Salvar Doñana y los frutos rojos | Clima y Medio Ambiente | EL PAÍS

Se acercan las elecciones municipales y, ante dicho horizonte, se reavivan los rumores sobre nuevas propuestas políticas para facilitar la regularización de regadíos en el entorno de Doñana. Para los que llevamos muchos años por estas tierras resulta descorazonador constatar cómo, una y otra vez, si es que los rumores fueran ciertos, se anteponen los objetivos de corto recorrido, y, por otro lado, dudosos, al que debería ser objetivo único y compartido a largo plazo: salvar Doñana y con ella los frutos rojos de la comarca.

Empecemos por estos. En un mercado internacional altamente competitivo es ingenuo pretender colocar unos productos a los que, con mayor o menor razón, pueda acusarse de deteriorar un entorno privilegiado, reconocido en toda Europa y en el mundo, como es Doñana. Los agricultores deberían ser los primeros interesados (y me consta que algunos lo son) en suscribir un gran pacto donde la recuperación de los ecosistemas protegidos se asocie a la calidad e “inocuidad” de los productos agrícolas generados en los terrenos aledaños. Administraciones, productores, ecologistas y consumidores podrían pujar juntos para que los frutos rojos de la comarca de Doñana fueran reconocidos entre los más “ecológicos” del mercado global. Si, por el contrario, la tensión entre unos y otros persiste, esos productos siempre podrán ser tildados de responsables de amenazar al espacio natural, con alta probabilidad de que los consumidores les den la espalda.

Gobierno central y Gobierno andaluz están hablando discretamente sobre Doñana, lo que se antoja muy positivo. Pero todos los potenciales avances generados por ese diálogo podrían irse al traste ante iniciativas irresponsables, o cuando menos poco meditadas, en el marco de los comicios municipales. Los partidos políticos de uno y otro signo temen perder votos en la comarca si no apoyan rotundamente a los agricultores, entendiendo por tal la fracción de ellos que demanda la regularización de nuevas tierras y el aporte de más agua. Siento que no es el camino. Como ya ocurrió, ello generará alboroto, a más de llevar a pregonar salidas que no existen, pues están cegadas por las normativas española y europea, promoviendo con ello más frustración. Los partidos políticos juiciosos, con vocación de gobierno, deberían hacer ver, mejor conjuntamente que por separado, la realidad: hay tierras cultivadas irregularmente que deben abandonarse, las explotaciones están afectando cuantitativa y cualitativamente a los acuíferos, no hay agua superficial para todos.

A nadie se le oculta que ello planteará, o ya ha planteado, problemas de tipo social y económico. Por eso mismo, los partidos mencionados deben ofrecer simultáneamente un plan acordado de apoyo a las empresas y trabajadores afectados y sus familias. Caben muchas soluciones, desde la asignación de otras áreas de cultivo a las moratorias fiscales, las regulaciones temporales de empleo o las prejubilaciones. Todas ellas requieren inversiones, ciertamente, y todas demandan, también, que las administraciones competentes (probablemente incluyendo a la Unión Europea) vayan de la mano. En España hemos hecho cosas parecidas mucho más difíciles y a escalas mayores, como las reconversiones industriales en el último cuarto del siglo XX o el finiquito de la minería del carbón ya en este siglo. Ambas crearon enormes problemas sociales, pero a ningún grupo político se le ocurrió plantear que la manera de solucionarlos era legislar para reabrir las minas. Que no se diga en serio que algo así, de una dimensión mucho más modesta, no puede hacerse con el regadío de la comarca de Doñana, con la ventaja adicional de que la mayoría de los agricultores saldrán ganando. Solo hacen falta coraje y decisión política para unir fuerzas y lanzarse a ello.

Los viejos que hicimos la mili aprendimos en aquella época la diferencia entre tácticas y estrategia, y también que las primeras deben estar supeditadas a la última, que es el propósito anhelado, la meta final. Los ciudadanos merecemos que ganar las elecciones sea para todos los partidos políticos un objetivo táctico, en tanto que resolver los problemas comunes sea el objetivo último, estratégico. No puede ser que por intentar arañar unos votos en las elecciones municipales se lleguen a poner en peligro, una vez más, la salud de Doñana y el mercado de sus frutos rojos.

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