La UE debatirá destinar a los agricultores de la Unión parte de las ayudas para Ucrania
La crisis de la agricultura europea se infiltrará, de la mano de Emmanuel Macron, en la primera cumbre europea de 2024. El encuentro estaba inicialmente programado para focalizarse en los presupuestos europeos y en la ayuda a Ucrania pero el jefe de Estado francés, muy presionado por las protestas de los agricultores en su país, se afanará en hacer hueco a este tema en el orden del día. Y lo hará de un modo que afecta precisamente al auxilio europeo a Kiev. En concreto, Macron propondrá que una parte del fondo especial de 50.000 millones con el que Bruselas quiere seguir ayudando al Gobierno de Volodimir Zelenski se replantee, y se destine al sector agrícola de la UE. El Ejecutivo europeo está dispuesto a estudiar esta posibilidad, como evidencia el hecho de que ya se baraja un encuentro informal de Ursula von der Leyen y Macron antes del Consejo propiamente dicho.
Las fuentes conocedoras de esta negociación explican a elEconomista.es que Macron no está solo en este ámbito. Al contrario su propósito se encuentra respaldado por España y por otros países en los que el sector primario, en concreto sus expectativas de rentabilidad, sufre por la premura con la que la Comisión Europea, comandada por Von der Leyen, conduce su transición hacia una economía de emisiones cero.
La preocupación de Madrid es desde esta semana especialmente comprensible, una vez que los agricultores españoles han anunciado que se movilizarán, como ya han hecho sus colegas franceses, italianos, belgas e incluso alemanes.
De acuerdo con esas fuentes el replanteamiento parcial de la ayuda a Ucrania, no implica cerrar los ojos al deterioro que presenta la guerra entre Ucrania y Rusia, debido a los escasos éxitos de la contraofensiva ucraniana frente al Ejército de Vladimir Putin. De hecho, Macron es uno de los grandes defensores de la continuidad de este auxilio.
Sin embargo, ponen de manifiesto que es necesario también tomar conciencia de los efectos que está provocando la llegada masiva de productos agrícolas ucranianos al mercado comunitario.
La capacidad exportadora de este último país no solo no ha mermado; incluso se ha incrementado con la reducción de aranceles que Bruselas permitió para ciertos productos ucranianos, poco después de que Moscú iniciara su invasión hace ahora casi dos años.
En consecuencia, el desembarco en grandes cantidades de grano procedente de Ucrania en los puertos españoles provoca una llamativa anomalía. El kilo de cereales como la cebada se ha depreciado hasta niveles que lo equiparan en precio a productos agrícolas puramente residuales como la paja.
Reacios a la ampliación
En este contexto, se puede también descontar que Macron (junto a otros líderes) se mostrarán reacios a dar más pasos hacia la integración ucraniana en el bloque comunitario.
Pero todavía hay un segundo aspecto relacionado con la agricultura, ajena en este caso al llamado Mecanismo para Ucrania, que el presidente galo quiere poner sobre la mesa en la cumbre europea del jueves. París busca reafirmar su negativa a que el acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur (el bloque económico formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) sea ratificado.
El pacto se encuentra firmado desde 2020, pero desde entonces se encuentra a la espera de completar los últimos protocolos que le permitan entrar en vigor. Este último escenario se antoja ya definitivamente imposible, desde el momento en que el propio presidente francés lleva semanas dejando claro, en sus declaraciones públicas, que el actual «no es el momento idóneo» para cerrar un acuerdo de esta naturaleza.
Las fuentes consultadas en el sector agrícola aseguran, en términos menos diplomáticos, que si el tratado fuera ratificado ahora «Francia entera ardería en protestas», debido a la llegada masiva de productos procedentes de los cultivos de una parte importante de Latinoamérica.
Esa situación, sumada al actual descontento del sector primario galo hacia el presidente y el Gobierno de ese país, anticipan un escenario por completo imprevisible en cuanto a desórdenes públicos. La coyuntura no podría ser menos propicia considerando el modo en que la extrema derecha crece en las encuestas en suelo francés ante las próximas elecciones europeas, convocadas para el próximo junio, o incluso en relación a los comicios presidenciales, más alejados en el tiempo.
‘Excusas’ técnicas
Más discretamente, París se aferra a cuestiones técnicas para trazar su cordón sanitario en torno a Mercosur. Alega que el bloque latinoamericano no ofrece garantías de reciprocidad en el cumplimiento de las reglas sanitarias y medioambientales. A ello, añade la supuesta falta de garantías para evitar la deforestación, a la hora de ampliar los cultivos o la ausencia de compromisos con métodos que no contribuyan al calentamiento global y al cambio climático.
Todas estas condiciones sine quibus non ya han generado suspicacias en las contrapartes del pacto, los países de Mercosur, ya que consideran que son excusas de las economías europeas, en especial la francesa, para cambiar las reglas a mitad de partido.
Volviendo al Continente Europeo, el equipo de Emmanuel Macron quiere hacer más guiños a sus ya muy enfadados agricultores y el Ejecutivo del país vecino insiste, desde la semana pasada, en que trabaja en eliminar la polémica exigencia sobre los barbechos en la Política Agraria Común (PAC), de la que Francia es el principal beneficiario con casi 10.000 millones de euros al año. Esa obligación establece que el 4% de las tierras debe quedar temporalmente sin cultivar.
No obstante, desde las asociaciones agrarias españolas se matiza que en este avance ha sido muy importante la labor desarrollada en las instituciones por Asaja desarrollada durante meses.
El doble de restricciones en España
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su primer ministro, Gabriel Attal, actúan en todos aquellos frentes, no solo el de las instituciones europeas, que les permitan mostrar actitudes en favor de sus agricultores. En el marco de esa estrategia, España vuelve a salir mal parada, dado que París se afana en catalogar a nuestro país como el beneficiado de una supuesta «ventaja competitiva», en palabras textuales de Attal, debido a la laxitud de la normativa a la que se sujeta el sector agrario.
A su juicio, las normas son especialmente benevolentes en cuanto a los permisos para el uso de productos fitosanitarios. Estas afirmaciones son rotundamente negadas por el sector en nuestro país. Es más, sus portavoces aseguran que Francia cuenta con «más del doble que España de productos de ese tipo» autorizados para su uso en el campo del país vecino.
