¿Por qué el estado no protege el agua? – Acento

En nuestro país se ha hecho una constante el cada año tener un periodo de sequía que termina afectando el suministro de agua potable. Constante también ha sido la escasa o nula preparación del estado dominicano para manejar de una mejor manera dicha situación. A pesar de que existen leyes y organismos encargados de proteger el medio ambiente, el estado no ha logrado prepararse adecuadamente para enfrentar esta situación. Nos encontramos en el 2023, otra vez tenemos sequía, otra vez suenan las alarmas de que ya el agua no está llegando a muchos hogares, de que la agricultura está siendo afectada y que lo que nos queda es rezarle a Dios para que mande la lluvia lo antes posible. ¿Cuáles son los medios que tiene el Estado dominicano para la gestión y preservación de los recursos naturales?

Podemos iniciar con el artículo 67 de la Constitución de la República que establece la protección del medio ambiente: “Constituyen deberes del Estado prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones”. Otro recurso que tiene el Estado es la Ley General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00). En su artículo 5 establece que “es responsabilidad del Estado, de la sociedad y de cada habitante del país proteger, conservar, mejorar, restaurar y hacer un uso sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente, y eliminar los patrones de producción y consumo no sostenibles”.Más adelante, en el artículo 8, se estipula que “el criterio de prevención prevalecerá sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales”.

Ya vemos que el estado cuenta con un marco jurídico pertinente para garantizar la buena gestión, preservación y acceso a los recursos naturales, incluyendo el agua. Pero ¿y las instituciones? Está el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) , el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Por lo que si evaluamos la estructura que debe tener el estado para garantizar un determinado derecho y garantizar el cumplimiento de los deberes, vemos que están tanto las instituciones como el marco jurídico. Pero ¿y el presupuesto? En el Presupuesto General del Estado 2023, en el apartado sobre apropiaciones presupuestarias de gasto del Gobierno Central, establece que el MIMARENA tiene un monto asignado de RD$ 13,374,225,583. Esto sin tomar en cuenta los montos asignados a las demás instituciones aquí dichas.

En cuanto al presupuesto se puede argumentar que los gastos son mayores al monto o a la envergadura de la misión que deseamos cumplan nuestras instituciones destinadas a preservar los recursos naturales. Si ese fuera el caso, aún así queda en manos del Poder Ejecutivo reasignar los recursos apropiadamente para que las instituciones cumplan con sus funciones. También está el garantizar una ejecución presupuestaria eficiente que en vez de destinar recursos al clientelismo político, los destine a garantizar la sostenibilidad y el desarrollo integral de esta media isla. Si como sociedad no presionamos para que esto se logre, entonces sucederá lo que se ha venido repitiendo en la política en los últimos 50 años: el mercado aprovechará la mala gestión del estado para apropiarse de la mayor cantidad de recursos posible.

Recordemos que en el 2020 el agua empezó a cotizarse en el mercado de Wall Street y hoy el valor de dicho recurso se ha disparado debido a las sequías y a la mala gestión de los gobiernos locales. Mucho se ha dicho que el agua es el oro o el petróleo del futuro y la posible causa de muchas guerras y conflictos nacionales. Si no se ejecutan políticas públicas de carácter urgente para la gestión de este recurso, la ficción pasará a ser una realidad. El agua podría ser privatizada bajo el argumento de incentivar a la gente a hacer un mejor uso de ella, luego vendrían las consecuencias de las desigualdades donde los que puedan pagar más se quedarían con la mayor cantidad, dejando al resto con lo que sobre. Ahí entonces el arrepentimiento no valdrá de nada y tampoco las políticas públicas aquí sugeridas.Ya será muy tarde