sin mayor reparo a su naturaleza y coyuntura histórica, resultan poco esclarecedoras para la comprensión colectiva de lo que ocurrió: cuantitativamente el resultado no es vinculante para el presidente de la República, así que puede continuar con su mandato hasta su término constitucional.

También como se adelantaba hace una semana, lo verdaderamente interesante para lo que sigue, que es el proceso electoral de 2024, es la información respecto de la manera en que se distribuyó territorialmente el voto a favor de que Andrés Manuel López Obrador “siga en la Presidencia de la República”. Los resultados confirman lo que ya se intuía: los entidades federativas con mayor participación ciudadana fueron Tabasco, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Coahuila, Guerrero y Colima; en tanto que los estados que registraron una menor afluencia de votantes fueron San Luis Potosí, Chihuahua, Baja California Sur, Sinaloa, Querétaro, Guanajuato y Nayarit (MILENIO JALISCO, 11 de abril).

Lo que sigue es esperar que se presente formalmente la iniciativa presidencial con la que se pretende reformar a fondo los términos en que conocemos hasta ahora el sistema electoral mexicano.

Si nos atenemos a las recientes declaraciones, tal reforma esencialmente buscará modificar la manera en que se integran los órganos de decisión y las autoridades jurisdiccionales en materia electoral, el financiamiento público que reciben los partidos políticos y la desaparición de la representación proporcional en el Congreso de la Unión.