Residentes preocupados abarrotaron el viernes un auditorio escolar para escuchar a la activista Erin Brockovich y a varios abogados que advirtieron de los peligros a largo plazo para la salud y el medio ambiente por las sustancias químicas liberadas tras el descarrilamiento de un tren en East Palestine, Ohio.

Brooke Hofmeister, madre de dos niños pequeños, dijo que temía por su salud y que se sentía peor que antes sobre la situación después de escuchar la presentación.

“La verdad da bastante miedo”, dijo la joven de 29 años.

Ella y su marido, Cory Hofmeister, dijeron que no se sentían seguros en su ciudad natal y que no sabían si quedarse, preocupaciones similares a las planteadas por muchos de los asistentes a la sesión de dos horas. Fue patrocinada por East Palestine Justice, un grupo formado por Brockovich, abogados y expertos científicos y médicos.

Nadie resultó herido cuando 38 vagones de Norfolk Southern descarrilaron el 3 de febrero en las afueras de la ciudad. Ante el temor de una posible explosión, las autoridades evacuaron la zona y optaron por liberar y quemar el cloruro de vinilo de cinco vagones, con lo que las llamas y el humo negro volvieron a cubrir el cielo.

Más de 2.000 personas se inscribieron para asistir a la reunión del viernes, y la multitud saturó el gimnasio de la escuela. Brockovich, que se hizo famosa y fue retratada en una película por luchar contra Pacific Gas & Electric Co. por la contaminación de las aguas subterráneas en Hinkley, California, dijo a los asistentes que lucharan por el reconocimiento y confiaran en sus instintos.

“Quieren ser escuchados, pero les van a decir que es seguro, les van a decir que no se preocupen”, dijo Brockovich. “Eso es una tontería, porque se van a preocupar. Las comunidades quieren ser vistas y escuchadas”.

Los riesgos para la salud y el medio ambiente seguirán existiendo durante años, afirmó.

“No esperen que alguien les dé las respuestas. Por desgracia, no hay una solución rápida. Esto va a ser un juego largo”.

Brockovich y sus colaboradores son algunos de los equipos de asesoría jurídica que se han desplazado a la zona para hablar con los residentes sobre los posibles litigios relacionados con el descarrilamiento. Ya se han presentado varias demandas.

Las autoridades federales y estatales han afirmado en repetidas ocasiones que es seguro que los residentes evacuados regresen a la zona, y que los análisis del aire en la ciudad y en el interior de cientos de hogares no han detectado niveles preocupantes de contaminantes procedentes de los incendios y de los productos químicos quemados. El estado afirma que el sistema municipal de agua potable es seguro, y se dispone de agua embotellada mientras se realizan las pruebas en los pozos privados.

A pesar de estas garantías y de las numerosas conferencias de prensa y visitas de políticos —incluidas las de esta semana de altos funcionarios del gobierno de Biden y del expresidente Donald Trump_, muchos residentes siguen expresando una sensación de desconfianza o tienen preguntas persistentes sobre a qué han estado expuestos y cómo afectará a sus familias y sus comunidades en el futuro.

En la reunión del viernes por la noche, el abogado Mikal Watts instó a la gente a hacerse análisis de sangre y orina con prontitud, ya que los resultados podrían ayudar a establecer si han estado expuestos a sustancias peligrosas y podrían ser útiles si emprenden acciones judiciales.

“El tribunal de la opinión pública y un tribunal de justicia son diferentes”, dijo. “Necesitamos pruebas”.