Las muertes violentas en zonas de minería se han incrementado, las bandas expanden su accionar

Aunque a nivel nacional, según las cifras oficiales de la Policía, hay una reducción del 18 % en muertes violentas, los casos se siguen reportando y al menos el 82 % estos se concentran en las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Esmeraldas, zonas que han sido priorizadas y donde el Bloque de Seguridad ha puesto énfasis y hasta se ha establecido toque de queda.

Del 1 de enero al 11 de agosto del 2023 se registraron 4.562 homicidios intencionales versus los 3.758 casos en 2024. Son 804 crímenes menos.

Víctor Hugo Zárate, el nuevo comandante de la Policía, dio detalles de la situación actual esta semana. Incluso detalló que en la Zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y Samborondón, hay una reducción del 19 % en asesinatos. Son menos 315 casos.

En los tres cantones del 1 de enero al 11 de agosto del 2023 se reportaron 1.635 homicidios intencionales, mientras que en lo que va del 2024 son 1.320.

También dijo que en Durán, desde que se implementó la intervención, hay una reducción del 42 % de los crímenes. Ese mismo día tres personas fueron asesinadas en Durán y este martes se dieron otros tres crímenes. Ya para este 13 de agosto la cifra se había elevado a 284 homicidios intencionales en el cantón ferroviario.

Pero así como los funcionarios destacan la reducción de crímenes en algunos puntos, hay sectores donde se han dado incrementos. En Orellana, Azuay, Sucumbíos y Tungurahua la tasa revela una dinámica diferente.

El caso más alarmante ocurrió el lunes 12 de agosto en el cantón La Joya de los Sachas, en Orellana. Ahí tres policías fueron acribillados por una banda criminal que había atentado minutos antes contra la vivienda de un miembro de un grupo armado.

Los tres uniformados fueron atacados por más de quince hombres que portaban fusiles. En esa provincia las muertes violentas pasaron de 24 en 2023 a 78 en 2024, el 208 % más.

En Azuay también hubo un incremento, subió el 78 % de las muertes violentas, que pasaron de 36 a 64 casos. Hubo también un crecimiento similar en Sucumbíos, donde se pasó de 43 a 57 asesinatos. En Tungurahua también subió de 14 a 27 casos, el 93 % más.

Michelle Maffei, máster en Seguridad Nacional y Conflicto y docente universitaria, analiza estas cifras y sostiene que este cambio tiene relación con la minería ilegal.

Ella indica que estas provincias han tenido conflictos porque las GDO comienzan a migrar y buscar otros ingresos. En la minería ilegal, en las extorsiones y en los secuestros encuentran formas de financiarse.

“Las GDO empiezan a atemorizar al que se dedica a la minería legal para que trabajen con ellos, están financiando los proyectos (adquieren maquinaria) y les compran el material que se recolecta”, explica la experta en seguridad.

Precisamente este martes 13 de agosto se dio una balacera en la mina Las Lomas, en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. Este enfrentamiento causó cinco muertos y tres heridos. Las Fuerzas Armadas intervinieron y detuvieron a tres jóvenes, uno de ellos es un menor de edad.

Maffei dice que esto es el resultado de las acciones, de las intervenciones en varias zonas para controlar el auge delictivo en provincias como Guayas y Manabí.

“Estamos tapando un hueco en una olla de presión y sale otro. No hay resultados en las políticas con medidas paliativas y estas medidas no abordan la causa principal del crimen organizado”, analiza la experta en seguridad y conflicto.

Ella dice que hay que fomentar políticas de inteligencia para saber qué hacen los grupos de delincuencia organizada y quiénes son los miembros más poderosos. Además, hay que mejorar los servicios estatales.

“Mientras no tengas un por qué no ser un criminal, no tendrás resultados. Es decir, si tengo educación y puedo ser un médico en un país con buena economía, para qué me voy a unir a un grupo de estos. El problema de fondo es que la economía está destruida, la instituciones no sirven, no hay trabajo, no pagan ni la devolución de impuesto a los mayores”, menciona la docente.

Kléber Carrión, abogado, policía en servicio pasivo y fundador de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), insiste en cambios a nivel de leyes. Dice que mientras no se endurezcan las penas y se quiten los beneficios penitenciarios la situación no cambiará.

Para este analista, el trabajo policial es importante, dice que los uniformados no tienen los recursos que necesitan y expresa que aunque apresen a mil terroristas, estos saben cómo librarse de una condena en medio del sistema judicial.

Él también afirma que la cifra de asesinatos resueltos alcanzan apenas el 8 % de las muertes totales en Ecuador, es decir, 300 casos han sido resueltos a la fecha de los 3.758 reportados.

Carrión dice que hasta en los casos en los que hay detenciones en flagrancia muchas veces no hay justicia por los beneficios penitenciarios que se otorgan cada día a delincuentes. Él sostiene además que es complejo, por ejemplo, para el equipo que investiga las muertes violentas en la Zona 8 resolver más de 1.300 casos.

Michelle Maffei dice no estar de acuerdo. Ella cree que hay gente en la Policía y en las entidades de justicia, como Fiscalía y Judicatura, capaz de resolver los casos y dar justicia, pero cree que “no es una cuestión de cantidad de gente, sino de calidad de gente” .

“Muchas veces los menores simplemente no se presentan al juicio y ya el caso simplemente se archiva”, comenta la docente. (I)