Minería: peligrosas heridas bajo tierra – Periódico Correo
1.- Minería: peligrosas heridas bajo tierra
Diez mineros están atrapados desde el 3 de agosto, en un pozo de carbón en la comunidad de Agujita, municipio de Sabinas, en el estado de Coahuila. Un siniestro que no es desconocido en un país como México, asediado por una actividad que deja huellas indelebles en la orografía de las diferentes regiones y zonas explotadas.
Guanajuato es una plaza desplazada como líder de producción minera. En diferentes puntos otrora explorados, actualmente subsisten los vestigios negligentemente expuestos y que son, hoy por hoy, puntos de riesgo para siniestros, accidentes o sucesos de emergencia.
El Programa Sectorial de la Secretaría de Gobierno, en su apartado de Seguridad y Paz Social 2019-2024, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el 14 de febrero de 2020 y ahora por Correo, indica que en el Distrito Minero de Guanajuato existen 21 puntos de riesgo ligados a la actividad minera.
Se trata de sitios cuya clasificación de riesgo, según los criterios establecidos por la Coordinación de Protección Civil del Estado de Guanajuato, evidencia el descuido e incumplimiento de las medidas a las que están obligadas las empresas que exploraron y explotaron esos puntos del territorio estatal.
El titular de enlace y director general jurídico y derechos humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Antonio Reynoso Candelas, certificó que una buena parte de estos tiros mineros tienen delimitaciones en mal estado, que pudieran originar un accidente por caída libre.
También se detectaron aquellas que pueden considerarse en riesgo de hundimiento de terreno, que de manera general sólo implicaron la notificación a los representantes legales de las empresas, que en varios de los casos hicieron caso omiso.
Un rescate minero en estas circunstancias, no es sencillo, y en casos como en El Pinabete es una acción a largo plazo. Por lo pronto, el gobernador Miguel Riquelme Solís responsabilizó de la existencia de pozos clandestinos de carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y concretamente a su titular Manuel Bartlett Díaz.
Por ello, es un buen momento para prevenir tragedias como esas en Guanajuato. Después de todo, no hace falta que haya una víctima para remediar el peligro de los despojos mineros.
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Minería: peligrosas heridas bajo tierra
2.- Mauricio Trejo decide caminar sobre hielo delgado
Por supuesto que San Miguel de Allende no ha sido ajeno a la crisis de violencia que se ha prolongado en Guanajuato durante al menos ocho años. Tras los sucesos del ‘martes negro’ y otros hechos de inseguridad, el alcalde Mauricio Trejo Pureco, decidió caminar por el hielo delgado de las revisiones preventivas.
El presidente municipal de San Miguel de Allende, dio a conocer mediante su cuenta de Facebook que la policía revisará a “personas con actitud sospechosa”. Aunque sostuvo que esto no tiene nada que ver con la forma de vestir, ni con la posición económica de las personas, dejó el criterio en la subjetividad de los agentes.
También pidió a la ciudadanía denunciar situaciones sospechosas en sus calles, colonias o en su entorno inmediato, en donde pueda existir peligro de la flagrancia de un delito, como parte de un ejercicio en el que descargó de la seguridad pública al gobierno estatal y federal.
Ya entrado en los gastos de una posición que requerirá precisión quirúrgica, adelantó que el casco será obligatorio para motociclistas que utilicen este medio de transporte para su trabajo, pues sostuvo que la mayoría de los delitos que se cometen es en este tipo de vehículos, generalmente por dos personas que no lo utilizan.
De acuerdo a sus números, durante el mes de julio la secretaria de seguridad del municipio detuvo a 36 presuntos delincuentes, “muchos de ellos detenidos en flagrancia”, sin embargo, en los juzgados ya han liberado a 33 por lo que 97% de los detenidos termina por salir sin ser procesados.
Su apuesta es arriesgada. Se trata de prever imponderables que no necesariamente implican flagrancia delictiva, lo que volverá mucho más difícil el castigo judicial.
Es así que entre el respeto a los derechos humanos y la prevención del delito, el gobierno de Mauricio Trejo Pureco decide caminar por el filo de la navaja.
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Minería: peligrosas heridas bajo tierra
3.- FGE: agravios por negligencias
Pese a que autoridades localizaron el cuerpo de Samantha Luna Sosa tres días después de su desaparición, dieron cuenta a sus familiares un mes después.
Este es el claro ejemplo de una crisis forense, por la que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Carlos Zamarripa Aguirre, acumula agravios contra familiares de personas desaparecidas, en tragedias que arrastran la negligencia y lenidad de una institución rebasada por la realidad.
Aunque también ese tipo de errores motivaron la centralización de los servicios forenses a cargo de la FGE, el caso de Samantha Luna Sosa demuestra que estos siguen más vigentes que nunca, mientras la exigencia de familias y colectivos reaccionan con toda su indignación.
De 20 años de edad y originaria de Morelia, Michoacán, desapareció el 7 de julio, pero finalmente sus familiares informaron que la encontraron sin vida en el municipio de Silao. Su cuerpo fue localizado tres días después, la activación del Protocolo Alba se dio apenas el pasado 1 de agosto y apenas este 15 de agosto informaron a su familia del hallazgo.
La FGE de Guanajuato no ofreció evidencias ni pruebas de que se hubieran realizado las acciones de búsqueda, mientras la de Michoacán asumió una postura testimonial, pese a que la última localización de su teléfono celular había sido en ese estado.
El caso motivó una manifestación en Morelia, donde los familiares y los colectivos exigieron que las fiscalías de Michoacán y de Guanajuato agotaran todos los recursos necesarios para dar con Samantha. Además, pidieron que se involucraran las comisiones ejecutivas de atención a víctimas.
No es el único caso en el que una víctima desaparecida se mantiene en el Semefo de la FGE, sin notificar a sus familiares. En agosto de 2020, colectivos denunciaron los casos de Ulises Alberto Rojas Flores y Fernando Israel Martínez Sánchez quienes desaparecieron el 19 de julio de ese año.
De estos, “prácticamente a un mes de distancia fueron identificados en los servicios forenses de la FGE los días 12 y 14 de agosto, respectivamente”. Sin diligencia forense en su identificación ni un plan de búsqueda, la FGE presentó informaciones contradictorias y retardó la entrega de los cuerpos, que se encontraban en el entonces Semefo de Irapuato.
En el caso de Samantha, por ahora solo se informó que murió por asfixia con alguna cuerda o cadena, se desconoce si presenta huellas de violencia sexual, pues increíblemente su cuerpo no ha sido procesado.
Un caso de agravio más, dentro de una dinámica que luce por inefectividad.
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Minería: peligrosas heridas bajo tierra
CONTRA RETRATO
Luis Felipe Guerrero Agripino
Si hablamos de lapsos difíciles, quizá desde 2019 la Universidad de Guanajuato comenzó a vivir el propio al ser foco de escándalos, denuncias y procesos que han retardado la verdadera visión del crecimiento de la máxima casa de estudios del estado.
Esa es un primera lectura sobre el rectorado de Luis Felipe Guerrero Agripino, quien ha padecido del actuar de su alta burocracia universitaria, enfocada más en el protagonismo que en los resultados. Sus errores, no dejan de ser una responsabilidad compartida que se ha vuelto un lastre.
Hoy es su informe anual de resultados. Este se desenvolverá en un ambiente de inseguridad que no es ajeno para la comunidad estudiantil, que ha respondido con críticas y reproches en contra del actuar institucional de la UG en los casos de acoso, hostigamiento y hechos de violencia.
Por otro lado, el mayor ejemplo de la frivolidad que ha cundido entre los subalternos de Agripino, sin duda está en la Dirección de Extensión Cultural a cargo de José Osvaldo Chávez Rodríguez, con el que se ha hecho patente el maltrato a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG).
Por supuesto, no se puede dejar de lado el asesinato del estudiante Ángel Yael del campus Irapuato-Salamanca, a manos de elementos de la Guardia Nacional. Este derivó en una actitud mediática y propagandística del rector, que fue fuertemente vilipendiada e incluso evidenciada por el juez del caso.
Lo que es un hecho, es que Luis Felipe Guerrero llega a un informe con frentes abiertos de la más diversa catadura, mientras la UG no logra convertirse en la institución definitiva del debate de las ideas en los temas que preocupan a Guanajuato. Un papel que el ruido político ha opacado irremediablemente.
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Minería: peligrosas heridas bajo tierra
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JRP