¿Está en Melilla nuestro medio ambiente subyugado al poder de las constructoras?
Hoy venimos a alzar la voz por los ficus drupácea de Conde de Alcaudete, unos árboles únicos en Melilla que formaban desde hace más de cuarenta años y hasta hace muy poco un pasillo continuo desde el paseo marítimo hasta Polavieja, y que han sido apeados por la política del cemento a un destino más que incierto, como antes han sido los de Severo Ochoa, Conde del Serrallo, Pizarro o el parque Lobera. Alrededor de 50 personas nos hemos personado en la calle Conde de Alcaudete para manifestar el hartazgo de la ciudadanía melillense en relación al cruel trato que la Consejería de Medioambiente ha impuesto a nuestros árboles. Sin embargo las pancartas y la concentración en sí han podida ser vistas por miles de personas que con sus vehículos pasaban por una calle tan transitada como Polavieja, quienes han podido conocer el motivo de nuestra protesta.
Las siguientes preguntas se han hecho imprescindibles a lo largo de todo el año 2022: ¿Tienen las empresas constructoras el poder de apear los árboles cuando les estorben? A la vista está que sí. ¿Está la Consejería de Medioambiente subyugada al poder de estas constructoras o es cómplice de ellas? Da igual, realmente es igual de responsable de este desatino, también responsable de la destrucción del patrimonio natural de nuestros barrios, justo cuando más se necesita su sombra y su oxígeno.
Se están amparando en un vacío legal por la falta de un reglamento medioambiental que ampare a estos árboles, un reglamento que guardan en un cajón desde hace años para poder seguir cometiendo estas tropelías. La Consejería de Medioambiente tiene que saber que los vecinos están hartos de estas barbaridades, que terminarán pasando factura a quienes las cometen. Europa y España están mandando ingentes cantidades de dinero para que Melilla tenga un medio ambiente que la proteja de las consecuencias del cambio climático, son los llamados fondos de resiliencia, y de alguna forma tienen que enterarse de que ese dinero en Melilla no está sirviendo para nada, porque nuestros políticos, lejos de hacer sus deberes, están destruyendo nuestro patrimonio natural y sepultando nuestros barrios y nuestro entorno en hormigón armado.
Por mucho que cueste un cambio de conciencia en la sociedad melillense, es un paso que tarde o temprano deberemos dar de forma conjunta, es decir tanto la administración, como las empresas de construcción, los políticos y los ciudadanos debemos dar un paso evolutivo que signifique entender que un árbol con más de 40 años debe ser respetado, y no sólo por los beneficios que nos proporciona, si no por ética, por respeto y por sensibilidad.
Esto significa en la práctica que a la hora de decidir sobre qué es lo preferible sí dejar un árbol donde ya está, o quitarlo para favorecer a las empresas constructoras en alguna de sus peticiones, la decisión igual que el sentido común, dirá siempre que la balanza se inclina por el árbol. No debe haber lugar a dudas. El árbol estaba antes, da muchos más beneficios al ser humano y por lo tanto debe ser la constructora quien se adapte a las circustancias, no al revés.
Pademás porque trasladar un árbol a otro lugar significa podarlo de forma exagerada, arrancarlo del suelo (muchas veces sacrificando su raiz madre), transportarlo y volver a plantarlo, y todo ello estresando al árbol hasta tal punto que la mayoría de las veces no consigue volver a agarrar.
Por lo que una vez más decimos que la opción de apear un árbol para ponerlo en otro lugar debe ser la última de las opciones, no la primera, como es lo normal en Melilla. Un árbol tiene un valor a día de hoy que debe hacernos reflexionar sobre la importancia de no jugar a ser dioses, pues este tipo de “juegos” ya han quedado atrás. Por desgracia hoy día la realidad impera y viene cargada de mucha crudeza para el futuro.
Por todo ello pedimos a la Consejería que aprenda a respetar los derechos de los árboles, da igual que no estén escritos en un documento o en un reglamente, son derechos inherentes al árbol y precisamente la Consejería encargada de proteger nuestro medio ámbiente debería tenerlo más que claro. Estos derechos van desde el primero hasta el último, lo que en este caso concreto significa que el derecho del árbol es justamente quedarse donde está, sin que ningún ser humano pueda impune y aleatoriamente decidir sobre él sin más rigor que el de las empresas constructoras y sus intereses monetarios.
