Medio Ambiente acusa al Grupo Covadonga de "mala fe" para frenar la renaturalización del Piles
El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón sostiene que el Grupo de Cultura Covadonga actúa con «mala fe» al reclamar la elaboración de un estudio de impacto ambiental del proyecto de renaturalización de los ríos Piles y Peñafrancia. Esa petición, presentada por la dirección grupista en las alegaciones al plan, alargaría, en la práctica, los plazos para poder ejecutar un proyecto que debe estar terminado sin falta a finales de 2025 para poder cobrar los 2,88 millones de euros de subvenciones europeas concedidos por el Ministerio para la Transición Ecológica para un proyecto presupuestado en 3,28 millones de euros.
El Grupo Covadonga es una de las cuatro entidades que hasta el momento han presentado alegaciones al proyecto, en el trámite de información pública que ha abierto la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, alegaciones que ya han sido contestadas por el Ayuntamiento. En una de esas alegaciones, los grupistas interpretan que las obras que se plantean son un proyecto «de defensa de cauces y márgenes» por lo que sostiene que al afectar a más de 5 kilómetros de cauce (la renaturalización afecta a unos 7 kilómetros), el proyecto debe someterse a un Estudio de Impacto Ambiental que no se ha efectuado, por lo que considera «inviable» la aprobación del proyecto por parte de la Confederación Hidrográfica. El Grupo también sostiene que la evaluación ambiental también es necesaria para cumplir la normativa estatal sobre los fondos que subvencionan la obra.
La respuesta municipal indica al respecto que «de la mera observación del proyecto, aun careciendo de cualquier conocimiento sobre obras, se advierte que la interpretación del alegante retuerce el sentido de la actuación pretendida, puesto que el proyecto no es de encauzamiento o defensa de cauces y márgenes, sino una renaturalización o rehabilitación a un estado más natural de una zona que fue encauzada a través de una actuación independiente y anterior». Por eso, el Ayuntamiento sostiene que el sentido del proyecto es el contrario al que interpreta el Grupo en su alegación, destacando que el tramo en el que se demolerán muros de encauzamiento será inferior a 5 kilómetros ya que en la mayor parte de la longitud en la que se va a actuar las medidas se limitarán a la mejora de la vegetación de ribera.
No se queda ahí la respuesta, sino que Medio Ambiente sostiene que «hay una evidente mala fe» por parte del Grupo, ya que reclama la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental en base a un anexo de la legislación que lo regula que fue derogado el pasado 13 de junio.
En cuanto a que la evaluación ambiental sea un requisito de la normativa sobre los fondos europeos, el Ayuntamiento vuelve a acusar al Grupo de «retorcer» el sentido de la normativa sobre la afección a los recursos hídricos dado que el proyecto «exigía como requisito para su financiación la mejora de las condiciones ambientales del área sobre la que se pretenda actuar».
Medio Ambiente, por su parte, entiende que el Grupo ni está legitimado para presentar alegaciones «ni defiende un interés medioambiental, que es el que se persigue con esta actuación, sino un tercero que imparte cursos a sus asociados aprovechando el uso de una instalación que ostenta en precario».
Con esa última palabra el Ayuntamiento trata de rebatir otra de las alegaciones de la entidad deportiva, que se apoya en los convenios de 2001 y 2004 con el Ayuntamiento para la construcción del anillo navegable. El Grupo considera que esos convenios obligan al consistorio a la conservación del anillo, a lo que el Ayuntamiento responde que dichos convenios no se renovaron con lo que actualmente el Grupo es «un mero usuario en precario de la instalación».
Plantea también el Grupo que el Ayuntamiento no tiene competencias sobre el tramo de río en el que está el anillo, al ser una concesión de la Confederación, a lo que Medio Ambiente responde que el TSJA ya ha dictaminado que el Grupo no está legitimado para plantear esa cuestión ante los tribunales, como hizo, y que además la Confederación no puede enjuiciar las potestades del Ayuntamiento al respecto.
La entidad sociodeportiva apela además al Plan Hidrológico en el que se considera que la recuperación del trazado original del cauce del Piles afectaría a zonas urbanas «con riesgos para las personas» y que en dicho plan no se analiza la práctica del piragüismo. El Ayuntamiento responde que el Grupo hace una interpretación contraria a la real y que no alegó en su día contra el Plan Hidrológico.
Por último, ante la alegación para considerando compatibles los azudes hinchables con la renaturalización, Medio Ambiente señala que «el mantenimiento de la instalación exigiría dragados periódicos que suponen una amenaza para la biodiversidad aguas arriba».
El gobierno local recuerda el protocolo grupista ante el contacto con el agua «insalubre»
La respuesta a las alegaciones redactada por un técnico de Medio Ambiente recuerda la «situación insalubre» por la proliferación de cianobacterias en el anillo navegable, que «condujo a la aplicación por parte de la entidad que imparte cursillos (en referencia al Grupo) de un ‘protocolo ante situaciones de contacto con el agua’», señala en la respuesta a las alegaciones de la Federación de Piragüismo, que considera que no está legitimada para alegar, al tener sus instalaciones en Trasona. Medio Ambiente sostiene que la renaturalización no limita la práctica del piragüismo en el Piles «más allá del régimen natural de caudales del río». En cuanto a la petición de la Coordinadora Ecologista de que se planten especies autóctonas, dice que se ha tenido en cuenta y respecto a que se eliminen vertidos, apunta que se hará dentro del ejercicio ordinario del Ayuntamiento, por lo tanto, fuera del proyecto. Muestra su conformidad con la alegación de Ríos con Vida, que defiende el proyecto para favorecer la recuperación de la anguila.