Recortar el impuesto empresarial más alto de la OCDE: el gran dilema fiscal en Colombia

Mientras el Gobierno de Colombia avanza en el diseño de un proyecto de ley para impulsar la tan anhelada reactivación económica, un grueso del debate en el país se ha centrado en la pertinencia, o no, de bajar del 35% actual al 30% el impuesto a la renta empresarial—fijado en la reforma tributaria confeccionada en 2021 por la Administración del conservador Iván Duque. Se trata de la tasa más alta dentro del escalafón de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un club de 38 países de renta media/alta que acapara el 50% del producto interno global.

El Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dejado entrever su respaldo a la propuesta. La tarea de nivelar el déficit en las cuentas públicas, sin embargo, tiene carácter de urgencia y plantea un contexto delicado para aterrizar el ajuste sobre un nicho del recaudo que, sumando a las empresas y a las personas naturales, en 2023 aportó el 53% del total ingresado. El Gobierno, urgido de liquidez para garantizar la estabilidad y la ejecución de sus políticas sociales, se halla en un dilema: ¿cómo estimular a las empresas y el comercio sin lesionar sus ingresos?

Para Brandon Espinel, académico y magíster en Tributación de la Universidad de los Andes, la discusión en Colombia se ha enfocado en una marea de ejercicios aritméticos que se limitan a proponer subidas o bajadas de impuestos a determinados sectores según la coyuntura: “El recaudo debe ser la respuesta a una planeación económica más amplia del Estado. Naturalmente, al desarrollo de la inversión privada, al fortalecimiento del mercado y de la competitividad”.

Por eso, aunque defiende el actual proyecto oficial como probable dínamo para las empresas, subraya que la solución a los líos presupuestales no puede girar siempre en torno a una acumulación de ajustes fiscales. “La respuesta va más allá de estos anuncios coyunturales y tiene que ver con repensar, reflexionar sobre el incremento exacerbado en el gasto público, en el funcionamiento del Estado. Y verificar si a mediano y largo plazo se han establecido parámetros razonables”, agrega.

Aclara, además, que se trata de una tendencia que han seguido ya varios gobiernos. El gasto total del sector público se ha triplicado en las últimas dos o tres décadas, a la vez que los impuestos aportan proporcionalmente cada vez menos para cubrirlo. Luis Orlando Sánchez, socio de la división de Impuestos Internacionales en la consultora EY, recuerda que el Gobierno de Gustavo Petro, por lo pronto, solo ha hablado de “un paquete de estímulo”, más que de una reforma en sí: “Hay que leer con cuidado el texto final, porque también se ha hablado de la creación de nuevos impuestos verdes o del tema de las inversiones forzosas para las entidades financieras”.

A falta de mayor claridad, se sabe que el proyecto de Hacienda y la propuesta anticrisis será radicado el próximo 20 de julio para su trámite en el Congreso. Sánchez adelanta que el recorte a las empresas podría encajar como herramienta de negociación para sacar adelante otras medidas. “Puede, por ejemplo, incluir alguna modificación a la regla fiscal o quitar regímenes especiales. O habrá que ver si va a ir acompañado de la eliminación de los pocos beneficios fiscales que quedaron de la reforma de 2022 para algunas compañías”.

No cabe duda de que desde la consultora y multinacional británica ven con aprehensión los anuncios oficiales. Fuentes de Hacienda aseguran que, si bien dentro del primer borrador de la ley de reactivación no se ha incluido el recorte, técnicos del ministerio sí han puesto sobre la mesa una fórmula para aplicarla gradualmente en un lapso de dos años. El cambio, de cualquier forma, está en la agenda y hay un alto grado de consenso en que supondría una señal inaplazable para acelerar los motores del empresariado.

La decisión de incluirlo en el proyecto que se radicará en el legislativo depende del impacto sobre los recursos estatales. “Igual que en la administración de una casa, la pregunta no puede limitarse a la forma de incrementar las fuentes de ingresos. La sociedad colombiana también debe empezar a debatir si además hay que recortar el uso de energía y agua”, explica Brandon Espinel. Para el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo el debate no es fácil de delimitar y cualquier reducción tendría que ir acompañada de “otras normas que aumenten los recaudos”, publicó en su cuenta de X.

A su juicio, la propuesta es inviable: “La reforma tributaria que sí se debe hacer es la de impuestos departamentales y municipales. Es un contrasentido que, en contraste con los impuestos nacionales, que han sido objeto de múltiples reformas, la última más importante a nivel territorial haya sido hace 40 años”, escribió Ocampo. Un tema espinoso para un país cuya descentralización administrativa encalló como un anhelo inconcluso consagrado en la Constitución de 1991.

Resulta improbable que este Gobierno, sin embargo, malgaste tiempo o capital político en un asunto tan complejo: “El clima, a dos años de una elección presidencial, no está dado para hablar de renta o autonomía territorial. Es cierto que el régimen tributario departamental es un desorden. Pero en dado caso que se clarificara, eso tampoco va a solucionar el problema fiscal ni los problemas que tenemos de reactivación económica”. Cualquier decisión fiscal que tome el Gobierno de Petro, en todo caso, surtirá efecto durante la transición hacia la próxima Administración que ocupe el Palacio de Nariño a partir del 7 de agosto de 2026. Por eso será una operación quirúrgica que, coinciden las fuentes, debe trascender los asuntos ideológicos.

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