La Alianza UPA-COAG ha reclamado a la Consejería de Medio Ambiente que indemnice los expedientes de reclamación de daños por ataques de lobos pendientes de pago correspondientes al año 2022 e incluso del 2021.

«Nuestra organización solicita al Gobierno regional que no retrase por más tiempo indemnizaciones que en algunos casos superan incluso los 10.000 euros, y por lo tanto pedimos que demuestre con hechos que está sensibilizado con el problema de los ataques de los lobos al ganado», manifiestan desde la organización, una vez que el Ministerio de Transición Ecológica incluyera a la especie dentro del Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial (Lespre) en otoño del año 2021.

Según la Alianza son numerosos los expedientes abiertos que aún no se han abonado, y «a pesar de las reclamaciones de los ganaderos no son pocos los expedientes que en los últimos dos años aún no se han satisfecho por parte de la Administración regional».

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Señalan que el problema no solo radica en lo que «parece ser una evidente falta de actitud de la Consejería por abonar rápidamente los daños, sino también en el colapso de determinadas unidades veterinarias, que por falta de personal, tienen ralentizados muchos de los trámites administrativos que deberían agilizarse con prontitud».

Consideran «básico» que en la situación actual que están atravesando los ganaderos, con elevadísimos costes de producción, con precios en el umbral de la rentabilidad o incluso por debajo, y con mucha incertidumbre a corto y medio plazo, «el pronto pago de los daños que los lobos infligen a las cabañas ganaderas extensivas debería ser imprescindible».