Minera canadiense hace pago de 563 millones de dólares a Panamá – Voz de América
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, informó el jueves que la minera canadiense First Quantum Minerals hizo un pago de sus obligaciones establecidas en el nuevo contrato bajo la Ley 406, pero ordenó que éste se mantenga en una cuenta restringida en el Banco Nacional de Panamá.
Después del anuncio del presidente en cadena nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas comunicó que la Dirección General de Ingresos, recibió de Minera Panamá, filial de la empresa canadiense, 562.840.543,59 dólares.
Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente y los Municipios de Donoso y Omar Torrijos Herrera, en donde se encuentra la mina, recibieron 4.284.512 dólares que corresponden al pago de uso de agua, canon superficial y derechos de uso y servidumbre.
“Se trata de uno de los pagos de regalías e impuestos más grandes en la historia del sector minero mundial del cobre y convierte a Minera Panamá́ en uno de los principales contribuyentes a las finanzas públicas del país”, sostuvo First Quantum en un comunicado difundido este jueves.
Aguardan fallo de Corte Suprema de Justicia
Cortizo manifestó que está a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por las demandas de inconstitucionalidad presentadas.
“Reitero, acataré el fallo que emita la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley 406 del contrato minero”, afirmó.
A la vez, señaló que en cumplimiento de la Ley 407 de la Moratoria a la Minería Metálica, el Ministerio de Comercio e Industrias, a través de la Dirección Nacional de Recursos Minerales, procedió a tramitar la cancelación de 7 concesiones y continuará el proceso en el plazo establecido por ley con las otras concesiones pendientes.
Cortizo se refirió también a la solicitud de derogatoria de la Ley 406 presentada por algunas organizaciones y dijo que elevaron la consulta al procurador general de la administración, Rigoberto González, sobre la viabilidad jurídica de esta solicitud.
En cuanto a las protestas, el presidente panameño, dijo que no se permitirá más violencia en las calles.
“El Ministerio Público y la Fuerza Pública trabajan coordinadamente para cumplir las órdenes de aprehensión y conducción de quienes atentan contra la privación de la libertad individual, contra la personalidad jurídica del Estado, así como apología del delito, daños a la propiedad pública y privada, y cualquier otro delito relacionado con estas acciones ilegales”.
Actualmente, la Corte Suprema de Justicia ha recibido 10 demandas de inconstitucionalidad contra el contrato ley minero.
El secretario general de la Corte, Manuel José Calvo Castillo informó que el pleno de este Órgano del Estado se reunirá en sesión permanente a partir del próximo 24 de noviembre para emitir su decisión, en el menor tiempo posible.
A la vez, explicó que este jueves los magistrados se reunieron para analizar la mejor forma de atender las demandas presentadas. El funcionario reiteró el compromiso que han acogido de dar prioridad a estos recursos.
“Los magistrados acordaron que al vencerse los días 22 y 23 de noviembre, los términos de alegatos en dos de las causas en trámite, convocar para el día 24 de noviembre del año en curso a una reunión plenaria en sesión permanente hasta emitir su decisión en el menor tiempo posible”, detalló Calvo.
Las organizaciones se mantienen en la calle
Mientras tanto, las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos se mantienen en la calle, a la espera de que se revierta el contrato ley.
Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, Suntracs, reaccionó al mensaje del presidente Cortizo, asegurando que mantendrán las protestas y los cierres.
“Este país es de todos y ustedes no pueden venderlo, y por eso estamos en la calle, y nos mantendremos en ella, hasta recuperar la soberanía, la autodeterminación y la dignidad del país”, aseveró Méndez.
Esta semana, el Suntracs acusó al gobierno de Cortizo de atentar contra la libertad sindical y ciudadana, ante la decisión de la estatal Caja de Ahorros de cerrar 18 cuentas bancarias del sindicato sin dar mayores explicaciones, según la organización sindical.
Suntracs presentó una denuncia criminal contra la Caja de Ahorros, a la que acusa de “secuestrar” las cuotas que los obreros aportan al sindicato.
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