(CRHoy.com) Costa Rica llamó la atención a la comunidad internacional sobre la necesidad de actuar con cautela ante las presiones por iniciar la minería en los fondos marinos en áreas internacionales.

El gobierno propuso 3 opciones para que los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar apliquen el Principio Precautorio antes de adoptar la normativa que autorizaría el inicio de la explotación. Las opciones fueron:

• Que los Estados Partes consideren solicitar una opinión consultiva al Tribunal Internacional de Derecho del Mar.
• Promover una decisión en el marco del Consejo de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos para establecer estándares ambientales que no permitan autorizar un contrato de explotación hasta tanto no se pueda demostrar que no causará efectos dañinos al ambiente marino.
• Realizar una interpretación basada en el principio precautorio a la hora de evaluar eventuales solicitudes de explotación, para evitar  el inicio de proyectos mineros antes de que sea posible asegurar su sostenibilidad ambiental.

Las sugerencias del país se efectuaron en la 27 Sesión de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos que se hizo a inicios de mes en Kingston, Jamaica. La representación del país estuvo a cargo de la embajadora nacional en ese país, Gina Guillén Grillo. 

Guillén recordó que los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar tienen el mandato de garantizar la protección efectiva del ambiente marino, sus ecosistemas y biodiversidad, y que, de autorizarse la minería en el 2023, como proponen algunos, se incumpliría con dicho mandato. Recordó igualmente que menos del uno por ciento del suelo y subsuelo marino ha sido investigado, por lo que no se cuenta con información sobre sus ecosistemas y biodiversidad, por lo que una prórroga precautoria es de recibo.

La posición de Costa Rica es compartida por Chile y otros aliados como España, Nueva Zelanda, Micronesia, Fiji, Bélgica, Países Bajos y Francia. Desde el año 2019, los 167 países miembros de ISA, más la Unión Europea, se encuentran negociando un texto que regularía la futura minería.

Los fondos marinos y sus recursos fueron declarados Patrimonio Común de la Humanidad por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptada en 1982. Esto implica que ningún país puede apropiarse de ellos, que su administración corresponde a la humanidad en su conjunto; que sus beneficios deben repartirse equitativamente; que su uso debe ser pacífico, y que se debe de conservar para futuras generaciones.