Los países amazónicos adoptan una nueva agenda para la Amazonía sin metas concretas sobre deforestación
Los ocho países que conforman el Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) han adoptado este martes en Brasil la Declaración de Belém, en la que han considerado una nueva agenda común de cooperación para la Amazonía. Sin embargo, los líderes han evitado metas concretas de deforestación y se han enzarzado con relación a la explotación de combustibles fósiles.
En una extensa declaración de 113 puntos, destaca el lanzamiento de la Alianza Amazónica de Lucha contra la Deforestación, la creación de mecanismos financieros para promover el desarrollo sostenible y la cooperación para combatir los crímenes ambientales.
El documento también trata medidas para la gestión del agua, la seguridad, la salud, las infraestructuras sostenibles y la promoción de los derechos humanos de los pueblos tradicionales.
La Declaración de Belém ha sido adoptada durante el IV encuentro de gobernantes de la OTCA, impulsado por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que han participado presidentes o representantes de los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.
«Estoy convencido de que la historia de la Amazonía será medida a partir de este encuentro. Que habrá un antes y un después», ha afirmado Lula durante su discurso en la sesión plenaria.
El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, no ha asistido aquejado por una otitis y ha sido representado por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Tampoco han estado presentes los líderes de Ecuador, Guillermo Lasso; Surinam, Chan Santokhi; y Guyana, Irfaan Ali, que fueron representados por miembros de sus Gobiernos.
Sin medidas claras para la deforestación
En su artículo 45, la declaración establece una «alianza amazónica de combate a la deforestación» para evitar que la selva alcance el punto de no retorno, pero deja libertad a los Estados para definir sus propias metas nacionales.
El tema de la cooperación policial para combatir los crímenes que promueven la devastación del bioma ha quedado en el punto 66, donde se acuerda la creación del Centro de Cooperación Policial Internacional en la Amazonía, con sede en Manaos, Brasil. Este centro coordinará, con las autoridades competentes de cada Estado, el intercambio de información, inteligencia y el desarrollo de investigaciones, alertas y actividades de capacitación para fortalecer la cooperación regional y apoyar la erradicación de actividades ilícitas, incluidos los delitos ambientales.
La deforestación contribuye al calentamiento global
Sin embargo, los ocho países amazónicos no han conseguido establecer una meta conjunta para acabar con la deforestación, uno de los grandes males que asolan al mayor bosque tropical del planeta. En su lugar, han creado una «alianza amazónica de combate» a la tala ilegal de árboles, pero han dejado libertad a los Estados para definir sus propias metas nacionales. Brasil y Colombia ya se han comprometido a acabar la deforestación amazónica hasta 2030.
En 2022 la deforestación en toda la Amazonía alcanzó los casi 20.000 kilómetros cuadrados, un 21% más frente a 2021, la cifra más alta desde 2004, según datos del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina, con Brasil, Bolivia y Perú al frente de la estadística.
Petición urgente de financiación
Entre los puntos acordados, la cumbre ha urgido a las naciones más desarrolladas a cumplir con su compromiso de financiar el cuidado de la selva, adoptado en diversos foros globales y que se traduciría en el pago de 100.000 millones de dólares (unos 91.300 millones de euros al cambio de hoy) anuales en financiamiento climático.
En la declaración, los miembros de la OTCA también han invitado a los bancos de desarrollo de la región a formar una Coalición Verde que promueva soluciones financieras que potencien soluciones de desarrollo sostenible en la región.
Asimismo, han acordado en crear un fondo para recibir donaciones internacionales que permitan financiar proyectos de desarrollo sostenible en la mayor selva tropical del mundo.
Ese dinero, según los países amazónicos, permitirá «apoyar la necesidad de realizar progresos substanciales en las deliberaciones sobre el nuevo objetivo colectivo cuantificado de financiación para el clima».
Ese objetivo, según el documento, deberá ser alcanzado en 2024, «ante la urgente necesidad de aumentar la acción climática» y «teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de los países en desarrollo».
La explotación del petróleo a debate
Otro de los asuntos que más expectativas ha generado es la explotación de petróleo en el ecosistema, que llevan a cabo algunos países como Brasil y Ecuador y que Colombia trabajó en esta cumbre para llegar a un acuerdo concreto. Tan solo hubo una mención en el artículo 79, cuando los países se han comprometido apenas a «iniciar un diálogo sobre la sostenibilidad de sectores tales como minería e hidrocarburos en la región amazónica».
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha mencionado los hidrocarburos en la sesión plenaria entre los puntos de «disenso» entre los socios de la OTCA. En este sentido, ha criticado el «negacionismo» científico de algunos líderes progresistas que defienden la preservación del medioambiente y al mismo tiempo basan el crecimiento del país en el «capital fósil» con proyectos de «petróleo, gas y carbón».
Los comentarios de Petro han sido interpretados como una alusión a países como Brasil, que estudia un cuestionado proyecto petrolífero frente a la desembocadura del Amazonas; Ecuador, poseedora de una prolífica industria del crudo en la selva; o Surinam y Guyana, con grandes reservas.
Más tarde, el canciller brasileño, Mauro Vieira, ha asegurado que los países amazónicos no tienen «posiciones divergentes» sobre el petróleo, aunque ha aclarado que cada nación tiene su propio ritmo para alcanzar la descarbonización.
El ministro ha afirmado que Brasil, que insiste en un proyecto para explorar posibles enormes reservas frente a la desembocadura del río Amazonas, inició su proceso de transición hacia una economía descarbonizada en la década de 1970, cuando comenzó a producir etanol de caña de azúcar y que es uno de los países con la matriz energética y eléctrica más limpias del mundo.
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Igualmente, ha asegurado que no hubo ningún tipo de ruptura entre los países amazónicos sobre la necesidad de detener la deforestación de la Amazonía y de evitar el llamado momento de no retorno. «Al final llegamos a un entendimiento y en la declaración hay referencias sobre poner fin a la deforestación y sobre el asunto de los combustibles fósiles«.
Refuerzo de la seguridad
En la declaración también se recogen algunas medidas para intentar detener la expansión de las redes de narcotráfico, que han convertido la Amazonía en una ruta estratégica. Entre ellas, «la creación del Centro de Cooperación Policial Internacional en la Amazonía, con sede en Manaos» (Brasil), que se encargará de coordinar «el intercambio de información, inteligencia y el desarrollo de investigaciones contra las «actividades ilícitas».
En este contexto, la presidenta peruana, Dina Boluarte, ha defendido formar una alianza «firme y clara» para frenar los delitos ambientales en la selva amazónica, en línea con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien ha apostado por una fuerza especial que combata la ilegalidad.
Petro ha ido un paso más allá y ha abogado por crear un «tribunal internacional ambiental» y una «OTAN amazónica», similar a la de los aliados del Tratado del Atlántico Norte, para combatir los ilícitos «con armas».
La cumbre finalizará este miércoles con las conversaciones que adelanten las naciones amazónicas con los países invitados, entre ellos Indonesia, República del Congo y República Democrática del Congo, poseedores de grandes superficies de selva tropical.
También estará presente San Vicente y Granadinas por ejercer actualmente la Presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), así como Francia, por la Guayana Francesa, Alemania y Noruega, contribuyentes del Fondo Amazonía, que impulsa proyectos sostenibles en la región.