Antioquia: un brasileño y un inspector de Policía integraban red de minería ilegal
Una red delictiva dedicada a la explotación ilícita de oro en los río Nechí y Cauca, afluentes que eran contaminados con sustancias tóxicas para la extracción del material, fue desarticulada por la Fiscalía y Dirección de Carabineros de la Policía Nacional.
Integrada por seis personas, señala el ente investigador, hacían uso de dos gigantescas dragas que recorrían los dos ríos con el apoyo de excavadoras.
“Durante determinados periodos se instalaban en inmediaciones de Nechí, Caucasia y El Bagre, donde removían indiscriminadamente la tierra y el agua en busca del metal precioso”, dijo Ricardo Romero Moreno, delegado Contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía.
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Los presuntos integrantes de la organización fueron capturados en Caucasia, Nechí y El Bagre. Entre ellos se encuentra el señalado articulador, identificado como José Manuel Rada Medina.
Este hombre sería el propietario de la maquinaria utilizada para la actividad ilícita y de una empresa cuya razón social permitía la explotación, comercialización y exportación de oro y platino.
Draga usada por la organización
Entre los capturados está el ciudadano brasilero Flavio Ferreira Da Silva, quien sería el encargado del funcionamiento y mantenimiento de las dragas; y Marlon Arley García Contreras, inspector de Policía de Nechí quien, presuntamente, devolvía la maquinaria que la Fuerza Pública le dejaba tras realizar operativos contra la minería.
Estas personas enfrentarían delitos como concierto para delinquir agravado, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, invasión de áreas de especial importancia ecológica y contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo.
Durante determinados periodos se instalaban en inmediaciones de Nechí, Caucasia y El Bagre, donde removían indiscriminadamente la tierra y el agua en busca del metal precioso
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Al inspector de Policía le fueron imputados los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre los bienes avaluados en $3.980 millones.
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Los investigados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.
MEDELLÍN