La minería ilegal continúa afectando la seguridad y salud de las comunidades nativas de la Amazonía peruana. De los 55 pueblos indígenas u originarios registrados en el Ministerio de Cultura, más de la mitad, específicamente 30, es amenazada por el descontrolado avance de esta industria fuera de la ley. Entre los afectados, se encuentran los pueblos quechuas, shipibo konibo, wampis, asháninka y awajún.

Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) informa que la minería ilegal es la causa principal de la destrucción de bosques en el país, con el 1% de diferencia de la tala ilegal.  Asimismo, una investigación de la iniciativa Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú) revela que, según informes de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), la minería ilegal es el delito que acumula mayor cantidad de dinero con una ganancia de alrededor de US$8.216 millones.

Esta exorbitante suma supera al narcotráfico, que obtiene US$640 millones, y a la corrupción de funcionarios, que reporta US$1.487 millones. Este delito ambiental —indica la FCDS-Perú— también representa una de las mayores amenazas de riesgo de lavado de activos.

En comunicación con la República, el investigador de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, Martin Arana, manifestó que, ante la evidencia de la contaminación por mercurio en comunidades indígenas y no indígenas, en el 2015, el Ministerio del Ambiente impulsó la declaración de emergencia sanitaria para atender los problemas de afectación en Madre de Dios.

«Los informes científicos realizados en Madre de Dios muestran que la población que está muy lejos de la zona minera, incluso comunidades que están en el corazón mismo del Parque Nacional del Manu, tiene niveles elevadísimos de mercurio. ¿Por qué ocurre esto? En el proceso, parte del mercurio se va al agua, otra parte se va al suelo y también se evapora. Entonces, este mercurio que se pierde ingresa al ambiente», explicó.