Minería ilegal es el nuevo 'combustible' para la expansión de los grupos armados ilegales
El documento pone de manifiesto la necesidad de entender las otras dimensiones de la minería, particularmente la minería ancestral y la minería a pequeña escala, pues son los escenarios donde están los mayores desafíos para la protección, garantía y respeto de los derechos humanos.
“A lo largo de las últimas décadas, los grupos armados ilegales en Nariño se habían concentrado principalmente en el negocio de la coca. Llegó a ser el departamento con el mayor número de hectáreas de coca cultivada, sin embargo y tal como lo dijimos a partir de nuestra Alerta Temprana 036 del 2020, la disminución en el precio de la coca y la expansión de las disidencias de las Farc en el territorio nariñense los llevó a interesarse en el negocio de la explotación de oro”, explicó Carlos Camargo Assis.
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La Defensoría del Pueblo está construyendo el Observatorio de Derechos Humanos y Minería, y el informe servirá como primer aporte para el análisis de la minería ilegal, además de que será el punto de partida para ampliar la observación de los conflictos económicos, sociales, culturales y ambientales derivados de esa actividad a nivel territorial. Adicionalmente, este esfuerzo se complementará con el reciente fortalecimiento de las capacidades analíticas de datos de la entidad de derechos humanos.
La disputa por el territorio y su riqueza natural, y el aprovechamiento del cese al fuego
La Defensoría del Pueblo advirtió en la Alerta Temprana de Inminencia 008 del 2024 sobre la alianza entre el Eln la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc y las Autodefensas Unidas de Nariño para combatir al Estado Mayor Central (también disidente de las Farc), ya que hay interés en el dominio de la zona del Triángulo del Telembí y la subregión de la cordillera nariñense, donde sus reportes indican que hay más de 200 máquinas de explotación criminal.
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“El cese al fuego ha sido la patente de corso y el principal motor para las vulneraciones de derechos humanos de la ciudadanía en el último año y medio. Y todo porque ha generado un incremento en la extorsión, lo cual afecta a los más pobres del país. Ha habido, además, un aumento desbordado del reclutamiento de niñas y niños, situación que está exterminando a las comunidades indígenas de la región”, manifestó el Defensor del Pueblo.
Se han aprovechado de la generosidad ciega e imprudente del Gobierno, añadió Camargo Assis, “para adueñarse de los territorios, disparando el desplazamiento de las familias campesinas y sometiendo al hambre y al terror a miles de comunidades confinadas”.
Campesinos y mineros deben ser protegidos
“Mi mensaje es claro y contundente: los campesinos y los mineros artesanales y ancestrales deben ser protegidos, sus derechos tienen el mismo valor que los de cualquier otro ciudadano. Es deber del Estado hacer todo lo que esté a su alcance para protegerlos del avance de los grupos armados, que siguen atentando contra su vida e integridad”, enfatizó Carlos Camargo Assis.