AEDIVE radiografía el presente del coche eléctrico. Esta es la realidad de la industria y el mercado en España
AEDIVE ha presentado el Anuario de la Movilidad Eléctrica 2022-2023 en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Este documento refleja la realidad del vehículo eléctrico y otros medios de transporte de cero emisiones en España.
La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) es una agrupación que aglutina a toda la cadena de valor del vehículo eléctrico.
Y, por primera vez desde su creación en 2010, ha elaborado un anuario con el que pretende reflejar fielmente el estado actual de la movilidad eléctrica en España, así como los avances realizados hasta ahora y los retos que quedan por superar en el futuro.
Para la elaboración de este anuario, AEDIVE ha trabajado con el ecosistema industrial, tecnológico y de servicios del sector, recopilando así información precisa y de primera mano durante los últimos cinco meses.
Los puntos de recarga públicos
En primer lugar, el anuario destaca la importancia de las infraestructuras de recarga (IRVEs) públicas, de las que hasta ahora no se tenían datos oficiales. En España, el año 2022 cerró con 21.573 puntos de recarga públicos operativos, de los cuales el 65 % son de una potencia de 22 kW en adelante, y el 30 % son rápidos y de alta potencia (hasta 400 kW).
Sólo en 2022 se instalaron 8200 nuevos puntos de recarga, que representan el 38 % de las IRVEs públicas operativas en España. Además, se instalaron otras 7400 IRVEs públicas que no pudieron ponerse en marcha debido a los problemas existentes en materia de concesión de licencias y permisos por parte de las administraciones públicas y de la gestión con las compañías distribuidoras.
Asimismo, AEDIVE ha destacado el éxito de los fabricantes españoles de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos (IRVEs), quienes generaron una facturación de 300 millones de euros en el año 2022.
Se resalta que este sector es una industria floreciente, ya que el 87 % de su producción fue exportada. Eso sí, las empresas piden que las administraciones den prioridad a la industria nacional en las licitaciones públicas, ya que tienen una reputación importante en el extranjero y destinan un 25 % de sus ingresos a I+D, lo que muestra su compromiso con la innovación.
Parque móvil eléctrico
El anuario también destaca que en 2022 se matricularon más de 325.000 vehículos eléctricos de toda tipología, superando los objetivos de matriculaciones de vehículos eléctricos previstos por el gobierno para 2023, que eran de 250.000 unidades.
Además, el análisis detallado de la matriculación de vehículos eléctricos y de instalación de puntos de recarga públicos en 2022 evidencia que el porcentaje de IRVEs instaladas fue mayor (38 %) que las ventas de vehículos eléctricos (31 %).
Dicho documento, que consta de 128 páginas, también destaca la venta de 15.114 vehículos eléctricos de ocasión y Km. 0 en 2022, con una media de antigüedad de 2,78 años. Los vehículos con un año fueron los que tuvieron un mayor porcentaje de ventas, con un 27 %, mientras que los vehículos con una antigüedad de 1 a 5 años representaron el mayor volumen de ventas.
El Anuario de Movilidad Eléctrica 2022-2023 en 7 claves
- El 38 % de las IRVEs públicas operativas en España se instalaron en 2022 y podría haber sido el 54 % sin las barreras administrativas.
- En España se habían matriculado 325.675 vehículos eléctricos de toda tipología a 31 diciembre 2022 (datos desde 2009).
- La media de uso de las IRVEs públicas fue de un 4,2 % en 2022.
- En 2022 se vendieron 15.114 vehículos eléctricos VO y Km. 0 con una media de antigüedad de 3 años.
- El 31 % de los BEV+PHEV matriculados en España se compraron en 2022.
- El 8 % de los BEV+PHEV matriculados en España (coches y motos) hasta 2022 se usan en servicios de movilidad compartida.
- Los fabricantes españoles de puntos de carga facturaron 300 millones de euros en 2022 y exportaron el 87 %.
Habla el usuario de coches eléctricos
El organismo en defensa de la movilidad eléctrica también incluye la opinión de los usuarios de vehículos eléctricos en su primer anuario, siendo esta obtenida a través de una colaboración entre AEDIVE y AUVE, la asociación de usuarios de movilidad eléctrica.
De los resultados de la encuesta, se destaca que el 86 % de los encuestados tiene un punto de carga en su hogar o lugar de trabajo y el 92 % nunca ha tenido problemas con la batería de su vehículo.
Sin embargo, el 83 % de los usuarios cree que los concesionarios no están preparados para vender vehículos eléctricos, y la principal dificultad para comprarlos es el precio en comparación con la infraestructura de recarga.
Aunque el 63 % de los usuarios considera que las ayudas del Plan MOVES son adecuadas para fomentar la compra de vehículos eléctricos, el 58 % tuvo problemas con la tramitación de estas ayudas.
Además, el 85 % de los usuarios prefiere la instalación de puntos de recarga de alta potencia en itinerancia y, aunque un 37 % cree que aún hay Comunidades Autónomas donde no es fácil viajar en vehículo eléctrico, el 85 % cree que es posible viajar por toda España.
La movilidad eléctrica necesita impulso
Durante la presentación del anuario, Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE, resaltó la importancia de impulsar el sector de la movilidad eléctrica, no sólo como una alternativa sostenible, sino también como una fuente de eficiencia energética para las energías renovables y el almacenamiento energético.
Pérez de Lucia enfatizó la necesidad de promover reformas fiscales que incentiven la compra de vehículos eléctricos y alcanzar el objetivo de 5 millones de vehículos eléctricos para el año 2030.
También reconoció la labor de la Secretaría de Estado de Energía en la resolución de problemas relacionados con la instalación y operación de equipos de carga, pero instó a acelerar la eliminación de barreras para el crecimiento previsto en las ventas de vehículos eléctricos.
En cuanto a los servicios de movilidad compartida, Pérez de Lucia sugirió una homologación regulatoria a nivel de ayuntamientos y una colaboración público-privada para evitar concursos públicos incoherentes o mal diseñados que afecten la viabilidad y necesidades de las empresas que los prestan.