Inversiones mineras a la baja en Perú desde hace una década – BNamericas
Las inversiones actuales en la minería peruana representan menos de la mitad de lo que la industria movía 10 años atrás.
El destrabe de la cartera de US$53.000 millones no avanza con la rapidez requerida, y el país pierde oportunidades ligadas a la creciente demanda de cobre, dijo Luis Miguel Castilla, extitular del Ministerio de Economía y Finanzas, a un canal de televisión local.
De acuerdo con el especialista, hace 10 años se inyectaban entre US$9.500 millones y US$10.000 millones al año.
De acuerdo con el último informe del Banco Central, la inversión minera habría caído 14,1% en 2023 al cerrar en US$4.600 millones, frente a los US$5.364 millones al término de 2022.
«Resulta un poco contradictorio que, en un entorno de precios aún elevados, en el que la transición energética sigue siendo fundamental y en el que se ha ratificado la necesidad de acelerar este proceso —intensivo en metales como el cobre—, no tengamos nuevos proyectos ni un buen nivel de diligencia», dice Castilla.
Si bien el mercado espera un rebote de la inversión este año tras postergarse numerosos proyectos durante 2023, son tres los factores que condicionarán el flujo de capitales: la reducción de la tramitología, la implementación de estrategias efectivas para evitar la minería informal y voluntad política.
«Tenemos 85 millones de hectáreas poseídas por el crimen organizado. Asimismo, tenemos un Congreso de que promueve un ordenamiento territorial, pero no buscan complementar el desarrollo territorial sino la exclusión. Al crear zonas de exclusión y, por ende, favorecer actividades extractivas ilícitas, estamos condenados», dice el exfuncionario.
Según Castilla, en Perú unas 500.000 personas dependen de la minería ilegal, por lo que una eventual solución de conflictos va más allá de declarar Estado de emergencia, como en Pataz en la Región La Libertad. «Preocupa que la informalidad se empiece a contagiar hacia zonas mineras formales. Cajamarca, región vecina de La Libertad, puede sufrir consecuencias debido al vacío de poder que hay en el país, y eso es tierra fértil para bandas transnacionales criminales», añadió.
En lo que corresponde a voluntad política, existen proyectos cuyo destrabe no depende de ningún permiso ambiental, sino de consensos entre autoridades, comunidades y empresas. Tía María, proyecto cuprífero de Southern Copper en la Región Arequipa, ya cuenta con todos los certificados, pero sigue a la espera de la aprobación social y consensos. El rol del gobierno regional será clave.
«El gobernador de Arequipa tiene la posibilidad de apuntalar el proyecto. La empresa está creando las condiciones de acceso al recurso hídrico, pero falta perder el miedo a tomar decisiones. La actitud indecisa de muchas autoridades nacionales o regionales pasa la factura […] y las inversiones se postergan y/o mantienen a un nivel relativamente mediocre», concluye Castilla.