La maquinaria para proteger los derechos del Mar Menor estará lista en septiembre
La recta final de este año será clave para el desarrollo de la Tutoría y las comisiones que velarán por los derechos propios que adquirió el Mar Menor cuando fue declarado un ente con personalidad jurídica. El Gobierno central tiene previsto aprobar en septiembre, en Consejo de Ministros, el reglamento que asiste a nivel jurídico y normativo los trabajos que permitirán proteger y desarrollar los derechos de la laguna salada.
Todo queda condicionado a la formación de un nuevo ejecutivo tras las elecciones generales, pero la profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia y promotora de la ley para la personalidad jurídica de la laguna, Teresa Vicente, confía en que salga adelante después del verano.
El texto del reglamento fue sometido a información pública para recibir alegaciones y, según le consta a la docente universitaria, la esencia del documento queda intacta: el Mar Menor tendrá un número de identificación fiscal (parecido al DNI) y el ecosistema estará representado legalmente por unos tutores, que a su vez estarán asistidos por un gerente que se encargará de las tareas administrativas que conlleve gestionar la protección de estos derechos.
La tutoría del Mar Menor, por el momento, correría a cargo de los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la que surgieron los derechos del ecosistema. Los tutores, junto con el gerente, permitirán agilizar los tramites necesarios y, entre sus primeros pasos, estará la formación de los tres comités (Representación, Seguimiento y Científico). «Una vez aprobado el reglamento, será cuestión de meses formar estos nuevos órganos», señala Vicente.
Los promotores propondrán a la persona que haga de administrativo, que deberá ser validado por el Gobierno central. «Deberá tener un conocimiento completo de lo que es el Mar Menor y su nueva personalidad jurídica», incide la profesora universitaria, «además deberá tener una oficina donde trabajar y salario propio».
Evitar los intereses particulares
Vicente quiere que la gestión de los derechos de la naturaleza que llegan ahora al Mar Menor «sea una labor educativa» para todos, y que sus representantes, aquellos que salgan de las administraciones, «no defiendan intereses particulares» durante las reuniones. «Tenemos que ser responsables, esto es una tarea larga. Ahora tenemos las armas legales para defender a la laguna».
La directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la UMU, que estos días asiste a varias conferencias en Noruega para mostrar el trabajo que se ha realizado en la albufera, subraya que es tarea de todos defender los derechos de protección, conservación, mantenimiento y restauración de la laguna salada.
