Alerta por alta presencia de mercurio en importante río de Santander – ELTIEMPO.COM

Aunque 2 microgramos por litro es el máximo de mercurio en el agua permitido por la normatividad colombiana, en los últimos años en las aguas del río Suratá, en Santander, se han llegado a detectar hasta 163 microgramos, una situación que prendió las alertas sobre la presencia de ese elemento tóxico en aguas que alimentan desde acueductos veredales hasta el de Bucaramanga.

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Precisamente, la primera alerta la lanzó el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), que en 2017 detectó por primera vez en 20 años un evento que superó el valor máximo de mercurio permitido; y luego, en 2022, registró otros tres; y aunque según el AMB en ningún momento se ha entregado a los ciudadanos agua que no sea apta para consumir, la preocupación por lo que está pasando aumenta.

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“Hasta el año 2021 y teniendo en cuenta 20 años atrás, solo se había presentado un evento que superó el valor máximo que puede tratar la planta de tratamiento; dicho evento registró una concentración en el río Suratá de 37 microgramos por litro. Sin embargo, en 2022, los registros presentados fueron muy superiores a los históricos, llegando a valores de 55, 100 y 163 microgramos por litro”, explicó Alejandro Estrada Carmona, gerente general del AMB.

La situación llevó a que la Procuraduría realizara en la región una mesa nacional para el control del mercurio en la que se señaló que sus niveles en el río Suratá “permanecen permanentemente por encima de los topes”, sostuvo el procurador delegado para el medioambiente, Gustavo Guerrero.

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¿Qué hay tras los reportes?

Para líderes y autoridades en la región, la explicación al fenómeno apunta en una sola dirección: la minería no regulada que se hace, particularmente, en el municipio de California.

Allí, en octubre de 2022, la ONG Pure Earth realizó un análisis sobre la presencia del metal tóxico en relaves (desechos de procesos mineros) y encontró que había “una alta presencia de mercurio inorgánico tanto en aire como en suelo, los cuales sobrepasan los valores sugeridos”.

El procurador Guerrero también mencionó que “desde hace un año se vienen identificando en monitoreos concentraciones de mercurio de hasta 160 veces los límites permitidos en la cuenca del río Suratá, que recibe las aguas en las que se vierten los residuos de las actividades mineras ilegales, especialmente de California”.

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No solo el AMB y la Procuraduría señalan esta situación, también la advierte Ramiro Vásquez, veedor de Bucaramanga, quien sostuvo que la extracción ilegal de oro con el uso de mercurio en California está afectando, primeramente, al sector rural que está cerca de la quebrada La Baja y el río Suratá, más cercanos a las zonas de explotación minera.

Pero fue enfático en advertir que aunque el área metropolitana de Bucaramanga no está afectada ahora mismo, “podría pasar eventualmente porque este fenómeno se está desbordado totalmente”.

Por todo esto, la Procuraduría abrió desde el año pasado una investigación contra la alcaldesa de California, Genny Gamboa, por presuntas omisiones que habrían permitido la minería ilegal.

¿Qué responde la alcaldesa de California?

Consultada sobre lo que pasa en su municipio, Gamboa sostuvo que es un problema de décadas “en torno a la historia y vivencia de nuestra pequeña minería ancestral tradicional; y actualmente estamos viviendo las consecuencias de las políticas que han abierto el espectro a la gran industria”.

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La alcaldesa añadió que si bien es cierto que hay un problema social, están siendo “satanizados” en lugar de que las autoridades competentes tomen decisiones de fondo en materia de formalización de pequeños mineros tradicionales para que puedan ejercer su actividad “bajo todos los estándares legales y ambientales. Es urgente que el Gobierno llegue al territorio y construyamos un diálogo con los pequeños mineros que nos conduzca a soluciones de fondo”.

¿Qué hacer?

Además de buscar soluciones con los actores en las regiones, para la Procuraduría también es clave fortalecer el control del ingreso ilegal de mercurio al país, así como los controles a la minería ilegal de mayor escala, en la que se usan dragas y maquinaria pesada.

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Al respecto, el Ejército reportó que a nivel nacional, entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre del 2022 fueron capturadas 205 personas, y se decomisaron o destruyeron 285 dragas; y aunque este año apenas comenzó, hasta el 30 de enero ya iban 45 capturas, y se habían incautado o destruido, entre otros, 93 motores y 28 unidades de maquinaria amarilla.

Una medida adicional que surgió de la mesa nacional para el control del mercurio tiene que ver con establecer mecanismos para recoger, acopiar y custodiar el mercurio o sus residuos.

“Es una sustancia que permanece en el ambiente, es imprescindible que haya un mecanismo para resolverlo, si no vamos a tener siempre mercurio circulando en la economía nacional, lícita e ilícita”, concluyó el procurador Guerrero.

Colombia no lograría meta de renunciar al metal para el 2023

En 2013, Colombia firmó el Convenio de Minamata, que establecía que para 2018 se tenía que dejar de usar mercurio en actividades mineras, y para la mitad de 2023 ese metal debería estar eliminado por completo de cualquier actividad, pero todo parece indicar que esa meta no se cumplirá porque, explicaron desde la Procuraduría, aunque en la minería legal se ha dejado de usar mercurio, no sucede lo mismo con la ilegal, que está presente en gran parte del país.

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A nivel nacional, el último ‘Informe de explotación de oro de aluvión’, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur, señala que en 2021 se detectaron 98.567 hectáreas afectadas con ese tipo de explotación, y el 65 por ciento era ilícita.

Según el informe, 13 de los 32 departamentos de Colombia tenían ese año explotación de oro de aluvión (Evoa) y el 88 por ciento de la misma se centraba solo en tres: Chocó, Antioquia y Bolívar. En cuanto a Evoa en agua, en ocho de los 10 ríos monitoreados (Amazonas, Apaporis, Atabapo, Caquetá, Cotuhé, Inírida, Negro, Puré, Putumayo y Yarí) se encontraron evidencias de esa explotación.

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Sandra Rodríguez, coordinadora temática de procesamiento digital de imágenes de satélite del Simci de UNODC, explicó que el monitoreo del Evoa comenzó en 2014, cuando se reportaron cerca de 79.000 hectáreas afectadas, lo que en comparación con las 98.567 de 2021 significa un aumento del 24 por ciento, pero aclaró que en las cifras también deben leerse las áreas que han dejado de estar activas con los años, “a hoy, prácticamente 56.000 hectáreas dejaron de ser explotadas”, dijo.

Adicional a esto, la coordinadora refirió que “aproximadamente 50 por ciento de la Evoa en 2021 estaba en zonas excluibles de minería”, como lo son parques nacionales naturales, zonas de reserva forestal y otros.

En cuanto a la contaminación por mercurio, Alfonso Rodríguez, gerente técnico global de la ONG Pure Earth, indicó que en Colombia se han identificado 85 sitios críticos como contaminados con mercurio, y que este es el tercer país que más contamina con este mineral en todo el mundo.

“Adicional a esto, es el mayor emisor de mercurio per cápita en el mundo”, dijo, al destacar la importancia de que se tomen acciones legales para la formalización de mineros, pero también de establecer protocolos para la disposición final y almacenamiento controlado del mercurio para que deje de estar en circulación.

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