AJAM se niega a revelar información sobre minería en territorios indígenas, violando …
- Autoridades indígenas enfrentan obstáculos en su búsqueda de transparencia sobre operaciones mineras en sus territorios
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ha desatado una controversia al negar información crucial sobre autorizaciones y contratos de operación minera en territorios indígenas. Las autoridades y organizaciones que buscan conocer la magnitud de la actividad extractiva en sus territorios se han topado con un muro de silencio por parte de la AJAM.
En septiembre pasado, diversas entidades, entre ellas la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío, la Central Indígena Paikoneka de San Javier, y la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni, presentaron solicitudes de información a la AJAM. El objetivo era obtener datos sobre «autorizaciones transitorias especiales, áreas de operación minera, solicitudes de contratos administrativos mineros y licencias de prospección o reservas mineras» en jurisdicciones que se superponen a territorios indígenas.
A pesar de invocar el artículo 24 de la CPE, que garantiza el derecho a la petición y obtención de respuesta, la AJAM ha permanecido en silencio durante dos meses, ignorando las solicitudes de manera formal. En un giro inquietante, funcionarios de la AJAM han rechazado informalmente las peticiones, aludiendo a una resolución administrativa de la que no se conoce el contenido.
Se menciona una supuesta Resolución Administrativa AJAM/DJU/RES-ADM/9/2023, que según algunos funcionarios prohíbe servicios específicos, como la emisión de servicios de cartografía y certificados de registro minero. Este hecho, que afecta la transparencia en la actividad minera, ha sido denunciado como una violación a los derechos de los pueblos indígenas por Micaela Noriega, abogada del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).
La AJAM, al parecer, está operando en contra de los mandatos constitucionales y del Acuerdo de Escazú, ratificado por Bolivia en abril de 2021. Este acuerdo garantiza el acceso a la información pública y la participación de la sociedad en asuntos ambientales. A pesar de estas obligaciones, la AJAM prioriza una resolución interna, lo que representa una vulneración tanto a la Constitución como al Acuerdo de Escazú.
Miguel Vargas, director ejecutivo del CEJIS, destaca que la decisión de la AJAM afecta gravemente el derecho de las comunidades indígenas a vivir en un entorno saludable, ya que la presencia de actividades mineras impacta negativamente en sus territorios. La negativa de la AJAM contradice el artículo 5 del Acuerdo de Escazú, que insta al Estado boliviano a garantizar el derecho de la población a acceder a la información ambiental en aras de la máxima publicidad.*
En este contexto, la AJAM está ignorando no solo las obligaciones legales sino también la necesidad de transparencia en asuntos que afectan directamente a las comunidades indígenas. La violación al derecho de acceso a la información no solo es una afrenta a la legalidad, sino también a la participación ciudadana y a la preservación de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en Bolivia.