El coste de la defensa del medioambiente

1910. Esa es la cifra de defensores medioambientales asesinados en la última década. Los datos, extraídos del último informe de la organización Global Witness, describen la punta del iceberg de la violencia que sufren muchos de quienes defienden su tierra y el ambiente. En 2022, 177 personas fueron asesinadas, una cada dos días. Más del 90 % de los asesinatos del año pasado se registraron en América Latina (la mayoría en Colombia, Brasil, México y Honduras). Y uno de cada cinco sucedió en la región Amazónica, donde la violencia, la tortura y las amenazas son parte del día a día de muchos grupos indígenas y defensores del medioambiente.

Tal como explica Mary Menton, que tiene mucha experiencia en el contexto latinoamericano, las principales amenazas para quienes defienden el medioambiente vienen de las industrias extractivas, como la minera, la maderera o la de los combustibles fósiles, así como de conflictos por la propiedad de la tierra con la industria agropecuaria. “También hemos observado amenazas alrededor de proyectos energéticos, como las presas hidroeléctricas, e incluso de proyectos que se presentan como sostenibles, pero no lo son”, añade Menton.

Tal y como reconoce la investigadora, la violencia tiene muchas caras. A veces son amenazas que llegan directamente del dueño de una granja y otras veces una empresa contrata a terceras personas para que ejerzan presiones. “Los asesinatos son solo la parte más visible y fácil de medir. Hay algunos estudios que muestran que, por cada asesinato, hay alrededor de 10 personas que sufren violencia física y cientos, incluso miles, que conviven con todo tipo de amenazas”, recalca Menton.

Mejorar la protección de los defensores ambientales

Desde 2018, Naciones Unidas cuenta con una política específica de mejora de la protección de los defensores del medioambiente. Esta se construye sobre cuatro pilares:

• Denunciar agresiones, torturas, intimidaciones y asesinatos de defensores ambientales.
• Abogar ante los estados y otros actores, incluyendo las empresas, por una mejor protección de los derechos ambientales y de las personas.
• Apoyar la gestión responsable de los recursos naturales.
• Solicitar a gobiernos y empresas que rindan cuentas por los incidentes que hayan afectado a defensores ambientales.