Prorrogan estado de emergencia en distritos de Madre de Dios por minería ilegal – Gestión
El Poder Ejecutivo extendió el estado de emergencia en cinco distritos de dos provincias del departamento de Madre de Dios, esta medida se tomó con la finalidad de luchar contra la minería ilegal que golpea esta zona del Perú.
A través del decreto supremo 131-2023-PCM, publicado esta mañana en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se precisó que esta prórroga será por 60 días y que iniciará desde el 3 de diciembre.
Los distritos que están siendo declarados a través de este decreto son: Inambari, Las Piedras y Laberinto de la provincia de Tambopata, y en los de Madre de Dios y Huepetuhe de la provincia de Manu.
La lucha contra la minería ilegal se complica porque ésta supone una vía de ingresos importantes para muchos lugareños.
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Lucha contra la minería legal
Como una medida para luchar contra la minería ilegal que afecta esta zona de la selva peruana, se tomó la decisión de declarar el 7 de abril en estado de emergencia a esta región, prorrogándose en dos oportunidades sucesivas; siendo la última a partir del 4 de octubre pasado.
Es importante mencionar que esta declaratoria de emergencia se realizó tras las recomendaciones de la Comandancia General de la Policía Nacional. Según señalaron su objetivo es “continuar realizando operaciones policiales tendientes a combatir y neutralizar la minería ilegal y sus delitos conexos (delincuencia común y crimen organizado) que perturban el orden interno”.
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Resguardo policial y de las Fuerzas Armadas
Según se conoció, la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas tendrán la responsabilidad de controlar el orden interno. El accionar de ambas instituciones está regulado por los decretos legislativos que regulan el uso de la fuerza por parte de los agentes policiales y militares.
En dicho decreto, se indica también que la Policía Nacional debe presentar un informe sobre las acciones desarrolladas durante el periodo de prórroga del estado de emergencia en el plazo de cinco días posteriores al término del mismo.