La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que primero se analicen las impugnaciones a la Ley General de Comunicación Social, antes que el “Plan B” de la reforma electoral.

Por medio de un comunicado, la Consejería solicitó a la presidenta de la SCJN, Lucía Piña Hernández, que en orden de prelación y por seguridad jurídica, proceda a resolver primero sobre la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley de Comunicación Social el 11 de mayo de 2018, y luego se analice la validez de la reforma a dicha norma, aprobada en diciembre de 2022.

Recordó que dicha Ley fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 por las mayorías parlamentarias del PRI, PAN, lo cual fue cuestionado por la entonces minoría en la Cámara de Senadores, la CNDH y el Partido Movimiento Ciudadano, al considerar que existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones no son acordes con la Constitución federal.

Criticó que, hasta la fecha, la SCJN no ha dictado sentencia definitiva a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde su impugnación en 2018.
 

CT