Una cadena de 65 diques contendrá el arrastre de metales de la Sierra Minera al Mar Menor

«Vivir entre estas ramblas es mala cosa», comenta Josemi de Lario, vecino de Llano del Beal -no más de 1.300 habitantes-, hijo y nieto de mineros. «Cuando están secas, los sedimentos metálicos se esparcen por el aire y los respiras. Cuando llueve, baja el agua y los arrastra», describe de un mapa con más hendiduras que la palma de una mano. El espacio que agrupa las cuatro ramblas de Cartagena más afectadas por la minería, desde Las Matildas, al noroeste, hasta La Carrasquilla, al sureste, con las del Beal y Ponce en medio, es el que focaliza el plan de restauración hidrológico y forestal emprendido por el Ministerio para la Transición Ecológica, dentro del marco de actuaciones prioritarias para recuperar el Mar Menor, dotado con 484 millones de euros. Ya se han empleado más de 4 millones de los 7 destinados a la primera fase del proyecto de contención de los sedimentos contaminantes por medio de una cadena de 65 diques que reducirán la fuerza del agua en su descenso y favorecerán el depósito de sólidos en suspensión. El cauce de las ramblas se ha sembrado con piedra caliza, que inmoviliza los sólidos de arrastre.

De Lario, que ha crecido en este paisaje hostil, de tierra ennegrecida con franjas amarillentas de azufre, ya ha visto que «los diques funcionan, porque solo salta el agua y el sedimento se queda atrás». De pequeño iba a llevarle el rancho a su padre al pie de la mina y, de camino, jugaba con la tierra ponzoñosa, tirándose por las laderas con otros niños. «No sabíamos lo que podía pasar, pero ahora hay evidencias de niños con altos índices de plomo en la sangre por el colegio situado justo donde cargaban materiales. Hemos tenido que luchar para que lo encementen», afirma. Le preocupan» las balsas de estériles que nos rodean, como la balsa Jenny, un pantano de contaminantes» de más de mil metros, cuyo cierre ha terminado con el gasto dudoso de más de 5 millones de euros y un juzgado conminando al Gobierno regional a que lo selle de una vez por todas.

«El agua va quemando al pasar», cuenta el naturalista Santiago Valverde. Sus dos abuelos murieron de silicosis trabajando en las minas. Su padre aún vive, pero se niega a hablar sobre los días bajo tierra. «Ahora no hace falta bajar a la mina para enfermar. Basta con respirar en los días de viento», cuenta. Huele a hierro y azufre por estos lares. A Santiago ha llegado a gustarle ese dulzor tóxico del aire «porque quiero que se recuerde la desgracia para que no se repita». Después de algunas pequeñas lluvias, se ha encontrado en la orilla de Los Urrutias «cientos de berberechos y holoturias muertos, porque son los primeros que captan la toxicidad», cuenta.

En este paraje entre la ciencia ficción y el oeste americano, el viento y el agua de lluvia que resbala transportan restos de lo que la minería extrajo de las tripas de la tierra. «Entre 1820 y 1990 se produjo la gran extracción, con maquinaria, porque antes era manual y, por tanto, menos intensiva», explica Valverde. La ambición de los magnates mineros hurgó en los intestinos de la sierra para obtener «pirita, uno de los minerales más usados para obtener ácido sulfúrico. También selene y blenda para obtener plomo y plata», afirma el naturalista. Las heridas han quedado abiertas y sangrantes. «Todos nos adaptamos», opina Valverde. Se lo dice «la lechuza común, los murciélagos de cueva, las ginetas, los zorros y conejos, e incluso las orquídeas que encuentra en el Estrecho de San Ginés». Sobre todo ve esperanza de recuperación cuando baja a Lo Poyo y una bandada de flamencos vuela sobre su cabeza. Espera, por encima de cualquier cosa, que la restauración en marcha sea eficaz.

Expropiar y revegetar

El plan del Miteco destina 40 millones de euros para realizar las expropiaciones necesarias para retirar o tratar las balsas de residuos mineros, priorizando las que se encuentran en entornos urbanos o próximas a los cauces. Este año se han elaborado los proyectos y, en 2023, se prevé iniciar las obras, que incluirán la recuperación ambiental de las laderas y ramblas afectadas por la minería, con plantación de vegetación autóctona. «Al lado del instituto de La Unión, hay una instalación de medio millón de metros cuadrados y de 40 metros de alto. Una pirámide del despropósito», afirma Francisco Guil Celada, jefe de servicio de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Miteco.

La Confederación Hidrográfica del Segura plantará 65.000 unidades vegetales el próximo año y prevé dedicar otros 24 meses al seguimiento de los nuevos árboles, su riego y reposición de los que se sequen, ya que deben crecer en una tierra envenenada. «En este entorno, hay pinos, herbáceas, algo de romero, pero donde hay residuo minero, no crece nada», explica Eduardo Lafuente, jefe del Servicio de la Comisaría de Aguas de la CHS. Por eso aportará tierra vegetal, para que los árboles crezcan en un manto saludable.

Ciprés de Cartagena

Retener las partículas tóxicas a lo largo de su caída hacia el Mar Menor es el imperioso objetivo. «Estamos redactando dos proyectos más para hacer más diques y se van a expropiar zonas adyacentes a las ramblas para crear áreas de laminación, donde se produce la sedimentación y se favorece la infiltración para mayor seguridad de las zonas pobladas ante las inundaciones», explica Sebastián Delgado, jefe de Área de la Comisaría de Aguas de la CHS.

La restauración ambiental de las cuatro ramblas, la eliminación de especies invasoras para la revegetación de autóctonas, como el ciprés de Cartagena, y la creación del corredor verde entre los cuatro cauces se llevará uno de los mayores mordiscos al presupuesto, casi 116 millones de euros.

Ese corredor ecológico que se pretende reverdecer, se convertirá en «un pasillo verde para la fauna, que podrá saltar de una rambla a otra sin tener que pasar por tierras de cultivo y espacios hostiles», describe Delgado. «Es un paso muy grande. Va a ser muy caro, expropiando zonas de cultivo, aterrazando el terreno para frenar la pendiente y que el agua repose. Es muy novedoso», expone Francisco Guil, del Miteco. Asegura que, «como actuación de restauración ecológica, es la más ambiciosa que hay en marcha en Europa».

El corredor entre ramblas forma parte del cinturón verde que está previsto en la franja perimetral de 1.500 metros alrededor del Mar Menor para «buscar el efecto tapón de impactos», según define el plan de actuaciones del Miteco. Con una inversión de 52 millones, se crearán pasillos de vegetación natural entre los distintos espacios protegidos, con zonas de inundación potencial y humedales. La renaturalización de la rambla del Albujón y de las antiguas salinas de Lo Poyo está incluida en esta parte del plan, cuya ejecución llevará hasta 2025.