El corredor vasco del hidrógeno: lavado verde del capitalismo fósil – El Salto – Hordago

Desde las élites económicas y políticas vascas, el Corredor Vasco del Hidrógeno (BH2C) se ha presentado como una nueva solución verde para la anquilosada economía del territorio o, de manera más kafkiana, como una transición desde las lógicas del capitalismo fósil hacia algo más sostenible en términos ambientales. Buena parte del panorama mediático vasco ha aceptado esta realidad y se ha sumado a la campaña de propaganda iniciada por los gigantes del petróleo y el gas. Esta técnica de relaciones públicas está orientada a que la ciudadanía asimile que la mejor forma de combatir el cambio climático es inflar de recursos públicos a las compañías que lo han provocado. Pero, al igual que el famoso congreso de Naukas, este ejercicio de greenwashing tiene las patas bastante cortas.

Los estudios científicos, desde los provenientes de la academia crítica hasta aquellos de las organizaciones sociales con una agenda no orientada al lucro, insisten en que el hidrógeno solo servirá para revivir las infraestructuras energéticas que nos han llevado a esta crisis ambiental. Sería, en los términos de Isidro López y Ruben Martínez, una solución capitalista a los problemas climáticos creados por la actividad de las grandes corporaciones, quienes además diseñan estos mismos planes públicos. Una pérdida de tiempo, además, a la hora de imgaginar sociedades post-fósiles o economías no extractivas. Pero la presión de la industria, así como una antíquisima subjetividad neoliberal y caciquista, ha hecho sucumbir a los gestores del PNV, quienes se han afanado en introducir dichos proyectos en sus planes estratégicos para captar dinero procedente de los fondos Next Generation.

Existe una enorme campaña de propaganda orientada a que la ciudadanía asimile que la mejor forma de combatir el cambio climático es inflar de recursos públicos a las compañías que lo han provocado.

Un ejército de consultoras, a sueldo tanto del Gobierno Vasco como de los empresarios fósiles, ha impuesto la siguiente idea en la agenda política vasca: el sector público debe asumir el riesgo de las empresas privadas en su transición hacia nuevos modelos de negocio y crecimiento económico. Y debe hacerlo sin ninguna evidencia científica disponible sobre los efectos positivos para el ecosistema vasco de esta dirección gubernamental. Es más, ni siquiera ha estimado si los nuevos modelos de empresas como la petrolífera española, filial del grupo Repsol, tenderán a una mejora en las condiciones de vida en las poblaciones o si, a cambio de un mísero puñado de empleos, seguirán pagando el coste de implantanción en su territorio con enfermedades degenerativas y respiratorias.

Una nota de prensa de, precisamente, Petronor basta como documento científico para que el PNV active todos los mecanismos a su disposición para atraer ingentes cantidades de subvenciones, las cuales deberán pagarse en un futuro no muy lejano. “El BH2C tiene su origen en la decisión estratégica de Repsol de invertir en proyectos que fomenten una economía productiva verde en Euskadi” y trata de “avanzar en la descarbonización de sectores como energía, movilidad, industria y servicios”. Con palabras similares, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, se postró diciendo que “el hidrógeno es un elemento imprescindible para la transición energética y la lucha contra el cambio climático, y resulta necesario adoptar un posicionamiento estratégico en ese ámbito, del que Euskadi puede y debe formar parte”.

Una nota de prensa de Petronor basta para que el PNV active todos los mecanismos a su disposición para atraer ingentes cantidades de subvenciones, las cuales deberán pagarse en un futuro no muy lejano

El peligro, indican los estudios, es que el dinero del sector público, en lugar de sostener un cambio en el modelo productivo orientado a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, sirva para financiar el vector energético necesario para mantener las relaciones de producción y consumo contaminantes. Y, con ello, integrar a Euskadi en la estrategia europea de aumentar las importancias de gas natural licuado a Estados Unidos que, a la larga y dada la crisis de la energía destada en Rusia, podría desembocar en el aumento de combustibles derivados de arenas bituminosas o fracking.

Ideología fósil

El bloque histórico que compone el Corredor Vasco del Hidrógeno cuenta con la participación de 78 organizaciones, entre ellas, ocho instituciones, 12 centros de conocimiento y asociaciones empresariales, así como la friolera de 58 firmas corporativas. De acurdo a lo planeado, este megaproyecto se desarrollará en dos fases: la primera de ellas, de hecho, ya está en marcha, y contará con una inversión de 1.300 millones de euros. El movimiento aspira a generar 20.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable, siendo dominante el que se encuentra producido gracias al gas.

De acuerdo al Plan de Inversiones Estratégicas de Euskadi (2022-2024), el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales de Bizkaia, Áraba y Gipuzkoa quieren recibir cerca de 220 millones de euros para facilitar esta orgía energética, de los que 35 millones irán destinadas al Corredor Vasco del Hidrógeno. La fábrica de baterías de estado sólido, Basquevolt, y el polígono acuícola de Basordas recibirán otros 60,8 millones.

Ahora bien, estas lógicas pragmáticas del PNV no se entienden sin la ideología fósil de su socio de Gobierno autonómico en el Estado español, a su vez sujetas a las normas de la tecnocracia europea. El Gobierno de Pedro Sánchez destinará 1.600 millones de euros —un 50% más que el presupuesto para mejorar el sistema público de salud— para impulsar el hidrógeno renovable a través de los Fondos de Recuperación y Resiliencia, que cuenta con 17.800 millones de euros disponibles para proyectos de este tipo en toda la Unión Europea. Endesa, Naturgy e Iberdrola se encuentran entre las empresas mejor colocadas para captar este dinero, habiendo propuesto proyectos por el valor de 53.000 millones de euros, que, de concretarse, supondrían más del 70% de los fondos de recuperación.

En ambos lados, la interiorización ideológica de los procesos de conservación de las relaciones sociales de producción fósiles están siendo facilitada por las big four (las consultoras Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young y KPMG), entre cuyos clientes se encuentran las mismas grandes empresas energéticas que solicitan los fondos, generando un flagrante conflicto de intereses.

El Gobierno de Pedro Sánchez destinará 1.600 millones de euros —un 50% más que el presupuesto para mejorar el sistema público de salud— para impulsar el hidrógeno renovable a través de los Fondos de Recuperación

Uno de los ejemplos más elocuentes de esta construcción de sentido de época ‘post-fósil’ es que el Gobierno de Lakua contrató en 2020 a la consultora PwC, dirigida por el expresidente del Puerto de Bilbao Asier Atutxa y cuya sede en Euskadi se ubica en la Torre Iberdrola, para adaptar su “Estrategia Vasca de Crecimiento Sostenible” a las “prioridades marcadas por Bruselas” y alinearlas con los fondos Next Generation. En efecto, las puertas giratorias no han tardado en mostrar que están bien engrasadas. En julio de 2019, el director de Hacienda de Bizkaia, Aitor Soloeta, había abandonado su cargo para fichar por PwC siguiendo la estela de Javier Urizarbarrena, exdiputado del PNV y exdirector de Hacienda de Bizkaia que también ejerce de socio director en la consultora.

En el caso español, Deloitte trabaja directamente a dos bandas para el reparto de los recursos públicos: la consultora ha sido contratada por el Ministerio de Transición Ecológica para la asistencia técnica en los tramites previos al reparto de los fondos y también por CEPSA para conseguir dichas subvenciones.

El lobby verde

Las puertas giratorias que tienen lugar en las consultoras también pueden encontrarse en el bloque de presión en favor del hidrógeno verde, los cuales todavía no han hecho público ni un solo documento con cierta carga empírica que justifique esta inversión pública. Sin mucho debate político, dos empresas han sidoelegidas por obra y gracia de la burocracia jeltzale para quedarse con el dinero en el territorio vasco por mera afinidad histórica con el partido.

De un lado, la primera agraciada de las relaciones caciquistas es Nortegas, distribuidora de gas presidida por Iñaki Alzaga, quien a su vez hace las tareas de consejero delegado de Editorial Iparraguirre, editora del Grupo Noticias, y figura en el patronato de la Fundación Agirre Lehendakaria. Entre otros cargos previos, Alzaga trabajó 12 años en PwC, consultora en cuya dirección figura el exburukide Asier Atutxa.

Otra de las agradeciadas es Repsol, petrolera en la que ejerce de número dos un expresidente del PNV que, además, fue consejero de Industria del Gobierno Vasco. Se trata del ilustre Josu Jon Imaz. Asimismo, Luis Aranberri, exdirector de EiTB y ex responsable de comunicación del PNV, es en la actualidad director de comunicación de Petronor, filial vasca de Repsol. Por su parte, Juan Diego, exdirector de Osakidetza y exdirector gerente de EiTB, acaba de pasar a dirigir Edinor, una filial de Petronor.

La alianza entre Repsol y Nortegas, segunda mayor distribuidora de gas del Estado español, se ha ido consolidando gracias al proyecto para crear “la primera red de distribución de hidrógeno de España”, un hidroducto que conectará Petronor con el Parque Tecnológico de Abanto, recientemente construido en las inmediaciones de la refinería, y que servirá para ensayar el uso de hidrógeno verde en la red de gas ciudad. Asimismo, ambos lobbies verdes, fraguados a base de puertas giratorias, han tejido una compleja red para avanzar en los intereses de la industria.

Uno de los mejores ejemplos es la Asociación del Corredor Vasco del Hidrógeno, grupo de presión para avanzar en la agenda industrial que ha sido clave en la puesta en marcha de una comisión para la negociación con las administraciones sobre los fondos europeos. También para desarrollar una normativa pública que acelere la apuesta política hacia el hidrógeno verde como tractor en la transición energética de la industria vasca. El presidente de esta organización es, además, José Ignacio Zudaire, director de relaciones institucionales de Petronor, filial vasca de Repsol.

Anteriormente, Zudaire fue director de servicios generales en la Consejería de Industria que encabezaba Josu Jon Imaz cuando actuaba como exviceconsejero de Innovación y Energía del Gobierno Vasco. Otro nombre que amerita destacar en esta estrategia de transferencia de fondos públicos a manos corporativas es Mikel Amundarain, actual viceconsejero de Industria del Gobierno Vasco, quien ha desempeñado un papel importante entre bambalinas a la hora de facilitar los intereses corporativos en el desarrollo del Corredor Vasco de Hidrógeno.

El papel de Iberdrola

Bajo la presidencia de Iñaki Alzaga, Nortegas trasladó su sede a la Torre Iberdrola de Bilbao, una de las empresas mejor posicionadas en la carrera por la nueva energía. La firma con sede en lo que se demonió el ensanche de Abandoibarra ha llegado a presentar “la Y vasca del hidrógeno verde” como un mecanismo para electrificar el transporte pesado en Euskadi. Para ello, quiere llevar a cabo una inversión superior a los 37 millones en el territorio vasco. Cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco, las tres diputaciones de la comunidad autónoma y con los puertos de Bilbao y Pasaia (Gipuzkoa). De manera paralela, la estrategia de la energética es colaborar con CAF Beasain para suministrar hidrógeno al proyecto FCH2RAIL, que trata de desarrollar y probar un tren propulsado gracias a este vector energético. Lo cierto es que ambos proyectos tienen los visos de convertirse en la versión verde de la Y vasca ferroviaria o el vehículo eléctrico Hiriko.

Sea como fuere, tras una alianza con H2 Green Steel, Iberdrola también ha anunciado que está valorando instalar en Euskadi una planta de hidrógeno, cuya inversión se estima en 2.300 millones. Ello se enmarca en los planes de Ignacio Sánchez Galán, anunciados en el Foro Económico Mundial de Davos, de invertir 3.000 millones de euros en hidrógeno verde para acelerar el Pacto Verde Europeo.

Iberdrola también ha anunciado que está valorando instalar en Euskadi una planta de hidrógeno, cuya inversión se estima en 2.300 millones

Hasta el momento, Iberdrola desarrolla 90 iniciativas en renovables y H2 verde con una inversión que alcanzará 15.000 millones de euros. Tiene alianzas con más de 150 pymes y grandes empresas de todo el país, por ejemplo, para la construcción en Puertollano (Ciudad Real) y Palos de la Frontera (Huelva) del mayor complejo de generación de hidrógeno renovable en Europa.

Va de nuevo, ¿cómo ha conseguido la energética implantar la ideología fósil? En el consejo de Iberdrola figuran, entre otros, Xabier Sagredo, extesorero del PNV, y Roberto Otxandio, exalcalde del mismo partido en Basauri. Por otro lado, Mikel Legarda, diputado jetlzale, acumula 67.731 euros en acciones de Iberdrola. Además, el expresidente del Parlamento Vasco y de la Fundación Sabino Arana, Juan Mari Atutxa, ha sido consejero de la compañía entre los años 2010 y 2016.

Aunque, ciertamente, el País Vasco es poco más que una extensión caciquista y cutre de las lógicas que ocurren en la ostenta capital de la Unión Europea. Un informe de Ecologistas en Acción, titulado Apropiarse de la recuperación a través del hidrógeno, desvelaba la existencia de varios grupos de presión para influir en las políticas legisladoras bruselenses y hacerse con fondos de ayudas públicas. Uno de los organismos creados para impulsar estudios sobre el hidrógeno, emitir comunicados y, en general, tratar de incidir en las políticas públicas citaado es la Coalición del Hidrógeno Renovable, presidido por Ignacio Sánchez Galán, CEO de Iberdrola y distinguido con el mayor galardón de Lehendakaritza, el premio Lagun Onari.

Por último, otro documento de esta organización arrjoba datos importantes sobre este importante actor en el llamado lobby del hidrógeno: Iberdrola, junto a otras empresas de gas natural, tienen un gasto anual conjunto de 58,6 millones de euros para influir en los procesos de decisión y elaboración de políticas energéticas en la ecúneme europea. Ecologistas en Acción añade en su informe que, debido a la falta de transparencia imperante en los registros comunitarios, la inversión podría ser mucho mayor.

‘Greenwashing’

“La economía del hidrógeno podría llegar a ser más perjudicial para el medio ambiente que la economía de los combustibles fósiles”, señala un modelo teórico desarrollado por científicos del Instituto Tecnológico de Massachussets y publicado en la prestigiosa revista Science en 2003. El pasado mes de abril, un informe del Gobierno británico, en colaboración con un gran consorcio de expertos, universidades y empresas, alertaba de que el hidrógeno puede ser hasta 11 veces más perjudicial para la atmósfera que el dióxido de carbono (CO2). 

Otros estudios han incidido en que la industria de los combustibles fósiles está allanando el camino para que los intereses de los industriales fósiles capturen los mercados de la energía del hidrógeno hasta que, algún día, el planeta se extinga. Así, la industria del gas natural habría posicionado el hidrógeno como fuente de energía capaz de sostener un posible sistema capitalista descarbonizado, creando incluso una suerte de utopía sostenible.

“El hidrógeno es el vector energético perfecto que permite mantener las relaciones de producción y consumo basadas en los combustibles fósiles”, escribe el académico John Szabo. “La industria del gas natural está ansiosa por dar forma a la agenda política del hidrógeno, independientemente de que las perspectivas de este combustible sean meras exageraciones corporativas. De este modo, su intención es que el capitalismo fósil prevalezca de una forma ligeramente modificada”. Para ello, en muchos casos las empresas financian toda suerte de terrenos tecnológicos, destinados en su mayoría a la investigación y desarrollo de energías como el hidrógeno en los territorios en los que se implantan.

Una vez más, no existe un futuro sostenible gracias al hidrógeno fuera de los discursos, narrativas y del lenguaje de las corporaciones. En 2021, Ecologistas en Acción y el Observatori del Deute en la Globalització también publicaron un informe con datos suficientes para concluir que las propuestas planteadas por numerosas administraciones y empresas en torno al hidrógeno distaban mucho de ser viables ambiental, económica y socialmente. Otro documento, este del Observatori del Deute en la Globalització y diversas organizaciones, alertaba del enorme riesgo de generar una burbuja del hidrógeno y de cómo las empresas están utilizando esta tecnología para un lavado verde de su actividad fósil. El colectivo Kapitalari Planto alertaba recientemente de otro problema: “el hidrógeno no es una fuente de energía, solo un vector, muy poco eficiente pro su fugacidad. Además, la tecnología necesaria está muy lejos de estar preparada para el transporte, almacenamiento o captura de carbono.”

Asimismo, varias organizaciones han alertado sobre el hype en torno al hidrógeno y aportado pruebas de que la industria fósil y los Estados miembros de la Unión Europea han utilizado esta energía como una suerte de capitalismo del desastre. Con la excusa de la resiliencia, se trataría de resucitar polémicos megaproyectos, como el gasoducto franco-español-portugués MidCat, u otras iniciativas rechazadas por motivos climáticos.

“Aunque el hidrógeno se presenta como una panacea para el clima, la presión de la industria del gas ha garantizado que, al menos durante las próximas décadas, la tan cacareada ‘economía del hidrógeno’ en Europa se alimente de hidrógeno producido a partir de combustibles fósiles contaminantes y no de electricidad renovable”, argumentaba el Corporate Europe Observatory.

En suma, existe poco más que una estrategia para alargar la vida útil de las infraestructuras contaminantes actuales en un sector en plena desaceleración económica. Mientras el dinero fluya, que siga la fiesta.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

En 2021, la ley de cambio climático y transición energética del Gobierno español desató una batalla entre las petroleras y las eléctricas. Entonces, Josu Jon Imaz declaraba que la transición energética atendía a intereses de “lobbies más influyentes que los del petróleo y la industria química”, en alusión a las eléctricas. Y, afligido, añadía que “no gana el que tiene más tecnología sino el que tiene más capacidad de lobby para influir en la regulación”.

Para contentar a los dos bandos fósiles en disputa, el PNV tuvo que desplegar en el Congreso español un juego de equilibrios digno de trileros. Por una parte, la formación dirigida por Aitor Esteban bloqueó una iniciativa que pretendía facturar a las petroleras parte de la tasa del proyecto del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, un fondo que Imaz consideraba destinado a “pagar las fiestas de las eléctricas y sus dividendos”. Por otra parte, las presiones del PNV anularon el plan del Gobierno español para rebajar la factura de la luz, algo que afectaba directamente a Ibedrola.

Ahora bien, Repsol tampoco quería perder posiciones en la carrera por el liderazgo en la transición energética. Con esa intención, Josu Jon Imaz hizo acopio de su amplia agenda de contactos políticos en Euskadi y logró que el Gobierno Vasco colaborase de manera más directa con Repsol. En otras palabras, que iniciara la transferencia de recursos públicos para impulsar el Corredor Vasco del Hidrógeno-BH2C. Con este proyecto, apoyado por el Gobierno Vasco, Repsol y Petronor firmaron la pipa de la paz para situar a Euskadi como “polo mundial del hidrógeno”. Y el Gobierno Vaco, así como todas las Diputaciones forales, se creyeron esta retórica. El primer resultado fue que Repsol recibió el beneplácito para instalar en el Puerto de Bilbao la que será la mayor planta de hidrógeno renovable de toda Europa. El proyecto, denominado H24All, es un consorcio integrado por 15 entidades que ha presentado una solicitud de financiación dentro de la convocatoria del European Green Deal, un hecho que no preocupa mucho a los partidos verdes españoles que defienden la necesidad de esta agenda política.