¿Qué tan cierto es que el Gobierno estatizaría al sector minero del país? – El Colombiano
Un decreto del Ministerio de Medio Ambiente que delimita temporalmente zonas de reserva, en las que se prohíbe hacer minería mientras se aclaran los determinantes ambientales de los territorios; una ley minera que el Ministerio de Minas tramitará en el Congreso, y que definirá cómo se hace minería en el país; y la constitución de una empresa minera estatal, conocida como Ecominerales, son tres factores que muestran, de acuerdo con el empresariado, que el gobierno tiene una intención de estatizar el sector.
Lo cierto es que las grandes decisiones quedarán en manos del Ejecutivo, y la participación privada se limitará a los lugares y momentos que el Gobierno establezca.
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EL COLOMBIANO presenta este cara a cara entre Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (gremio), y Álvaro Pardo, presidente de la Agencia Nacional de Minería (gobierno).
Los dos expresan sus opiniones sobre estas tres normativas que tiene tambaleando la seguridad jurídica en uno de los sectores que más inversión extranjera atrae.
Nariño dice que la incertidumbre ahuyentará la inversión privada, mientras que Pardo argumenta que el empresariado no ha entendido el alcance de las normas, que lo único que buscan es ordenar las cosas.
De hecho, el Gobierno ha sido insistente en que se están malinterpretando sus reformas, pues el ánimo no es estatizar sino planear mejor. Por ejemplo, la ministra de Ambiente Susana Muhamad aclaró que habrá una justificación técnica, jurídica y participativa con base en los criterios de las autoridades ambientales para definir las zonas de reservas.
“Esto no es un proceso arbitrario”, dijo Muhamad. “No podemos crear un ambiente de malas interpretaciones”.
En todo caso, el gremio ha puesto sus observaciones en cada una de las normas, y ha planteado el debate público en medios de comunicación y en el Congreso, ofreciendo caminos para solucionar las problemáticas históricas del sector sin que ello implique su refundación.
“Es que cuando uno junta todo esto encuentra una visión muy estatista de la minería”, advirtió el dirigente gremial.
A continuación encontrará ambas posiciones.
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1. Sobre el decreto 044, del MinAmbiente, que delimita las zonas de reservas
Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM):
“Ese es un decreto que faculta al Ministerio de Ambiente para que con resoluciones futuras pueda determinar en cualquier parte del país áreas de reserva temporal. Y el criterio para determinar esas áreas desde Bogotá es realmente amplio, subjetivo y ambiguo, hoy no hay claridad real de cómo se van a determinar esas áreas, ni cuáles son los criterios”, argumentó Nariño. Su preocupación es que se desestimula la inversión, porque el gobierno puede tomar decisiones sobre cualquier zona del país sin haber hecho los estudios técnicos, sociales ni consultado con las comunidades y las corporaciones autónomas. Dice que el decreto no respeta el derecho adquirido de los dueños de los títulos, bajo el entendido de que en el futuro podría declararse una zona de protección ambiental. “El decreto dice que esto puede ser por un plazo máximo hasta de 5 años prorrogables, entonces estamos hablando de hasta 10 años. Sentimos que esta no es una decisión temporal, sino una decisión definitiva”.
Álvaro Pardo, presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM):
De acuerdo con Pardo, lo que busca el Decreto 044 es reservar unas áreas ambientalmente importantes de forma temporal por 5 años, máximo 10 años para hacer unos estudios y determinar si ahí es compatible o no la minería. “Se tendrán en cuenta las razones ambientales, los servicios ecosistémicos. Lo que queremos es que un inversionista venga a Colombia y sepa de una vez donde sí y donde no puede hacer minería, eso es seguridad jurídica, se acaba la incertidumbre”.
Y explicó que hoy el Gobierno puede declarar esas zonas cuando quiera, y ahora lo que se está diciendo es que se delimitarán y en máximo 10 años habrá certezas. “Muchos empresarios me han dicho: ‘Hombre, muchas gracias porque ahora sí sé dónde puedo invertir’”, aunque no quiso revelar de cuáles empresarios se trataba. “El problema es que los gremios tienen su narrativa, por eso yo prefiero sentarme directamente con los empresarios en los territorios para explicarles qué es lo que quiere este gobierno”.
2. Sobre la Ley Minera que radicó el MinMinas en el Congreso de la República
Juan Camilo Nariño, de ACM:
“Esta ley evidencia una concepción muy centralizada en el gobierno nacional, que será quien tome las decisiones mineras, es una visión de la minería restringida a la participación privada. No creo que eso sea adecuado en un mundo que demanda hoy minerales para la transición energética, ni es la mejor manera para atraer inversión”, anotó el dirigente gremial.
Y agregó que varios temas fundamentales de cómo hacer minería van a ser reglamentados en el futuro por la autoridad minera, es decir, por el gobierno nacional, hasta en 2 años.
“La diferencia con esta nueva norma es que nosotros estamos pasando de un país donde la actividad minera está permitida, salvo donde está restringida, a un modelo donde la actividad minera está restringida, salvo cuando esté permitida. El Gobierno está planteando a dónde quiere llegar, pero no está diciendo cómo y no es lo mismo llegar en burro que llegar en Jet”, dijo.
Álvaro Pardo, de ANM:
Pardo explicó que la Ley Minera depende directamente del Ministerio de Minas y Energía y que el apoyo de la ANM es técnico. En ese sentido, señaló que es “importante ordenar el sector, porque la minería en Colombia no ha sido planeada, se entregaban títulos al primero que los pidiera, sin la seguridad de que en esa zona no hubiera determinantes ambientales o sociales, lo que ha ocasionado múltiples conflictos”. Y agregó que lo que se busca desde el Gobierno es “introducir al trámite minero la planeación, planear dónde se pueden entregar áreas de minería y dónde no, tener las consultas con las comunidades, porque hay que respetar el derecho a la participación ciudadana. Queremos pensar en la planeación de los territorios a partir de la protección de los ecosistemas y al rededor del agua”, y anotó que será muy importante el componente de la soberanía, pues ya no serán los privados los que decidan qué hacer con los minerales que explotan, sino que se queden en Colombia para la transición energética.
3. Sobre Ecominerales, que será la empresa minera del Estado
Juan Camilo Nariño, de ACM:
“Frente a Ecominerales, surgen preguntas como si el sector privado va a participar en igualdad de condiciones con una empresa estatal”, cuestionó Nariño, a quien le preocupa que los recursos públicos que deberían ir a construir vías y escuelas terminen en inversiones de alto riesgo como las mineras. “Es que de cada 100 proyectos de exploración en el mundo, menos de uno termina convirtiéndose en una mina. Además, hay que tener en cuenta que este sector aporta al año $20 billones en impuesto de renta y regalías, eso suena etéreo y gaseoso, pero esa plata alcanzaría todos los años para hacer 10 túneles del Toyo o alcanzaría para hacer todos los años 7 veces el metro de la 80”. Así mismo, manifestó preocupación porque la normatividad colombiana no está dando los suficientes incentivos para que llegue la inversión a un sector estratégico, pues están en juego los minerales que necesita el país, y el mundo entero para la transición, y mientras otros países allanan el camino a los privados, Colombia cierra las puertas.
Álvaro Pardo, de ANM:
“Siento que los empresarios están muy prevenidos con Ecominerales, dicen que va a sacar la inversión extranjera, que va a estatizar el sector, pero eso no es así. Ecominerales será una empresa colombiana con tres funciones: comercialización de minerales, apoyo a los mineros en procesos de formalización y exploración y explotación de minerales estratégicos”, dijo el presidente de la ANM.
Aseguró que Ecominerales competirá por los títulos así como Ecopetrol lo hace en las rondas petroleras, “en igualdad de condiciones que las demás empresas del sector”, y que en muchas oportunidades trabajarán en asocio con privados. “Las subastas tendrán criterios objetivos que Ecominerales y las demás empresas deberán cumplir”.
En cuanto a su financiación, Pardo aclaró que no se utilizarán recursos del Presupuesto General de la Nación, que inicialmente Ecominerales se creará con los bienes y maquinaria que dejó Prodeco en Cesar, que se estiman en US$74 millones. Así como con la liquidación de otros contratos mineros que están por terminar.