Pesquerías en manos del crimen – Semanario ZETA
Desde 2021 se hizo pública la denuncia de pescadores de la región de Puerto San Carlos que estaban siendo obligados por miembros de la delincuencia organizada a entregar sus pesquerías a lo que conocen como la “empresa” vinculada a ellos para la distribución de productos fuera del país.
Una vez que esta denuncia se hizo pública, y aunque el Gobierno del Estado de Baja California Sur negó la presencia de esos grupos criminales, más pescadores de Comondú confirmaron que lo mismo les ocurría en López Mateos, La Purísima, Ciudad Insurgentes, San Juanico y otras regiones.
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“No es algo de ahorita, desde 2020 ya estaban cobrándonos piso, y si antes no era tan violento el asunto, sí estábamos obligados a venderle el producto a la empresa. Antes un porcentaje era de a huevo vender a ellos, la maña. Como pescador legal o ilegal, si querías seguir trabajando, tenías que vender a precio bajo a ellos, y el resto ya podías hacer lo que te placiera; hoy los tiempos cambiaron”, confesó uno de los pescadores de Puerto San Carlos.
Los ataques violentos contra pescadores de la zona van desde avisos, amenazas, tableadas y golpizas hasta la muerte, algo que subió de tono y están indefensos, pues la autoridad de seguridad y justicia y el propio gobernador Víctor Manuel Castro Cosío niegan casos, reiterando que “no hay denuncias”, pese a que es un delito que se persigue por oficio.
El nuevo reporte refiere que grupos criminales se apropiaron de la distribución de la almeja chocolata.
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“Empezaron con el camarón, pero se fue a veda, la generosa, langosta, el ostión, todo el producto de alto valor, y dejaban algunas especies para que la trabajaran los pescadores locales, todo lo fuerte se lo llevaban fuera y ellos hacían su negocio, pero ya se están pasando de lanza, también acaban de agarrar la almeja chocolata, la que todos nosotros movíamos, lo poquito que podíamos sacar ya es menos. La almeja la traen ellos por obligación, todo el producto lo manejan ya”, confirmó el pescador, quien con sus familiares, distribuía almejas chocolata vivas y en escabeche. Ahora el precio subió un 50%.
“De costar unos 60 pesos la docena, la subieron a 90, a 120 y va a subir más, no está saliendo, los pescadores teníamos un margen bueno para sacar para el combustible y vivir bien, ahora es imposible. Si bien nos va, sacamos para el diésel y ellos nos siguen esperando igual al desembarco, mentiras que hicieron operativos, sólo se fueron unas semanas y regresaron más bravos. Las autoridades se las hacen y nosotros la pagamos, esa es la realidad, y ahora dicen que ya saben hasta quiénes son los que andan en eso y no hacen nada, también se llama omisión, el pueblo está muy dañado y los que dependemos de la comercialización local, porque a gran escala imposible”, lamentó.
Por su parte, Martín Inzunza Tamayo, director del Fondo para la Protección de Recursos Marinos (FONMAR) de Baja California Sur, expresó:
“Si ellos obligan a la gente que les vendan a ellos, eso no puede ser posible, porque implica una violencia, una adquisición violenta, bajo amenazas de un producto, y ahí tiene que tener varios niveles de autoridad”.
OPERA “EMPRESA”
La conocen como “empresa” y ya obtuvo el control de la comercialización de mariscos como camarón, ostión, langosta, almeja generosa y Chocolata; pero también tienen la distribución de droga, alcohol, prostitución y cigarros.
Martín Inzunza Tamayo confirmó que los pescadores llaman así a los compradores de pescados y mariscos, quienes los obligan a venderles sus productos, acaparando el mercado de cualquier especie comercial.
“Es el acaparamiento de un sólo comprador, le llaman ellos ‘la empresa’, no me consta y, el precio justo que pudieran pagarles, a lo que me dicen ellos es que está castigado el precio, realmente a ellos no les interesa si son uno o varios, pero se acaba con la comercialización si tienes un solo comprador, tiene un nombre en la economía eso, y más si es de manera violenta que le vendas a una sola persona que va a comprar”, dijo el funcionario de FONMAR.
Hasta hace unos meses sólo había quejas de pescadores en redes sociales, pero según la dependencia, la presencia de criminales controlando las pesquerías en BCS va desde Bahía Magdalena en Comondú, hasta Isla Natividad en Mulegé.
Este amplio terreno habla de la afectación económica para las familias que dependen totalmente de esta actividad ilícita.
“Particularmente, las personas más delicadas en Bahía Magdalena, que es San Carlos y López Mateos, y por todas de ahí, de esa costa hasta arriba, hasta Isla Natividad, porque son de alto valor, sea langosta, abulón, callo de hacha; todo lo que demandan, tanto almejas como la pismo, la chocolate, es un problema, porque tenemos muy poca vigilancia, hay que tener una mayor cobertura del territorio”, reconoció.
“El asunto es que si les castigan el precio, para tener una sobreganancia en Constitución, en Loreto, en La Paz y Los Cabos, la gasolina que se consume para salir a pescar, antes era mucho más rica la existencia de vida y de productos pesqueros, hoy hay muy poco y de tallas pequeñas. Distintas especies, tiburón, pulpo, almejas chocolata, callo, pepino de mar, muchas especies que tienen valor comercial, langosta, abulón, tienen una gran demanda, todas las que tienen alto valor es que hay una gran demanda”, reiteró, para puntualizar:
“La idea es que exista un solo comprador y pueda surtir la gran demanda en Los Cabos y La Paz, eso requiere investigaciones de diversos niveles”.
PESCADORES FURTIVOS Y DEPREDADORES
El flujo en los diferentes puntos de extracción de productos del mar es constante. Sólo en 2022 hubo más de 700 detenciones relacionadas con ese delito.
“Son diarias las detenciones, decomisos sí llevamos varias toneladas de producto, de todo tipo de producto”, comentó el titular de FONMAR, aclarando que de todos los operativos que realizaron, así como de las detenciones y puestas a disposición, se entregaron informes a la Fiscalía General de la República (FGR).
“La vigilancia no para, precisamente en la zona de San Carlos agarramos, pero ya no publicitamos tanto, porque hay mucha presión de violencia, puede haber más violencia”, reveló.
Cuestionado respecto a si FONMAR ha sido amenazado, Martín Inzunza Tamayo respondió:
“A trabajadores allá en San Carlos, recién entrando tuvimos que renunciar a FONMAR a una persona, pero todo lo documentamos y lo transmitimos a la Fiscalía de la República, es federal todo eso”.
El llamado es que todos los habitantes se unan con las autoridades para frenar la depredación de especies:
“Si tú eres de San Carlos, tú eres de allá, tú desde acá, tienes que cuidar tu entorno, que si la maña, que si los guateros, pues ya tenemos que unirnos todos para defender estos recursos naturales pesqueros. En Loreto ya hay una veda por dos años, ya es insostenible estarla extrayendo, de los siete puntos de extracción que había, solamente en dos hay, y todos van a ir ahí. Ya se estableció por el plan de manejo de la almeja, una veda por dos años, podemos seguir disfrutando de almeja tipo cocinadas de Loreto, va a ser de San Carlos, ahí hay mucha almeja en San Carlos, pero es otra historia. Ahorita tenemos el problema de la extracción ilegal”, reiteró Inzunza.
En cuanto al aseguramiento de producto marino, este se dona a la beneficencia pública, a instituciones que puedan brindar alimento a familias de escasos recursos, siendo el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia uno de los beneficiados.
“Estamos vigilando, detuvimos un cargamento de callo, no lo dimos a conocer por razones de seguridad, confiscamos bastantes kilos sin permiso y es un problema eso. Este tipo de producto que no tiene permiso lo donamos, se va inmediatamente, normalmente al DIF o instituciones que lo utilizan para hacer comida para la gente, el que está sujeto a un procedimiento administrativo de sanción, tiene que guardarse siete días, se congela”, aclaró el director de FONMAR.
Por último, advirtió que pescadores furtivos y aquellos que están acaparando el mercado requieren el producto a corto plazo, el problema es que algunas especies como la langosta toman muchos años para alcanzar la talla comercial o por lo menos la edad reproductiva.