Pobladores demandan daños en Río Sonora por parte de Grupo México
Una década después del derrame de 40 millones de litros de residuos tóxicos de la minera Buenavista del Cobre de Grupo México en Río Sonora, la lucha social y legal sigue vigente para los más de 20 mil pobladores que fueron afectados por este hecho.
Foto: Grupo México.
Los metales pesados recorrieron las cuencas de los ríos Bacanuchi y Sonora, impactando sobre todo en los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe de Jesús, Baviácora y Ures, dañando a la salud, el medio ambiente y la econamía.
El daño económico asciende a más de 20 mil millones; sin embargo, la empresa minera asegura que la remediación fue exitosa, y se llevó a cabo conforme a la ley, pese a que en 2023 la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) presentó un dictamen donde informó que persistían los metales pesados en el Río Sonora.
Ante esta situación, los pobladores exigen justicia por los estragos que dejó “el peor desastre ambiental” en la historia de la minería en México, ocurrido el 6 de agosto de 2014, del que el consorcio de Germán Larrea sigue acaparando el líquido de la región para utilizarla en la mina de cobre más grande del país.
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El dictamen de diagnóstico ambiental de la Semarnat, responsabiliza a Grupo México de afectar con sus desechos ese caudal de la sierra norte de Sonora, asimismo, los resultados muestran la persistencia de una contaminación crónica derivada de la actividad minera en la región.
Por otra parte, integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) solicitaron a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, no olvidar a los pobladores afectados y que no permita que la empresa del segundo hombre más rico de México, siga intoxicando su gobierno.
Además, criticaron que, durante dos administraciones federales, la empresa responsable de este desastre ambiental ha evadido reparar los daños que ocasionó y las multas e indemnizaciones que ha realizado no han cubierto en su totalidad los efectos directos, indirectos y acumulativos en la población, los ecosistemas y la economía, ni los costos de supervisión y atención de la salud y la calidad de las matrices ambientales y de salud.
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