La importancia del pronunciamiento del Ministerio Pública se concentra en advertir que, «el lamentable incidente pudo ser prevenido por las autoridades competentes».

(De seguro le interesa leer: Así es el lugar en La Picota a donde trasladaron a ‘Pedro Pluma’, señalado de amenazar a director de la cárcel La Modelo)

Refirió la Procuraduría que, desde mayo 2022, viene generado alertas y llamados a todas las entidades competentes para que, en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, «tomen decisiones para la formalización minera y la eliminación del uso de mercurio en este territorio, objetivos que no han tenido avances significativos por parte del Gobierno Nacional».

De acuerdo con la Procuraduria, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible «ha incumplido los acuerdos derivados de los procesos de concertación para la delimitación del Páramo de Santurbán y tampoco ha retomado la agenda de las mesas permanentes para la pequeña minería, la diversificación económica y cuidado del agua».

(Le sugerimos leer: Capos de la delincuencia gobiernan en y desde las cárceles lo que plantea un gran desafío a la seguridad del país)

Por su parte, el compromiso de la construcción de una propuesta para un pacto de habitabilidad del páramo, adquirido por el Ministerio de Minas y Energía en una mesa territorial convocada por la Procuraduría, tampoco ha tenido resultados tangibles.

Por eso, para el Ministerio Público «es imperativo convocar la IV Mesa Territorial en Santander, la cual se realizará el próximo 6 de junio, en el marco de la “Estrategia Nacional para el Control de la Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio”, para revisar los avances en formalización minera, los índices de contaminación por mercurio en el recurso hídrico y las afectaciones en el medio ambiente y en la salud de los habitantes que se benefician de los servicios ecosistémicos del río Suratá».

(Podría ser de su interés leer: Informe preliminar revela que a director de cárcel La Modelo le dispararon con pistola 9 milímetros)

Finalmente, el órgano de control, a través de la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios reiteró con urgencia la necesidad de tomar medidas para combatir la actividad ilícita, garantizando la seguridad y la integridad de las familias mineras del municipio de California, cuya vocación minera tiene más de 400 años.
​
​Redacción Justicia:
​En X: @JusticiaET