Ministra Maisa Rojas: “El cuidado del medioambiente es una condición del desarrollo”

La instancia es presidida por la titular del Medio Ambiente e integrada por distintos ministros y ministras. Entre los principales aspectos de la reforma de la ley se encuentra modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo que contempla eliminar el Comité de Ministros, instancia por la que han pasado polémicas iniciativas, como los proyectos mineros Dominga de Andes Iron y Los Bronces Integrado de Anglo American. También, se eliminarían las Comisiones de Evaluación Ambiental (Coeva).

La ministra Maisa Rojas conversó con El Mostrador acerca de la propuesta de reforma a la Ley 19.300 y señaló que “es importante darse cuenta de que el proyecto reforma la Ley de Bases del Medio Ambiente, una ley que tiene 30 años, así que es necesario que se modernice. Otro aspecto importante es que tanto la Presidenta Bachelet en su segundo mandato, como el Presidente Piñera en su segundo mandato, también hicieron propuestas. El Presidente Piñera incluso ingresó dos proyectos que no lograron tramitarse exitosamente en el Congreso. Eso demuestra que entonces hay un diagnóstico común de que se debe reformar el SEIA, pero también demuestra que es difícil”, indicó la secretaria de Estado.

-Se ha criticado fuertemente al Ministerio del Medio Ambiente por los plazos de autorización de los permisos ambientales, ¿qué propone este proyecto en relación con la disminución de los tiempos? 
-La propuesta que nosotros tenemos hoy en día tiene que lograr articular los problemas, algunos de ellos asociados a plazos, con una protección medioambiental que sea efectiva. Tiene entonces que conjugar estos dos aspectos. A la altura del siglo en la cual estamos, todos los sectores, todos los sectores económicos también, están conscientes de que el cuidado del medioambiente es una condición del desarrollo. Estamos en una crisis climática, en una crisis de pérdida de biodiversidad, en una crisis de contaminación que se manifiesta por todos lados y, por lo tanto, todo el mundo entiende que esto tiene que hacerse revirtiendo esa degradación medioambiental.

Entonces, entendiendo eso, igual el sistema se tiene que modernizar y ahí nuestra ley tiene buenas noticias para cumplir con esos objetivos. Con objetivos que yo creo que, más allá de hablar solamente de plazos, incluyen conceptos como certezas, predecibilidad de un sistema que otorga los permisos y de tiempos. Porque los plazos son los plazos legales, la otra cosa es el tiempo, ¿verdad?, ¿cuánto se demora algo? Hay dos aspectos en el tema del tiempo total que se demora un proyecto de inversión en poder tener todos los permisos: en uno está la Evaluación Ambiental, que es la parte de la que nosotros nos hacemos cargo y, la otra, es la parte de los permisos sectoriales, que es donde más se demora el trámite completo, y esa es una reforma que está en manos del ministro de Economía.

-¿Qué responsabilidad tiene el Ministerio del Medio Ambiente respecto a los tiempos de tramitación de los proyectos que ingresan y que quieren desarrollarse en el país? 
-Es el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que es un servicio que es parte de la institucionalidad ambiental, el que está a cargo de gestionar el SEIA, que es la parte ambiental del permiso. La parte de los permisos sectoriales, como dice su nombre, es de todos los otros sectores y no tiene nada que ver con la parte ambiental. Nosotros tenemos también espacio para mejorar y, como te decía, no solamente es tiempo, no solamente son plazos, sino que también son certezas y predecibilidad, saber, cuando uno quiere hacer algo, qué es exactamente los pasos que uno tiene que seguir, qué es la información que tengo que entregar para que la evaluación sea más expedita.

Entonces, el SEIA es un sistema que incluye un principio que es bien importante, que es el de proporcionalidad, es decir, si tú tienes, quieres hacer un proyecto que es simple, que es pequeño, va a ir por una vía que va a ser más simple y que debiera ser más rápida. Si tienes un proyecto que es mucho más grande, que tiene el potencial de generar impactos en el medio ambiente, va por una vía que es más compleja y que se demora más tiempo. Hay plazos bien definidos y esos plazos se cumplen. Entonces, eso en concreto significa que, cuando tú tienes un proyecto, tú puedes ingresar por una Declaración de Impacto Ambiental, que son los proyectos más simples, o una Evaluación de Impacto Ambiental, que son los proyectos más complejos.

-¿Se pueden acortar los plazos? ¿Hacer la tramitación más eficiente?
-Ahora, nosotros vemos que hay plazos que se pueden disminuir antes de ingresar. Después, hay una posibilidad de mejorar el tema de los plazos después de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Ahí estamos introduciendo cambios que van a disminuir como en la mitad esos plazos. Dentro del proceso de evaluación, hay poco espacio para bajar los plazos, porque lo que nos muestran los datos es que esos tiempos se alarguen mucho, porque son los titulares de los proyectos los que piden suspensiones y ahí es donde se alarga el tiempo. Entonces, la pregunta es: ¿cómo podemos evitar que los titulares de los proyectos tengan que suspender y por qué suspenden? Este proyecto intenta hacerse cargo de esas varias razones por las cuales se suspenden.

Por un lado, se suspenden porque los proyectos no vienen muy buenos, porque tienen que hacerse cargo de muchas observaciones, no tenían suficiente información, etcétera. Por otro lado, también hay un diagnóstico de que en los proyectos a veces no saben qué es lo que deben integrar. Para eso nosotros estamos, por un lado, fortaleciendo la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental, o sea, ellos van a tener como en el fondo más poder de decir a los distintos servicios ‘usted no se debe pronunciar o no debe hacer preguntas sobre estos temas, sino que tiene que limitarse a lo que realmente son sus competencias’.

-¿Qué significa la eliminación el Comité de Ministros?
-Se elimina el Comité de Ministros y también la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) regional, que también es una instancia política. El Comité de Ministros está compuesto por ministros y, por lo tanto, por autoridades políticas; y las Coeva por Seremis, que también son autoridades políticas, por lo que entonces en general hay una tendencia en este proyecto a reforzar la parte técnica del SEA, que es técnico, y disminuir la incerteza que puede dar una definición política, que no es técnica y esto produce obviamente incerteza, discrecionalidad. Entonces, se reduce eso y se eliminan estas dos instancias. Igual entendemos que las instancias políticas a veces pueden levantar temas más allá de lo estrictamente técnico que se está evaluando, que igual son importantes a considerar y por eso lo que hacemos es que durante el proceso de evaluación hay un comité técnico que sí está compuesto por los Seremis, los jefes de servicio que participan en la evaluación de un proyecto en particular, donde se pueden levantar consideraciones más políticas.

-En relación con participación ciudadana, ¿qué cambia? Los territorios se ven afectados por los proyectos que tienen que ver con medio ambiente y que muchas veces son los mismos territorios que se oponen a estos proyectos.
–Hay dos cambios en cuanto a participación ciudadana y yo creo que ambos, por un lado, fortalecen obviamente un concepto muy importante para nosotros que es la democracia ambiental. Pero también tiene como objetivo disminuir, justamente, al dar participación, disminuir la conflictividad socioambiental. Y los dos temas son participación temprana, es decir, participación que ocurra antes de ingresar a la evaluación, pero de carácter voluntaria, pero se va a arreglar ahora. Sabemos que grandes proyectos hoy en día, en general, ya realizan participación temprana, pero en el fondo cada uno lo hace según sus propios criterios, la idea ahora es reglamentarlo. Y la idea es que efectivamente hay un diagnóstico como compartido, que la participación temprana debiera ayudar a bajar la conflictividad socioambiental y, por lo tanto, también bajar el riesgo de la judicialización, que es lo que ocurre en la parte posterior, ¿verdad? En la parte de la reclamación. Así que eso también debiera tener un efecto positivo en los plazos, finalmente en los tiempos de tramitación total. Y también debiera ayudar a ingresar ya con mejores proyectos.

-¿Y qué hay de la participación?
-Que la participación es obligatoria para los Estudios de Impacto Ambiental, pero no ocurre para las Declaraciones de Impacto Ambiental y vamos a dar más espacio a que puedan ocurrir en las Declaraciones de Impacto Ambiental a solicitud. O sea, no es automático, no es que todas las declaraciones de impacto ambiental vayan a tener participación ciudadana, sino solamente cuando se solicite. Pero la solicitud va a ser un poco más simple. Y esto, nuevamente, en general nos parece importante para mejorar la democracia ambiental y bajar la conflictividad. Pero también porque está ocurriendo es que, por ejemplo, hay personas que solicitan participación, el SEA dice no porque no se cumplen con los criterios. Se hace el proceso, después se judicializa y los tribunales ambientales están diciendo que usted sí debió haber dado participación ciudadana. Entonces, retrotrae y uno perdió una cantidad nuevamente importante de tiempo. Entonces, para entender que ya los tribunales ambientales están, en el fondo, diciendo que debe haber más participación ciudadana entonces nosotros estamos en este proyecto de ley simplificando los criterios para que el SEA pueda dar esa participación cuando se solicite.

-En ese sentido, la modernización de la Ley 19.300 va a favorecer tanto al desarrollo de los proyectos, la inversión, ¿pero va a favorecer en términos de protección del medio ambiente y también protección de las personas que habitan los territorios afectados?
-Efectivamente, yo diría que es una propuesta de reforma que es equilibrada, que da más certezas a todos. Que da más certezas a los inversionistas, pero también a las comunidades, mejorando la parte técnica todo eso da más certeza y significa que va a haber una disminución importante en la judicialización y también, esperamos, ¿verdad? Y también en los tiempos totales de tramitación en la parte ambiental. Este proyecto de ley igual se enmarca dentro del pacto fiscal.

-Ustedes proponen este proyecto de ley, pero –como ya lo mencionaba anteriormente– esto se ha tratado de hacer hace tiempo, tanto en el Gobierno de Michelle Bachelet como en el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo ve que va a ser la tramitación? ¿Cuándo vamos a poder ver los resultados?
-Justamente porque nosotros teníamos claro que en esto, por un lado, había un interés general, pero que no había estado resultando, nos demoramos bastante en tener muchas conversaciones con todos los sectores, comenzamos hace más de un año ya a preparar este proyecto de ley y, primero analizamos todos los proyectos e informes anteriores que existían y conversamos con los principales gremios, con las principales ONG, también conversamos, por ejemplo, con la asociación de consultores que trabajan en la evaluación ambiental, con la academia. Tuvimos ese primer acercamiento en que dijimos ya. A ver, ¿qué es lo que nos gustaría cambiar? Después de eso, nosotros lo tradujimos como ideas matrices del proyecto, esas las volvimos a pasar por estas mismas conversaciones y hicimos diálogos participativos en las 16 regiones. Donde mostramos estas ideas matrices y donde también entonces fuimos recogiendo impresiones y comentarios. Ha tenido un proceso como de validación y discusión bien amplia y más recientemente ya con el proyecto un poco más armado, obviamente, también con parlamentarios y con todos los ministerios. Esto ingresa por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara y como tenemos interés en la tramitación como ejecutivo, nosotros también vamos a estar muy activamente participando en que esto no se quede dormido.