Medio Ambiente: los avances y dudas que plantea el borrador de la Constitución – La Discusión

Crisis climática y ecológica

Respecto de la crisis climática y ecológica, el Estado deberá adoptar medidas para prevenir, adaptar y mitigar los riesgos provocados por ésta. Tendrá que promover el diálogo, cooperación y solidaridad entre países, con el objetivo de afrontar la crisis y proteger la naturaleza.

Todas las personas tendrán, además, derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Cualquier persona que dañe el medio ambiente deberá repararlo, sin perjuicio de las sanciones administrativas, penales o civiles que le correspondan y es deber del Estado garantizar una educación ambiental que fortalezca la preservación, conservación y cuidados requeridos respecto del medio ambiente y la naturaleza, y que permita formar conciencia ecológica.

Agua

Respecto del agua, todas las personas tienen derecho a este bien y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable y de fácil acceso. El Estado deberá garantizar este derecho sobre la base de las necesidades de los diferentes contextos del país, tanto para las actuales como futuras generaciones.

Se establece, también, un Estatuto constitucional de las aguas: El agua es esencial para la vida, el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. El Estado deberá proteger las aguas, en todos sus estados, fases y ciclo natural. De esta manera, velará por un uso razonable de las aguas, en el que prevalecerá el equilibrio de los ecosistemas”.

Será la Agencia Nacional de Aguas la encargada de autorizar sus usos, que deben ser de carácter incomerciable, justificado y sobre la base de la disponibilidad efectiva del recurso.

El Estado deberá promover y proteger la gestión comunitaria de agua potable y saneamiento, especialmente en áreas y territorios rurales y extremos, en conformidad a la ley.

Glaciares

Sobre los glaciares, el Estado garantizará su protección y la del entorno glaciar, incluyendo los suelos congelados y sus funciones ecosistémicas. Los glaciares quedarán excluidos de toda actividad minera, al igual que las áreas protegidas, y las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley.

Áreas protegidas

El Estado, a través de un sistema nacional de áreas protegidas, único, integral y de carácter técnico, deberá garantizar la preservación, restauración y conservación de espacios naturales. Además, deberá monitorear y mantener información actualizada sobre los atributos de dichas áreas, y garantizar la participación de las comunidades locales y entidades territoriales.

Derechos de los animales

Los animales son declarados como sujetos de especial protección. El Estado reconoce que son seres sintientes con derecho a vivir una vida libre de maltrato. Asimismo, deberá protegerlos y promover la educación basada en la empatía y el respeto hacia ellos.

La ‘sintiencia’ significa que los animales son seres que sienten, que tienen la capacidad de sufrir y disfrutar.

“El medio ambiente no es patrimonio de un sector”

Según la abogada y miembro de la Coordinadora Ambiental Ñuble Sustentable, Angélica Cuevas, el proceso de la Nueva Constitución consideró una comisión de medio ambiente en la cual se discutieron temas importantes respecto de la crisis climática, sobre la consideración de bienes comunes, gestión de residuos, animales, biodiversidad, agua, áreas protegidas, minería, derecho de la Naturaleza, entre otros.

“Si bien tuvo un fuerte rechazo el primer informe, finalmente en el segundo se llegó a un consenso considerando las observaciones de las diferentes posiciones políticas. Políticas, sí, no hay que olvidar que la política es la que ha permitido que se puedan implementar medidas que van en la perspectiva de protección, aunque sean insuficientes”, aseveró.

Para Angélica Cuevas, es un gran mérito tratar el medio ambiente como un capítulo importante en este nuevo texto constitucional.

“Es un indicador de avance en este tema relevante para nuestra sociedad, hay que recordar que el medio ambiente no es patrimonio de un sector político, sino que es patrimonio de toda la humanidad. Sin embargo, faltó aquella sutileza de los contrapesos políticos para validarlo de manera irrestricta e incluir detalles relevantes, como el dar alguna señal de implementación de las medidas contenidas en el texto”, aseveró.

Entre los mayores cuestionamientos que tiene el texto, añadió, “está la consideración de sujeto de derecho a la Naturaleza, y efectivamente, no puede ser sujeto de derecho, porque un sujeto de derecho está en dos situaciones importantes: derechos y obligaciones. Es un error el considerarla sujeto de derecho, porque eso implica voluntad e intención, y un tratamiento jurídico especial para ejercer acciones sobre ellas, al carecer del elemento voluntad, no sabremos si un espacio natural determinado está de acuerdo con que se ejerzan sobre él acciones, aunque sean de mitigación, prevención o reparación ambiental. Ello va a generar una extensa normativa para su completa protección, y que se ejerzan por cualquier ciudadano -otro sujeto de derecho-, acciones para evitar daño ambiental. Pero son errores, que de manera posterior, en caso de aprobarse este nuevo texto, deberán ser sujeto de reforma constitucional, de lo contrario, será letra muerta”, planteó.

Otro cuestionamiento importante, sostuvo, “es lo débil que quedó la gestión de residuos, si bien, actualmente tenemos la Ley REP, Responsabilidad extendida del Productor y fomento al reciclaje; este tema muy importante para nuestro país quedó débil, al dejar la responsabilidad al Estado de promover la gestión de residuos, entregando a la ley la facultad de determinarlo, y no imponiendo una obligación de carácter ciudadano a cada habitante de nuestro país para fortalecer una cultura de cuidado de cada uno de nuestros actos, ya sea de manera individual, colectiva, o cada vez que queramos hacer algún acto como empresa y que implique alguna acción sobre el medio ambiente”, manifestó.

Según la abogada, uno de los temas más polémicos ha sido el tratamiento que se le da a las aguas.

“Si bien se celebra que se considere la creación de una Agencia Nacional de Aguas, que se encargue de la distribución de manera equitativa de ellas; la incertidumbre es qué pasará con los derechos de agua ya adquiridos. Si bien no se desconoce que hay abuso de algunos que detentan estos derechos, también existen quienes hacen un uso apropiado de ellos, de manera responsable, que han construido diferente infraestructura para un mejor aprovechamiento de los metros cúbicos de aguas que tienen en el “Derecho de Aprovechamiento de Aguas” que les fuera otorgado con anterioridad, y que pasarán a un sistema transitorio, en donde sus derechos ya no serán derechos, sino que se transformarán en una autorización de uso de agua. La duda es cómo se hará esto, como es un derecho de propiedad de las aguas, ¿los expropiarán?, ¿los indemnizarán? La verdad es que la poca claridad en esta materia, trae grandes dudas y preocupación, no solo para quienes tienen mayores concentraciones en derechos y usos de aguas, sino también para aquellos medianos y pequeños propietarios rurales”, sostuvo.

Cuevas agregó que “existe una contradicción evidente, aunque muchas veces la ideologización y sesgo político no deja ver, en este Nuevo texto Constitucional. El artículo 3 nos habla de un sistema de gobernanza de las aguas, entregando al Estado y la ley las atribuciones sobre el manejo de todas ellas, sin embargo, en el artículo 4 se reconoce a los pueblos indígenas el uso de ellas, en las zonas de autonomías territoriales, lo que a la larga, generará conflictos en el uso equitativo de ellas para el resto del territorio. ¿Por qué? Porque se genera una preferencia a nivel constitucional por sobre los requisitos a cumplir por el resto de chilenas y chilenos que vayan a solicitar la autorización en el uso de las aguas. Algunos pueden considerarlo positivo. La verdad, la falta de igualdad evidente nunca es positiva”, postuló.

Respecto de lo bueno del texto, Angélica Cuevas mencionó la incorporación de conceptos y lenguaje más científico en materia ambiental, la protección de la naturaleza, animales y áreas protegidas, entre otros, “lo que nos permite tomar conciencia de la importancia y relevancia que tiene en el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, seguimos al debe. Este texto pudo establecer obligaciones de carácter ciudadano para el cuidado del medio ambiente, y solo genera obligaciones de cuidado, protección y recuperación entregadas al Estado, el que debe propender a promover las mejores prácticas sobre el medio natural, y no una obligación de carácter ciudadano que cambie el paradigma en el uso y manejo apropiado de la naturaleza”, advirtió.

“Es una propuesta muy avanzada”

El exministro de Medio Ambiente durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y experto en el área, Marcelo Mena, sostuvo hace poco en una entrevista a “El Desconcierto” que “la comisión de Medio Ambiente de la Convención entendió que no bastaba con una serie de declaraciones de principios para poder avanzar en que el desarrollo del país sea sustentable; sino que era fundamental mirar la estructura del desarrollo económico, la toma de decisiones y el financiamiento para poder ejecutar todo esto”, aseveró.

Según Mena, la propuesta plasmada en el borrador constitucional “es, en muchos aspectos, muy avanzada, y eso da una gran esperanza, porque es la primera escrita después del Acuerdo de París y de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), en un contexto en que el planeta entero reconoce que hay límites en cuanto a las emisiones de contaminantes, y que si no se respetan, el futuro se hace invivible. Hay límites en cuanto a la pérdida de biodiversidad por el riesgo de enfermedades zoonóticas, como la que nos tiene en esta pandemia”, manifestó.

Respecto del agua, un tema sensible para sectores como la agricultura, el exministro planteó que se establecen medidas excepcionales con respecto a su gestión.

“En un par de artículos se avanza más que lo que se pudo avanzar en muchos años por las trabas de la Constitución actual. También hay que destacar el derecho al aire limpio, ya que según la OMS, la contaminación en el aire mata a 7 millones de personas cada año y esto es un avance”, dijo.

En relación a los cambios que se establecen en materia medio ambiental respecto de la actual Constitución, Marcelo Mena reconoce que “lo más estructural tiene que ver con una mirada de largo plazo, en vez de una de corto plazo, y una mirada colectiva, en vez de la mirada individual. El hecho de que haya más poder de decisión y autonomía en las regiones es fundamental para un territorio más sustentable, y que el financiamiento tenga una finalidad más descentralizada también. Ambas cosas han sido identificadas por la OCDE como barreras para el crecimiento de Chile, y con este borrador hay barreras que se superan”, sostuvo.

En el largo plazo, añadió, “hay cosas como el principio precautorio, el de no regresión y el de equidad intergeneracional que nos obligan a mirar más allá de nuestra generación y tomar en cuenta a las que vienen. Esto es un cambio fundamental en la toma de decisiones con respecto al cambio climático. También es destacable el reconocimiento de la crisis climática, y es muy potente lo que se logró en materia de crisis hídrica, de pasar de un régimen de concesiones a uno de derechos que son transitorios, revocables y transparentemente adjudicados, que también es un cambio fundamental frente al oligopolio que posibilitó la desigualdad e injusticia que vemos hoy con respecto del agua. Yo mismo he sido un ministro de Medio Ambiente atado de manos por algunas normas o leyes, porque la Constitución impedía cambiarlas, y creo que esta Constitución será un pilar importante para darle una señal al mundo de que a Chile le importa el desarrollo sustentable, y que tiene todas las herramientas para hacerlo, sin excusas”, manifestó.