Ciudad de Panamá, Panamá.

La minera canadiense FQM, dueña en Panamá de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, advirtió este lunes que suspenderá temporalmente sus operaciones si sus actividades siguen siendo dificultadas por las protestas en su contra que se sostienen a nivel nacional desde hace un mes.

First Quantum Minerals (FQM) anunció en un comunicado «la posible suspensión temporal de sus operaciones» debido a la escasez de suministros derivada, según ella, de «los bloqueos ilegales por parte de pequeñas embarcaciones» en el puerto que da acceso a la mina.

La instalación «ha reducido sus operaciones a un tren de procesamiento de mineral y espera quedarse sin suministros para la planta de generación de energía aproximadamente a mediados de la semana», agregó.

Panamá afronta más de cuatro semanas de protestas contra el contrato firmado entre el Estado y la compañía canadiense, el cual permite a la multinacional operar por 40 años en la zona caribeña del país.

Ese contrato, aprobado el 20 de octubre por el Congreso, sustituye a un acuerdo de 1997, declarado inconstitucional por haberse firmado sin licitación ni consulta popular.

Los manifestantes aseguran que el nuevo acuerdo tiene los mismos vicios y que la mina ya causó daños al medioambiente local.

Como parte de las protestas, varias personas a bordo de pequeñas embarcaciones han tratado de bloquear el puerto construido por la compañía para recibir insumos y sacar la producción de cobre.

Este lunes, los principales accesos a la capital, Ciudad de Panamá, fueron bloqueados por miembros de sindicatos y organizaciones populares que se oponen a la minera.

Las protestas han dejado al menos tres muertos por incidentes entre personas que se oponen a los bloqueos y manifestantes, así como más de 1.150 detenidos. Según la empresa privada, se registran pérdidas por más de 1.700 millones de dólares.

El Congreso dejó en manos de la Corte Suprema de Justicia el futuro del contrato que, según el gobierno y la minera, da aportes mínimos anuales al Estado por 375 millones de dólares, diez veces más que el acuerdo inicial.

FQM sostuvo que «la contribución económica general de la mina al Estado de Panamá se estima en más de 50 millones de dólares por semana, el equivalente a alrededor del 5% del PIB».

«Este ingreso se podría ver afectado si la operación de la mina no continúa», advirtió FQM.