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Las implicancias para el medio ambiente que podría tener un segundo gobierno de Donald …
La campaña presidencial en Estados Unidos genera expectación en cuanto a las posibles modificaciones que pueda anunciar uno u otro candidato de cara a las elecciones de noviembre próximo.
Ese es el caso de algunas Federaciones de empleados de gobierno, donde hay preocupación frente a un posible nuevo gobierno de Donald Trump. Particularmente, por lo que pueda ocurrir con la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), que fue creada en 1975 bajo el gobierno del ex presidente Richard Nixon, quien también era afín al partido Republicano.
Según declaró al New York Times Marie Owens, presidenta del Consejo 238 de la Federación de Empleados Gubernamentales, la mencionada agencia, que busca proteger la salud de los seres humanos, el medio ambiente y los recursos naturales, sería puesta “en una licuadora” de materializarse algunas de las promesas expresadas por Trump durante la campaña.
El empresario, quien en su mandato el 2020 retiró oficialmente a su país del Acuerdo de París, aseguró que de volver a la presidencia derogará normas federales que han sido diseñadas para reducir la contaminación por gases de efecto invernadero, ya que ha argumentado que la regulación es excesiva y perjudica a diferentes industrias.
De todas formas cabe destacar que en su periodo en la presidencia entre 2017 y 2021, Trump intentó en diferentes oportunidades revertir las regulaciones ambientales federales. Esfuerzos que, a juicio de diferentes expertos, fracasaron tanto por falta de experiencia como por la oposición dentro del mismo poder Ejecutivo.
Sin embargo, si es que triunfa la carta del partido Republicano en los próximos comicios presidenciales, podría situarse en un escenario favorable para echar pie atrás con algunas normas.
Mayoría en la Corte Suprema
Actualmente hay una mayoría conservadora de tres jueces en la Corte Suprema, que fueron nombrados por Trump, lo que podría significar “mano libre” para la modificación de regulaciones, según declaró a New York Times Christine Todd Whitman, quien dirigió la Agencia de Protección Ambiental durante la presidencia de George Bush.
Por otra parte, buscando no enfrentar algunas barreras legales y burocráticas que se encontró en la primera administración, Donald Trump ha propuesto reclasificar a decenas de miles de funcionarios de carrera de la administración pública, para así facilitar sus despidos.
Trabajadores que forman parte de agencias como la citada EPA que juegan un rol importante, desde imponer la obligación a las comunidades de reducir el smog hasta regular el uso de pesticidas.
Para los expertos, un debilitamiento de la EPA sería devastador para el país y el mundo, ya que el impacto del cambio climático es transversal.
En todo caso al interior de la Agencia, el Consejo 238 que representa a unos 8 mil trabajadores, ya se están preparando para un eventual retorno de Trump a la presidencia, y recuerdan que durante sus cuatro años en el cargo, Trump intentó revertir o debilitar casi 100 normas ambientales, incluídos los límites de la llamada era Obama a los gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas y los automóviles, así como las protecciones a los humedales.
Pero la regulación resultó desafiante, y los funcionarios acudieron a la justicia. De hecho, el gobierno perdió el 57% de los casos en los cuales se impugnaron sus políticas ambientales, una tasa mucho mayor que la de gobiernos anteriores, según una base de datos del Instituto de Integridad Pública de la Universidad de Nueva York.
En una opinión que expresó al citado medio Jason Schwartz, director jurídico del Institute for Policy Integrity, las medidas para reducir la regulación propuestas en la primera administración de Trump “a menudo ignoraban los estatutos del Congreso” o inflaban los costos de las regulaciones sobre la industria.
Por otra parte Michael Wall, director de litigios del Fondo de Acción del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, puntualizó: “La razón por la que ganamos esos casos es porque los presidentes tienen que cumplir la ley, y eso no va a cambiar con las elecciones”. Asimismo, Wall concluyó que “tenemos motivos para pensar que aprendieron las lecciones de su primer mandato”, pero puntualizó que “también es cierto que nosotros también aprendimos lecciones” del primer período en el gobierno de Donald Trump.