Sergio Barrera dice que AMLO busca control con la reforma contra sistema anticorrupción

El diputado federal de MC Sergio Barrera consideró que la propuesta de reforma para eliminar o reorganizar 18 organismos muestra que el presidente está buscando reorganizar la administración pública federal en temas importantes como transparencia, anticorrupción y grupos vulnerables mediante un falso argumento de ahorro.

“Él dice que es por austeridad, pero es por tema de control y más cuando tienen cierta independencia y autonomía. En este caso no debería de seguir el curso de desaparecer todos estos organismos. Esperamos que podamos hacer algo en la Cámara, no tenemos la mayoría, solamente cuando son cambios a la Constitución podemos frenar, como el caso del Instituto Nacional Electoral o la reforma eléctrica”.

Sin embargo, acentuó que darán batalla para visibilizar la importancia de estos organismos.

“Mi voto y el de la bancada será en contra. No estamos a favor y menos cuando tiene que ver con temas de Transparencia y Anticorrupción, como el caso del Segalmex, que es un fraude muy grande. Cuando quieren acotar con esos organismos, parece una estrategia para que no se difunda a corrupción en este Gobierno. Hemos vista que la misma Sedena está guardando información que tendría que ser pública. Entre menos información tengamos, menos vamos a poder combatir la corrupción”.

¿Cuál es la iniciativa?

El pasado 18 de enero, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso un nuevo ajuste y recortes a las estructuras de la administración pública federal, que incluye la eliminación o fusión de 18 organismos administrativos, como la Secretaría del Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), la Comisión Mexicana de ayuda a Refugiados (Comar), el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes); el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali); la Dirección General de Educación Indígena Intercultural y Bilingüe, la Secretaría del Sistema Nacional Anticorrupción, y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, entre otros.

Al respecto, más de 500 organizaciones civiles, redes y colectivos ciudadanos pidieron frenar la iniciativa.