La situación humanitaria en Colombia ha seguido deteriorándose en 2024
En lo corrido del año se ha incrementado la presencia, uso y abandono de artefactos explosivos como el caso de las minas antipersonal, los restos explosivos de guerra, los artefactos lanzados y los de detonación controlada. Esta situación ha tenido efectos devastadores sobre la población civil tanto en zonas rurales como urbanas. En algunos lugares del país comunidades enteras han tenido que confinarse o desplazarse por la amenaza latente de estos artefactos. En este escenario resulta difícil establecer cuántas personas han perdido sus medios de subsistencia o el acceso a bienes y servicios esenciales por no poder transitar libremente por su territorio, o cuántos niños y niñas han dejado de ir a la escuela porque cerca de ella había un enfrentamiento armado o un artefacto explosivo.
El número de víctimas directas también revela la gravedad del fenómeno. Entre enero y mayo de este año, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) registró 194 víctimas de distintos tipos de artefactos explosivos. Esto representa un incremento del 35 % respecto al mismo periodo del año anterior.
El análisis de las cifras evidencia una serie de elementos que llaman la atención, entre ellos que el 69 % de las víctimas corresponde a civiles, el porcentaje más alto que se ha registrado en los últimos seis años. Otro aspecto relevante es el aumento de la contaminación por armas. De los 43 municipios en los que se presentaron accidentes con artefactos explosivos en lo corrido del año, 15 no habían reportado víctimas en 2023. Esto significa que el fenómeno se sigue extendiendo a nuevas zonas del país, pues es una problemática de carácter acumulativo.
Los confinamientos y los desplazamientos de comunidades también se han intensificado. Según cifras oficiales entre enero y mayo de este año 31.832 personas se han confinado. Lo que supone un aumento del 101 % en comparación con los mismos meses de 2023. A nivel territorial destaca la situación de Chocó, si bien este departamento ha ocupado en los últimos años el primer lugar de afectación, en 2024 ha tenido un notorio deterioro, al pasar de cinco eventos de confinamiento registrados en los primeros cinco meses del año pasado a 13 eventos en lo trascurrido de este año.
En cuanto al desplazamiento masivo, 26.753 personas se han desplazado en lo que va de 2024. Esto representa un aumento del 49 % en la población desplazada con relación al mismo periodo del año anterior. Desde la perspectiva territorial, Nariño sigue siendo el departamento más afectado. En relación con el año pasado este departamento no registró mayor variabilidad en los eventos reportados, pero en otras zonas del país la situación ha sido distinta. Bolívar, por ejemplo, pasó de un evento reportado en los primeros cinco meses de 2023 a 9 en lo que va de este año.
Por otro lado, entre enero y mayo, 24.437 personas fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas por desplazamiento individual. El estudio de los datos muestra que Buenaventura sigue siendo la principal ciudad expulsora con 2.645 personas desplazadas, mientras que Bogotá es la principal ciudad receptora de población desplazada de manera individual. En muchos casos estas personas se ven obligadas a abandonar sus hogares por amenazas de los actores armados y tras el desplazamiento nunca regresan a sus lugares de origen.
Desde la perspectiva del enfoque diferencial, resulta claro que estas problemáticas tienen un mayor impacto en las poblaciones étnicas. En el caso de los confinamientos y de los desplazamientos masivos, más del 60 % de las personas afectadas pertenece a comunidades indígenas y afrodescendientes.
A esta compleja situación humanitaria se suma la persistencia del fenómeno de la desaparición. Entre enero y mayo de 2024 el CICR documentó 78 casos de desaparición relacionados con los conflictos armados y la violencia que ocurrieron en esos mismos meses. Los hechos se reportaron en 9 departamentos, registrándose el 65 % de ellos en Arauca y Cauca.
Así mismo, en 2024 ha continuado la violencia contra la asistencia de salud. En los primeros cinco meses del año la Mesa Nacional de Misión Médica reportó 116 actos violentos en 18 departamentos del país. De estos eventos 73 ocurrieron en el marco de los conflictos armados, siendo Cauca el departamento más afectado por esta situación, pues allí se registró el 41 % de los casos. Entre los hechos más graves que se presentaron en el contexto de los conflictos armados está el homicidio de tres personas, dos de ellos sucedieron en Cauca y el otro en Guaviare.
En términos humanitarios al CICR le preocupan los casos de incumplimiento de las partes en conflicto respecto a la obligación de tomar medidas de precaución para proteger a la población y los bienes civiles de los efectos de las hostilidades. En múltiples ocasiones las comunidades han quedado en medio del fuego cruzado y sus espacios comunales, escuelas y viviendas han sufrido daños como consecuencia de los enfrentamientos y del uso de artefactos explosivos. Este escenario ha planteado un contexto aún más difícil para la población civil y ha aumentado considerablemente el riesgo y la presión sobre esta.
Por estas razones el CICR insiste a todas las partes en conflicto sobre la necesidad y la obligación de respetar el derecho internacional humanitario y garantizar la protección que confieren estas normas a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades. Esto resulta indispensable para mitigar la barbarie de los conflictos armados y reducir el sufrimiento de la población civil.
