El Gobierno mantiene la mayoría de ayudas a hogares pese a la caída de los precios energéticos

Nuevo año, nuevo andamiaje fiscal para hacer frente a los últimos rescoldos de la crisis energética. Con amplias similitudes, sin embargo, con lo que había hasta ahora. El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles que el IVA de la electricidad quede hasta final de año en el 10% —el doble que hasta ahora pero muy lejos del 21% previo al estallido—, a pesar de que los precios ya han dejado atrás la fase aguda de la inflación. Se mantendrá, también, en esa misma cota el IVA del gas, aunque por menos tiempo: hasta primavera.

“El Gobierno ha decidido extender el grueso de las medidas adoptadas en 2022 y 2023 para mitigar el impacto de la invasión rusa en Ucrania”, ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde se ha aprobado la prórroga parcial de las medidas del llamado escudo social.

Seguirán vigentes también durante 2024 las ayudas al transporte público que han permitido a las familias capear el encarecimiento del combustible y que permanecen activas como incentivo para dejar el coche en casa. Y, como ya se conocía, los alimentos básicos (leche, pan, huevos, queso, legumbres o verduras) mantendrán el 0% de IVA, mientras que el aceite o la pasta continuarán con el 5% actual. El Gobierno también ha decidido aprobar la revalorización de las pensiones conforme al IPC: subirán un 3,8% en 2024, según ha anunciado el jefe del Ejecutivo. Se mantiene, también, la suspensión de los desahucios para “hogares vulnerables sin alternativa habitacional”, así como la prohibición de corte de suministros básicos.

El anuncio del nuevo escudo social tiene una doble lectura. Al mantener el grueso de las medidas, el Ejecutivo trata de mantener a raya la inflación justo cuando el IPC empieza a consolidar sus señales de normalización. En paralelo, el coste para el erario aleja el cumplimiento de los objetivos de déficit, como han avisado en los últimos tiempos tanto la Comisión Europea como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Aunque la recaudación, sobre todo por el lado del IRPF, sigue dando señales de resistencia, las ayudas para paliar los efectos de la crisis supusieron 22.000 millones de euros en 2022 y rondarán los 15.000 millones en 2023. Una cifra que caerá con fuerza en 2024 por los menores precios energéticos, pero que aún se antoja onerosa y que se financiará tanto “con cargo al superávit registrado en el sistema eléctrico durante 2022 —y el que pueda registrarse en 2023— como con partidas específicas recogidas en los próximos Presupuestos Generales del Estado”.

“Ante la caída paulatina que se está produciendo en los precios de la energía en el último año, hemos decidido retirar las bajadas de impuestos relacionadas. Pero lo vamos a hacer de forma gradual durante los próximos seis meses”, ha afirmado Sánchez. “Me refiero al IVA de la electricidad, al impuesto sobre la producción eléctrica y el impuesto especial de la electricidad. El IVA del gas recuperará los valores normales a partir del mes de febrero, una vez pasado el periodo invernal”.

En lo que va de año, el precio de la electricidad en el mercado mayorista —del que beben los hogares adheridos a la tarifa regulada, la más común— ronda los 90 euros por megavatio hora (MWh), frente a los casi 168 de 2022 y los 112 de 2021. El gas, entretanto, promedia algo menos de 39 euros por MWh en el mercado ibérico, lejos de los 99 de 2022 y los 47 de 2021.

Estas son las líneas básicas del decreto aprobado este miércoles por el Consejo de Ministros:

IVA. Tal y como adelantó este diario, el gravamen sobre la factura de la luz y sobre los pélets y briquetas quedará en el 10%, frente al 5% actual, hasta finales de año. La medida está encaminada a regresar progresivamente hasta el 21% anterior a la crisis energética, pero en el ínterin abrirá una brecha importante con la carga fiscal sobre el gas natural que volverá antes a su nivel precrisis (a finales de marzo, con el fin de la temporada de calefacciones). El Ejecutivo trata, así, tanto de seguir ayudando a los hogares en el pago de un insumo básico como de acelerar la electrificación, clave de bóveda de la transición energética.

Impuestos especial y de producción eléctrica. Ampliamente bonificados desde el año pasado —hasta el mínimo legal del 0,5% en el primer caso, hasta el 0% en el segundo—, ambos tributos, que recaen especialmente sobre los hombros de las empresas y no tanto de los consumidores, regresan ahora paulatinamente a los niveles precrisis: 5,11% y 7%, respectivamente.

El Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) quedará en el 2,5% durante el primer trimestre del año y en el 3,8% entre abril y junio; y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) tendrá un tipo del 3,5% hasta marzo y del 5,25% hasta finales del segundo trimestre. Después, alcanzará el 7% previo a la crisis.

Bono social. El descuento en la factura eléctrica que reciben los hogares con menos recursos se mantiene tal cual hasta mediados de 2024. Los consumidores vulnerables (hogares que ingresen entre 12.600 y 14.800 euros al año, jubilados con la pensión mínima, personas que reciben el ingreso mínimo vital y familias numerosas) tendrán derecho a una disminución del 65% en su recibo, frente al 25% que podían aplicarse hasta octubre del año pasado, cuando el Ejecutivo aprobó su mayor paquete de ayudas para paliar los efectos de la invasión rusa de Ucrania sobre los precios. En el caso de los vulnerables severos, con rentas aún menores, la reducción seguirá siendo del 80%, el doble de lo que solía ser habitual.

La medida no tiene coste para el erario, al menos en primera instancia: son el resto de consumidores y las eléctricas los que la sufragan. En el pasado, sin embargo, los tribunales han fallado varias veces en contra del Estado, obligándole a pagar a las empresas del sector por estas ayudas.

TUR y butano. Se limitará tanto la subida de la tarifa individual de último recurso del gas (conocida como TUR) como el tope de 19,55 euros en el precio de la bombona de butano, según ha anunciado el presidente del Gobierno. La modalidad para comunidades de vecinos, que ha sumado muchos menos adeptos de lo calculado en un principio, también seguirá tal cual. A diferencia de en los meses más crudos de la crisis, la brecha entre la TUR y las tarifas que ofrecen las energéticas en el mercado libre se ha cerrado en gran medida.

Transporte público. Se mantienen las ayudas actuales a las líneas interurbanas (bonificación estatal del 30%, condicionada a que las comunidades autónomas aporten un 20% adicional; gratuidad de los abonos de Renfe Media Distancia y Cercanías). Será para todos los colectivos, sin distinciones. Era una de las grandes banderas de Sumar.

Impuesto a la banca y las energéticas. Ha sido, por mucho, el mayor caballo de batalla entre las dos almas del Gobierno de coalición. El resultado de ese debate es la prórroga de un año de los gravámenes a las grandes empresas financieras y energéticas —sin cambios en el primer caso, pero sí en el segundo: se podrán deducir las inversiones en grandes proyectos industriales y en descarbonización, una reclamación de varios actores importantes del sector—. También, el compromiso de “revisar” ambos a lo largo de 2024 con el objetivo de que acaben siendo “permanentes”.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha mostrado, en cambio, su disconformidad con cómo queda el impuesto a las grandes energéticas. “No compartimos una rebaja fiscal cuando estas empresas tienen beneficios mucho mayores en España que en el resto de Europa y la gente lo está pasando mal”, ha escrito en la red social X (antes Twitter). “No estamos de acuerdo con el PSOE en que una fiscalidad justa y verde sea un problema para la inversión. Lo que necesitamos es una reforma estructural de la fiscalidad en España que sea justa y con la que quienes más ganen, paguen realmente más”.

Prórroga renovable. El Ejecutivo hace, por último, un guiño al sector eléctrico con la modificación total de los hitos administrativos que deben cumplir los proyectos de energía verde, como pedían las patronales: el plazo para obtener la autorización administrativa de construcción pasa de seis a 49 meses, y los promotores podrán aumentar el plazo para la obtención de la autorización administrativa de explotación de los cinco años actuales hasta los ocho. Por su parte, el plazo total máximo de tramitación para los parques eólicos marinos y los bombeos hidroeléctricos pasará a ser de nueve años. Eran miles de millones de euros los que estaban en el limbo y que, con esta medida, pasan a terreno seguro.

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