Ecología Social. 30 pueblos indígenas afectados por minería ilegal
Resumen Latinoamericano, 6 de septiembre de 2023.
Una impactante encuesta revela que la minería ilegal es la causa principal de la destrucción de los bosques peruanos
La encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) arroja luz sobre la devastación de los bosques peruanos a manos de la minería ilegal
Este es un delito que amenaza a comunidades indígenas y acumula ganancias superiores a las del narcotráfico y la corrupción, superando a la tala ilegal por un estrecho margen del 1%.
Más de la mitad de los 55 pueblos indígenas u originarios registrados en el Ministerio de Cultura se ven en una situación crítica, amenazados por el avance descontrolado de la minería ilegal
Entre los afectados se encuentran los pueblos Quechua, Shipibo Konibo, Wampis, Ashaninka y Awajún, quienes sufren consecuencias para su seguridad y salud debido a esta actividad fuera de la ley.
La minería ilegal
Asimismo, una investigación de la FCDS-Perú revela que la minería ilegal es el delito que acumula mayor cantidad de dinero con una ganancia de alrededor de US$8.216 millones.
Esta actividad genera ganancias que superan con creces al narcotráfico, que obtiene US$640 millones, y a la corrupción de funcionarios, que reporta US$1.487 millones.
La fundación también advierte que este delito ambiental representa una de las mayores amenazas de riesgo de lavado de activos en el país.
Lucha contra la contaminación
En una entrevista exclusiva con La República, Martin Arana, investigador de la FCDS, destacó la gravedad de la situación. Señaló que la contaminación por mercurio afecta tanto a comunidades indígenas como no indígenas,
Si bien los informes muestran que la población está alejada de la zona minera, las comunidades en el corazón del Parque Nacional del Manu, tiene niveles elevadísimos de mercurio.
“(…) En el proceso, parte del mercurio se va al agua, otra parte se va al suelo y también se evapora. Entonces, este mercurio que se pierde ingresa al ambiente”, señaló Arana.
En Madre de Dios
La fundación apuntó que la minería ilegal está presente en siete distritos de la región: Tambopata, Las Piedras, Inambari y Laberinto, Manu, Huepetuhe y Madre de Dios.
En el departamento, se perdieron 18,421 hectáreas de bosque entre 2021 y 2022, lo que equivale a la provincia del Callao, reportó la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA).
Además, Artisanal Gold Council estima que la producción de oro ilegal en la región es de 63,25 toneladas, ocasionando emisiones y liberaciones de 80,1 toneladas de mercurio al medioambiente.
Minería ilegal y narcotráfico
La minería ilegal y el narcotráfico han forjado una inquietante alianza. Según Martin Arana, experto en la materia, las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas aplican sus capacidades para la extracción de oro.
En palabras de Arana, la minería ilegal de oro tiene una ventaja peculiar en comparación con el narcotráfico: existe un mercado formal donde pueden blanquear sus ganancias.
A diferencia de las drogas, el oro ilegal logra infiltrarse en el comercio legítimo. Este fenómeno lleva a las organizaciones criminales a diversificar sus inversiones hacia la industria aurífera.
“Ellos ejercen casi un control territorial de los espacios para poder operar. La OEA (Organización de Estados Americanos) ha tipificado hasta 16 modalidades de lavado de oro a nivel de Latinoamérica y cada una es una red compleja donde se cruzan varios actores”, puntualizó la OEA.
Madre de Dios es la región con el mayor incremento porcentual de superficie del cultivo de la hoja de coca, puesto que presenta un aumento del 274% entre el 2021 y el 2022.
Estas áreas se encuentran en la zona minera de la región, en los distritos de Madre de Dios, Huepetuhe e Inambari, según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).
La situación plantea un llamado urgente a las autoridades peruanas para tomar medidas efectivas en la lucha contra la minería ilegal y sus devastadoras consecuencias para el medio ambiente y las comunidades afectadas.
FUENTE: Servindi