Agostina, reforma y ley minera tendrán que esperar que los legisladores terminen sus vacaciones
En esos órganos prometen cruces por la cantidad de cámaras en los departamentos , debates sobre el presupuesto de la Policía y dos grandes preguntas en torno a la zonificación minera: qué pasará una vez que llegue al recinto, y si las posturas cambiaron tras el recambio de bancas de mayo pasado.
La reforma de la Constitución
No será lo único. El oficialismo tiene preparada su ofensiva para reformar la Constitución y avanza con una estrategia que involucra a algunos pesos pesados de Cambia Mendoza, que pondrían la cara para intentar convencer al peronismo. Cerca de Suarez saben que los tiempos se acortan; mucho más en un semestre en el que la economía amenaza con borrar al tema de la agenda si no se lo apuntala rápido.
Habrá que lidiar con otros temas; como el diálogo perdido entre las dos facciones. El caso Bonarrico es un cisma que será difícil de subsanar y esa división puede hacerse aún más amplia si empiezan a jugar otros puntos de conflicto. Los aspectos locales (como ya lo está haciendo la seguridad), la crisis del peronismo (que se cuela en la filas del PJ doméstico), y las internas de cara al 2023, pueden dividir las aguas aún más.
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Cambios en la idea de Ojeda
El proyecto para derogar parcialmente la ley 7.722 está listo. Tendrá 20 artículos y por estos días pasó a manos de un equipo de abogados que lo está revisando. En el texto que manejan por ahora, resalta una novedad que no muchos esperaban: prohíbe usar sustancias tóxicas en algunas zonas del departamento.
Concretamente habla de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico y demarca en qué cuencas y espacios del territorio no podrán utilizarse de ninguna manera. Según voces cercanas a la intendencia, mientras se preparaba el proyecto se decidió dejar asentada una postura, que demostrara cierta mirada de cuidado. Es «un mix con el espíritu de defensa que tienen distintas legislaciones ambientales», contaron.
En la Legislatura saben que es inminente. El intendente de Malargüe Juan Manuel Ojeda sólo espera más informes técnicos para usarlos en la argumentación, importante a la hora de llevarlo a las cámaras. Son datos geológicos de las zonas que planean habilitar. Lo que no está claro es cuándo ocurrirá eso, y la indefinición tiene en vilo a varios empresarios mendocinos. Algunos cruzaron mensajes esta semana para ver si ya circulaban detalles, pero ninguno conocía demasiado.
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Martín Pravata
Según supo UNO, la norma pondrá el ojo en proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, que en febrero envió una delegación a Mendoza para lograr un plan estratégico en el desarrollo de la actividad. Su objetivo de máxima es más ambicioso: cambiar y mejorar la Dirección de Minería de la provincia, que actualmente conduce Roberto Zenobi.
En la intendencia están seguros de que la percepción de la ciudadanía cambió, y que eso lo hará encontrarse con legisladores más transigentes y sin tanto miedo a un conflicto social como el que se produjo en diciembre de 2019, cuando Suarez dio marcha atrás con la fugaz ley 9.209. Eso, sumado a que la conformación de la Casa de las Leyes ya cambió dos veces desde ese entonces.
En el edificio de la peatonal aguardan el proyecto para principios de agosto.
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Hay enojo. El PJ ya avanzó con dos pedidos relacionados al crimen y desde el radicalismo contestaron que fallaron a lo que se había acordado en la Bicameral de Seguridad. «Esto no es lo mismo que el caso de Florencia Romano. El accionar policial fue correcto y por eso quedamos en responder a todos los pedidos de informe y a esperar la investigación. Después van y citan al ministro, algo de lo que no se habló en ningún momento», apuntó un diputado de la UCR.
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Es que los senadores Florencia Canali y Rafael Moyano, ambos del peronismo, ya hicieron presentaciones en la Cámara Alta. Pidieron convocar al ministro Raúl Levrino y también al jefe de la Policía Marcelo Calipo; además de solicitar información sobre la cantidad de vehículos y elementos disponibles que tiene la fuerza en San Martín. Concretamente en Buen Orden, el distrito donde ocurrió el femicidio.
«Vamos siempre detrás del hecho consumado, no previenen nada. Acá, justamente, se ve la falta de inversión en zonas semirurales, como es este lugar», dijo Moyano a UNO. «Esto pasa luego de que anunciaran la compra de 700 cámaras por parte del Poder Ejecutivo. No están. No hay cómo seguir lo que ocurrió. También queremos que vengan y nos expliquen los hechos del día siguiente (el enfrentamiento con manifestantes en la marcha). Si no se podía acordar con la gente en la previa a tanto lío. Queremos el por qué de ese operativo», sentenció.
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Los intendentes, a la Legislatura por la reforma
Apenas termine el receso, el proyecto de reforma tendrá en los intendentes a sus nuevos protagonistas. La estrategia del suarismo es acercarlos a la Legislatura para que brinden su postura, sobre todo en torno a cómo ven la autonomía municipal, uno de los aspectos centrales en el cambio que pretende el gobernador.
Aunque no trascendieron nombres, se supo que la intención era convocarlos en las últimas semanas, pero la situación se terminó dilatando y finalmente decidieron que ocurra a finales de julio o principios del mes que viene. «Es por el conflicto nacional; todo este quilombo hizo que los intendentes estuvieran muy complicados», contó una fuente del Senado.
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Foto: Martin Pravata/ Diario UNO
Si la situación está más tranquila para cuando retomen la actividad, es probable que lleguen los primeros jefes comunales a la Comisión LAC. Esas reuniones se hacen los jueves, y en primer término podrían asistir algunos del Gran Mendoza, lo que seguramente atraiga varias miradas; pero más tarde avanzarían sobre aquellos de departamentos más alejados.
¿Invitar a peronistas? Podría ser una posibilidad, pero dada la férrea postura de no votar el proyecto, sería muy difícil que asistan. No sólo por estar en desacuerdo, según han declarado oficialmente, sino también porque hablan de «reestablecer un orden institucional antes de discutir la Carta Magna».
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