Seis acusados por las protestas mineras de 2019 se enfrentan a más de tres años de prisión
Imagen de uno de los cortes que se llevó a cabo en 2019.
Los acusados colocaron una pancarta en la mediana con el texto: «si nuestros hijos no pueden comer los vuestros verterán sangre, no al fin de la minería» | El juicio será el 10 y el 11 de octubre en al Audiencia Provincial de León
De tres a 10 años de prisión a algunos de los identificados y acusados como autores de cortar la AP-66 en enero y febrero de 2019 en el marco de las protestas mineras.
De los 15 participantes que se dieron cita en ambos piquetes sólo seis han sido identificados. Los acusados se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de León el lunes 10 y el martes 11 de octubre de 2022 a partir de las 9:30 horas por un delito de desórdenes públicos y otros de coacciones.
En el marco de protestas motivadas por la crisis del sector de la minería y el cierre de explotaciones en la comarca de Laciana, tres de los acusados formando parte de los grupos de acción llevaron a cabo un corte en la AP-66. El fiscal asegura en el escrito de acusación que estaban «guiados por el ánimo de perturbar la paz pública alterando el normal funcionamiento y uso de los servicios viarios de movilidad terrestre».
Piquete en la AP-66
El primero de los
piquetes fue en torno a las 1:25 horas del 18 de enero de 2019, cuando tres de los acusados formando parte de un
grupo de unas quince personas «todas ellas embozadas o con los rostros tapados», a la altura del kilómetro 103 de la AP-66, en Barrios de Luna, se acercaron a la vía desde un camino agrícola, accedieron a la calzada cortando la alambrada cinegética que la protege, hicieron una barricada con neumáticos que colocaron de forma transversal en los dos carriles y les prendieron fuego. Un corte del tránsito de vehículos en un tramo curvo sin iluminación artificial fija. El fiscal relata que una vez que el fuego se avivó, varios miembros del grupo «en actitud hostil» obligaron a dos camioneros a cruzar sus vehículos en la calzada en sentido León y Asturias, lo que ambos hicieron «amedrentados por la situación».
Este acto interrumpió la circulación en ambos sentidos y afectó al menos a veinte vehículos. La circulación se pudo restablecer a la 1:55 horas, quedando deteriorados por el fuego el pavimento y los hitos de balizamiento.
Segundo corte de la AP-66
El día 9 de febrero de ese mismo año, uno de los identificados en la acción anterior acompañado de otros tres acusados y en un grupo de unas quince personas cortaron la AP-66, en este caso a la altura del kilómetro 119, en Rioseco de Tapia. Se acercaron a la vía ascendiendo por un talud de tierra desde la carretera LE-460 y accedieron a la calzada cortando la alambrada cinegética, hicieron una barricada con neumáticos en los carriles del sentido León, a escasos metros de una curva.
En esos momentos, un camión al salir de la curva, observó unas luces que interpretó como teléfonos móviles y sin tiempo de reacción se encontró con la barricada de neumáticos viéndose obligado a frenar bruscamente el vehículo articulado con riesgo de perder el control, logrando detenerlo a escasos centímetros de las llamas. Según relata el fiscal en el escrito de acusación, una vez detenido «tres miembros del grupo le abordaron y le compelieron a cruzarlo en la calzada, advirtiéndole que, de no hacerlo, tendría problemas, a lo que accedió movido por el temor».
Tras lo cual, otros individuos del grupo le deshincharon ocho neumáticos para que no pudiera mover el camión. Posteriormente, llevaron a cabo otra barricada en sentido Asturias, que dada su falta de señalización y de iluminación, provocó que el conductor de un turismo colisionara y abandonase el lugar al ver que se estaba produciendo un corte de la circulación.
Otro tráiler que circulaba en sentido León, se vio obligado a cruzar también su camión cuando uno de los acusados con la cara tapada con una braga hasta la altura de la nariz, le abordó y en actitud hostil le compelió a cruzarlo y a que le entregase las llaves incluidas las de repuesto.
Los acusados colocaron una pancarta en la mediana con el texto: «si nuestros hijos no pueden comer los vuestros verterán sangre, no al fin de la minería», se hicieron una foto con ella y abandonaron el lugar, dejando cortado el tráfico rodado y afectando a unos trece vehículos.
Delitos y penas
Los hechos relatados por el fiscal en el escrito de acusación recogido por leonoticias son constitutivos de un delito de desórdenes públicos y coacciones.
De estos delitos responden criminalmente los acusados en concepto de coautores para los que pide una pena de tres años por los desórdenes y nueve meses de prisión por cada delito de coacciones para los tres identificados en el primer corte y otros tres años y nueve meses de prisión por cada delito de coacciones para los autores identificados en el segundo corte.