PANAMÁ (AP) — Obreros de la construcción y educadores bloquearon calles y realizaron el lunes marchas en la capital panameña y en el interior del país en reclamo de la derogación de un contrato con la minera canadiense First Quantum para explotar cobre en una zona boscosa al norte de Panamá.
Anticipando la jornada de protestas el Ministerio de Educación suspendió las clases al igual que la Universidad de Panamá. Mientras, en sectores de la periferia de la capital los manifestantes se enfrentaron con la policía que les lanzó gases lacrimógenos. En otros puntos de la ciudad trabajadores entregaron volantes e información a los transeúntes.
Las protestas en rechazo al contrato que tiene una vigencia de 20 años y opción a prórroga por igual periodo continuaron luego de que el viernes el presidente Laurentino Cortizo selló el acuerdo con Minera Panamá, filial de First Quantun, para explotar cobre al norte del país sobre la vertiente del Caribe.
El contrato ha recibido un fuerte rechazo de la población por el riesgo que supondría para el medio ambiente. Los críticos sostienen que el Estado hizo demasiadas concesiones a la minera y advierten sobre el impacto ambiental de la actividad a cielo abierto en una zona boscosa y de importancia hídrica. Ambientalistas, sindicalistas y la sociedad civil piden que se derogue el contrato y se convoque a un referendo para someter a votación la política en ese sector.
Fernando Abrego, dirigente de los docentes, dijo que “vamos a permanecer en las calles… el gobierno decidió la confrontación al aprobar de manera rápida y expedita un contrato que ellos sabían es rechazado por la población”. Los educadores realizaron marchas en la capital y en el interior y celebraban una asamblea general para decidir cuáles serán sus próximas acciones.
«El pueblo está en la calle en defensa de la soberanía… frente a un contrato que cede la autodeterminación al devastar el ambiente para robarse los recursos”, dijo por su parte el líder del Sindicato Único de la Construcción, Saúl Méndez.
El gobierno sostuvo en sus cuentas en las redes sociales que la minera hace un “enorme aporte” a la economía. El contrato representa al menos 375 millones de dólares en ingresos para el Estado en concepto de regalías, pago de impuestos e ingresos mínimos, lo que supone, según el gobierno, un aumento de más de 10 veces respecto de lo que se estaba recibiendo de la concesión minera anterior de 1997.
