“Me preocupa la estatización de la minería en el país”: Juan Camilo Nariño – El Colombiano
Un decreto, un proyecto de ley y una nueva empresa pública tienen con los pelos de punta al sector minero colombiano, representado por Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, quien a su paso la semana pasada por Medellín conversó con EL COLOMBIANO sobre las preocupaciones que está despertando el gobierno de Gustavo Petro en el sector.
El decreto 044 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que trata de la delimitación de zonas de reserva; el proyecto de Ley Minera, abanderada por el Ministerio de Minas y Energía; y la constitución de Ecominerales, empresa de la Agencia Nacional de Minería, preocupan a Nariño y, en su opinión, podrían ahuyentar la inversión privada.
¿Cuál es el problema con el Decreto 044?
“La incertidumbre a la inversión, ese es un decreto que faculta al Ministerio de Ambiente para que con resoluciones futuras pueda determinar en cualquier parte del país áreas de reserva temporal. Y el criterio para determinar esas áreas desde Bogotá es realmente amplio, subjetivo y ambiguo, hoy no hay claridad real de cómo se van a determinar esas áreas, ni cuáles son los criterios. Es un decreto que incentiva la subjetividad de las decisiones públicas. Con esos criterios amplios, el efecto directo inmediato es la suspensión de la actividad minera de cualquier tipo en exploración y producción.
Además, este es un decreto que no contempla la participación en esas decisiones de las corporaciones autónomas, como Corantioquia y Cornare, no contempla la participación de los alcaldes y los gobernadores y ni la participación efectiva de las comunidades. En una decisión que dice ser temporal, pero que va a determinar el futuro del desarrollo de una actividad minera que tiene un impacto profundo en ese territorio. Así que es un señor en Bogotá que de manera subjetiva, sin contar con las universidades, sin contar con los estudios técnicos, sin contar con las corporaciones autónomas, va a tomar una decisión que va a afectar a mucha gente.
Y lo otro que preocupa es la temporalidad. El decreto dice que esto puede ser por un plazo máximo hasta de 5 años prorrogables, entonces estamos hablando de hasta 10 años. Con todo ese tiempo sentimos que esta no es una decisión temporal, sino una decisión definitiva”.
¿Cuáles serían esas zonas?
“Es que no hay criterios. Lo más absurdo de todo esto es que entonces el Ministerio dice que en esos 10 años va a llamar a las universidades y a pedirle a las corporaciones su opinión y su contribución técnica, así como a las comunidades, a los alcaldes y a los gobernadores para determinar si en esa área que se pensó desde Bogotá realmente existe un área que se deba proteger, pero los estudios pueden decir que no. Entonces mi pregunta es, y ¿por qué no se hace al revés? Hagan los estudios, pregúntenle a las corporaciones, pregúntenle a los alcaldes y cuando determinen un área que realmente lo amerite, siguiendo el procedimiento técnico que hoy existe en el ordenamiento jurídico colombiano, y todos nos sumamos a protegerla por el resto de la vida”.
¿Eso podría afectar títulos otorgados o es solo para no otorgar en el futuro?
“El decreto, como está escrito, afecta títulos otorgados y operaciones mineras que estén sucediendo en el territorio. Con un agravante, el decreto en un artículo le exige a las corporaciones autónomas que no puede otorgar permisos mineros en esas zonas, en ninguna de sus fases, a ninguna compañía minera”.
¿Les están quitando dientes a las corporaciones autónomas?
“Este es un ministerio que tiene unas intenciones claras de no contar con la descentralización en materia ambiental, descentralización que hemos venido desarrollando desde la Constitución del 91”.
Ahora pasemos al proyecto de ley minera, ¿cómo lo ve?
“El proyecto de código de minas es un borrador que se está sometiendo a consulta previa, y que después deberá someterse al Congreso. Me preocupan muchas cosas, entre ellas que esta ley, más el Decreto 044 o el proyecto de ley de creación de la empresa estatal de minería, evidencia una concepción muy centralizada en el gobierno nacional, que será quien tome las decisiones mineras, es una visión de la minería restringida a la participación privada. No creo que eso sea adecuado en un mundo que demanda hoy minerales para la transición energética, ni es la mejor manera para atraer inversión.
La segunda preocupación es que varios temas fundamentales de cómo hacer minería van a ser reglamentados o van a ser determinados en el futuro por la autoridad minera, es decir, por el gobierno nacional, hasta en 2 años. Se va a definir en el futuro qué partes del territorio colombiano se van a dedicar exclusivamente para la minería y los procesos de formalización minera, ¿con qué criterios, con criterios ambientales, con criterios sociales, con criterios económicos, con criterios geológicos? Y eso lo va a determinar el Gobierno.
La diferencia con esta nueva norma es que nosotros estamos pasando de un país donde la actividad minera está permitida, salvo donde está restringida, a un modelo donde la actividad minera está restringida, salvo cuando esté permitida. El Gobierno está planteando a dónde quiere llegar, pero no está diciendo cómo y no es lo mismo llegar en burro que llegar en Jet”.
¿Por qué ha dicho que la visión del Gobierno es estatista?
“Le pongo un ejemplo en el Código de Minas, en el artículo 26 y 27 dice que van a haber más áreas en el país donde se van a producir y explotar minerales estratégicos que son todos, exceptuando el carbón térmico, y dice explícitamente que esas áreas van a ser otorgadas o van a producirse ahí los minerales a través de las empresas estatales o de economía mixta, o a través de convenios que hagan esas compañías con asociaciones público populares, y de manera residual cuando se compruebe la incapacidad de que esas empresas estatales, o en asocio con empresas público populares, de explotarlas, podrá contratar a terceros. Es decir, el sector privado podrá participar, pero no es algo que esté en el corazón de la ley. Entonces me preocupa mucho esta visión de que aquí la inversión privada en minería es subsidiaria, es lo que queda.
También me preocupa la prohibición al carbón térmico. Expresamente el código de minas está prohibiendo el desarrollo de un subproducto mineral muy importante para el país. Ahí hay que tener en cuenta que usted otorga un título para explorar y no sabe si va a encontrar carbón térmico, carbón metalúrgico, hullas o demás. Si usted prohíbe el otorgamiento de títulos con la intención de prohibir la producción de carbón térmico, ¿va entonces a llevarse por delante al carbón metalúrgico, y a la producción de acero en Colombia? Colombia es el tercer exportador mundial de carbón metalúrgico, ¿cómo va a atrancar el futuro desarrollo de esa industria?, que además es muy importante para la transición energética.
Entiendo que ideológicamente el Gobierno quiera traducir en los textos de la política pública sus concepciones ideológicas, invito al Gobierno a que deje la ideología y pase el pragmatismo”.
El gobierno dice que Ecominerales va a ser el Ecopetrol de la minería, ¿por qué no querer a otro Ecopetrol?
“Es que cuando uno junta todo esto encuentra una visión muy estatista de la minería y surgen preguntas como si el sector privado va a participar en igualdad de condiciones con una empresa estatal.
Me preocupa la cantidad de recursos que necesita una compañía minera, pública o privada, para invertir a riesgo en una actividad. ¿Estamos dispuestos a dejar de construir vías terciarias o las vías 4G o escuelas para coger esa plata e invertirla en exploración minera a un alto riesgo? Es que de cada 100 proyectos de exploración en el mundo, menos de uno termina convirtiéndose en una mina. Además, hay que tener en cuenta que este sector aporta al año $20 billones en impuesto de renta y regalías, eso suena etéreo y gaseoso, pero esa plata alcanzaría todos los años para hacer 10 túneles del Toyo o alcanzaría para hacer todos los años 7 veces el metro de la 80.
De otro lado, el mundo hoy está sacando regulaciones que generan certidumbre a la inversión, que atraen la inversión extranjera, que atraen el capital privado para de manera conjunta con el Estado explorar los minerales y, por supuesto, ojalá prontamente producir minerales, porque hoy todos los países, para el cumplimiento de sus políticas de transición energética, necesitan más cobre, necesitan más litio, entre otros, y los países son conscientes de eso y son conscientes que la mejor manera de hacerlo es atrayendo capital, facilitando la exploración y dando seguridad, pero en Colombia no está ocurriendo”.
Con todas esas diferencias que manifiesta, ¿cómo es esa interlocución con el Gobierno?
“Yo le tengo que decir que la interacción es honesta, transparente y permanente tanto con el ministro y la viceministra. Yo esperaría que esto fuera efectivo hacia delante en la conversación de las modificaciones que se deben hacer en estos instrumentos normativos. En este sentido, conversamos de manera honesta sobre las conveniencias y las muchas inconveniencias que esto tiene, cosa distinta ocurre con, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, con ella no existe una verdadera muestra de una participación efectiva”.