'No estamos satisfechos': Ministra de Ambiente dice que faltan esfuerzos para proteger

El sector ambiental, sin duda, ha sido el baluarte de la gestión del gobierno Petro. No solo se logró la deforestación más baja desde que se llevan registros, sino que se aprobó el Acuerdo de Escazú, que permanecía estancado en el Congreso y se consiguió el hito de traer al país la COP16, la cumbre de biodiversidad más importante del mundo.

Sin embargo, bajo la visión de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, “todavía no están satisfechos”. En entrevista con EL TIEMPO la funcionaria reconoce el logro de la disminución histórica de la deforestación, pero advierte que este año podría aumentar debido a las tensiones con los grupos armados ilegales. También, asegura, que el gran reto es “materializar” y obtener recursos para que el sector ambiental no se vea afectado ante el recorte presupuestal anunciado por el Gobierno.

Sin duda el mayor logro de estos dos años ha sido la histórica disminución de la deforestación. ¿Cómo se logró ese hito?

La reducción histórica del 54 por ciento de la deforestación en el país y del 61por ciento en la Amazonía, comparando el 2021 (año en que recibimos) con el 2023, demuestra que nuestro Plan de Contención de la Deforestación está funcionado y vamos por buen camino. Y esto se lo debemos en gran parte al trabajo y compromiso de las comunidades, sobre todo, en el arco amazónico, que se han sumado al cuidado y recuperación de los bosques a través del programa Conservar Paga, que ha vinculado a cerca de 3.000 familias.

La participación activa de las comunidades se ha integrado con otras acciones que definimos en el plan de contención que tienen que ver con las dinámicas de la mesa de paz, el fortalecimiento institucional en los territorios, el despliegue de la Fuerza Pública y la investigación criminal a través del Consejo de Lucha contra la Deforestación (Conaldef).

¿Se podrán sostener por más años esas disminuciones? Teniendo en cuenta lo que hemos visto por parte de los actores armados durante finales de 2023 e inicios de 2024…

Hemos visto antes que hay una realidad cíclica de la deforestación, en algunos años baja y en otros vuelve y sube. Lo que buscamos a pesar de las dificultades con las dinámicas de la paz en el territorio y los actores armados es consolidar el proceso de los núcleos de desarrollo forestal. Esperamos que este año 2024 la deforestación, aunque pueda tener una tendencia al alza, no sea significativa respecto a la línea base del año 2021 para ir consolidando una realidad que esté por debajo de los niveles históricos.

Esperamos que el trabajo que venimos fortaleciendo en los territorios se mantenga en el tiempo. Seguimos trabajando en consolidar los núcleos de desarrollo forestal para que las comunidades vean en el bosque una oportunidad de cambio y un modelo de desarrollo forestal, para ello llegaremos a 16.000 familias con el programa Conservar Paga a final de este año. Esto es generar un nuevo modelo de pacto territorial para recuperar la selva que debe ir de la mano con presencia del Estado, acciones interinstitucionales y de investigación criminal para llegar a los determinadores de la deforestación.

La relación con las comunidades, según usted nos ha contado, ha mejorado. ¿Cómo las han integrado en las acciones de restauración y conservación? ¿Está esa relación en riesgo ante el aumento de acciones de actores armados?

Las relaciones con las comunidades definitivamente sí han funcionado, prueba de esto es que tenemos más veredas, comunidades, asociaciones, Juntas de Acción Comunal queriendo unirse a los programas con las organizaciones campesinas y sociales iniciales, se ha creado una gran expectativa y esto ha generado, por lo tanto, que tengamos que ampliar el programa, es un reto frente a la capacidad institucional, pero estamos creciendo ambas cosas al tiempo.

La relación no está en riesgo, sin embargo, las tensiones en el territorio dificultan la operación y pueden generar demoras en la implementación, lo que obviamente va en beneficio de los interesados en que el programa no funcione, pero precisamente con el proceso de concertación de la paz, cada vez esa relación entre el gobierno y las comunidades se fortalece más, en el contexto de conflicto.

El país logró un hito también con la organización de la COP16 este año en Cali. ¿Qué gana y qué debería quedarle a Colombia tras la Cumbre de Biodiversidad?

La COP16 representa una gran oportunidad para el país en materia de proyección internacional, económica y turística. Es un evento sin precedentes en el país que refuerza nuestro liderazgo internacional en acción climática y nos brinda una plataforma crucial para destacar los temas de negociación que consideramos fundamentales para Colombia, la región y el planeta, y para generar alianzas entre los diferentes sectores del país frente al futuro de nuestra biodiversidad.

Recordemos también que con esta COP16 de biodiversidad empiezan dos años ambientales para América Latina, que seguirán en 2025 con la convención del clima en Brasil. Es un hecho histórico que marca el liderazgo de la región en temas ambientales y donde la posición de Colombia es indispensable en las discusiones de acción climática y protección de la naturaleza.

A Colombia debe quedarle una mayor conciencia de la importancia de su biodiversidad y la pregunta estratégica de cómo podemos desarrollar una sociedad que en todo lo que haga, en su forma de construir ciudades, en su economía, haga paz con la naturaleza.

Insisto en los temas de orden público: ¿podrá Colombia garantizar la seguridad durante la cumbre?

Como lo hemos reiterado: la seguridad en la COP16 está garantizada, sin embargo, mantenemos un monitoreo constante sobre la situación y estaremos atentos a cualquier alerta. El Ministerio de Defensa avanza en la implementación de un plan de seguridad, que ya ha iniciado con el despliegue de refuerzos de la Policía y el Ejército en Cali y los municipios aledaños, que garantizarán las condiciones necesarias de seguridad y tranquilidad para el desarrollo del evento. Este es un plan que contempla todos los aspectos y riesgos y que fue aprobado por las Naciones Unidas.

En estos dos años también se ha fraccionado la relación del Ministerio con las Corporaciones Autónomas Regionales. Asocars dice que no los han incluido en la COP y hace algunos meses la acusaron a usted de intentar interferir en las elecciones de los directores generales. ¿Cómo han sido estos dos años de relación con ellos que son las entidades encargadas del manejo ambiental en los territorios?

Con las corporaciones autónomas hemos tenido una relación institucional, hemos trabajado en el primer año con los anteriores directores en toda la construcción del Plan de Desarrollo de forma participativa, con más de cuatro reuniones incluyendo a los directores para incorporar sus aprendizajes en el plan. Creemos que a las corporaciones hay que fortalecerlas, pero en lógica de transparencia, definitivamente sí ejercimos como miembros del Consejo Directivo los delegados del Gobierno Nacional en las elecciones, no es una interferencia, fue el derecho de generar unas elecciones lo más transparentemente posible y algunas de ellas fueron demandadas por nosotros por no cumplir en nuestro criterio los requisitos, esto también ha llevado a una alianza entre los miembros de los Consejos Directivos del Gobierno Nacional y el Movimiento Social Ambiental. Estamos trabajando en los programas regionales con las corporaciones y esperamos que podamos trabajar muy de la mano con ellas en el proceso ambiental.

Se ha logrado consolidar un bloque regional, con apoyo de Brasil, para apoyar las peticiones climáticas en las discusiones internacionales. ¿Ha mejorado la diplomacia climática del país en estos dos años?

En los últimos dos años hemos logrado consolidar una posición como país ante la región y el mundo que nos ha convertido en protagonista en los diferentes espacios de discusión sobre la naturaleza y el ambiente, como las COP de biodiversidad y de cambio climático. En ese esfuerzo hemos incidido en decisiones históricas como la aprobación del fondo de pérdidas y daños en la Convención de Cambio Climático de Dubái, el lanzamiento de la revisión de expertos sobre deuda, clima y naturaleza con Francia, Kenia y Alemania, la consolidación del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical y la definición de una posición conjunta con socios en la región en espacios como el Foro de Ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe. Este trabajo da cuenta del fortalecimiento de las alianzas con nuestros socios estratégicos y nos ha permitido afianzar el papel de Colombia como líder de acción climática en los diferentes escenarios internacionales. En ese sentido, podríamos decir que hemos trabajado por avanzar en este aspecto diplomático a nivel ambiental.

Ese liderazgo también se vio en el reciente apoyo de la Unión Europea con 47.000 millones de pesos para la lucha contra la deforestación en el país. ¿Esperan conseguir más recursos gracias a los buenos resultados que se pueden mostrar en encuentros como la COP?

Sin duda. Los resultados obtenidos en la lucha contra la deforestación durante los últimos dos años representan una excelente oportunidad para reforzar el apoyo de nuestros aliados estratégicos, como la Unión Europea.

Con la COP16 esperamos seguir posicionando nuestro liderazgo internacional, por eso hemos consolidado una estrategia de cooperación internacional y un portafolio de acción climática y transición socioecológica, esfuerzos clave para avanzar en la ruta que nos hemos propuesto en esta materia.

Se inició, con apoyo de UNODC, una evaluación del estado de los delitos ambientales en el país. Ustedes han conformado alianzas con otros países de la región para enfrentar esta problemática. ¿Se ha avanzado en este tema?

Efectivamente, el Ministerio de Ambiente ha avanzado significativamente en la lucha contra los delitos ambientales a nivel regional. En este contexto, lideramos el proyecto de cooperación regional ECOS, financiado por USAID y UNODC, que busca fortalecer la cooperación entre países, mejorar las capacidades de los actores judiciales y optimizar la aplicación de la ley para prevenir, detectar, interceptar, investigar y enjuiciar delitos ambientales. El esfuerzo se extiende a seis países amazónicos: Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Guyana y Surinam. Precisamente, este año, la COP16 de biodiversidad también es una oportunidad para avanzar en este tema y abordar otras acciones para contrarrestar esta problemática.

El cambio climático sigue siendo el gran reto: tuvimos El Niño, viene La Niña. ¿Estamos preparados para la variabilidad y los riesgos que generará el cambio en el clima?

Colombia ha avanzado en esta preparación desde el sector financiero, el sector de aseguramiento y desde las comunidades hay planes, pero nos falta ser más estratégicos para entender los escenarios de riesgos y como mostró El Niño anterior ir creando mayores capacidades de adaptación, por eso estamos trabajando en un acuerdo con Naciones Unidas para que la adaptación sea protagonista de las próximas Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) que tenemos que presentar a la Convención del Clima en Belén de Pará, en 2025.

Se logró la aprobación de Escazú, pero la Corte Constitucional aún no lo ratifica. Varias organizaciones han denunciado que las muertes de líderes ambientales continúan. ¿Se está haciendo lo suficiente para enfrentar este flagelo?

Si bien estamos a la espera del concepto de la Corte Constitucional, hemos adelantado una ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú que nos dará un marco de acción efectiva.

Nos falta aún avanzar y aunar más esfuerzos, precisamente, con el Ministerio del Interior buscamos fortalecer las medidas para la protección de los defensores del ambiente. Por eso, hemos propuesto un protocolo de reacción ante situaciones de riesgo o agresión que nos ha permitido atender diferentes casos. Este semestre vamos a llegar a los territorios para entablar diálogos con estos defensores y construir en conjunto esta ruta, en el marco de nuestra estrategia de diálogo social para la transformación de los conflictos socioambientales.

El proceso de economías ilícitas y la situación de la vulnerabilidad de la paz en las regiones todavía está cobrando la vida de defensores ambientales y es un problema estructural al que debe responder todo el Estado en su conjunto.

¿Les preocupa que el recorte presupuestal que afectará a todas las carteras impacte en las acciones que desarrollan en los territorios y pueda afectar el buen comportamiento registrado hasta ahora?

Obviamente el recorte presupuestal es duro, la situación fiscal es compleja, pero estamos buscando crear una infraestructura del sector ambiental, a partir del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, que también le ayude al sector a generar recursos propios, que no dependa solamente del Presupuesto General de la Nación. Hemos acomodado nuestros programas, obviamente no podemos expandirnos mucho más, pero sí para cumplir lo que ya hemos prometido y los programas que ha comprometido el Gobierno, especialmente en la región Amazónica.

¿Cuáles son los retos que tienen para estos dos años de gobierno que aún quedan?

El reto es materializar. Ha sido un primer año de reforma del sector y creación de una nueva capacidad institucional con el Fondo para la Vida. Ha seguido un segundo año de pactos sociales y estructuración participativa de programas y viene, por lo tanto, un tercer y cuarto año de ejecución y materialización de todo ese trabajo territorial que se ha propuesto.

¿Están satisfechos con lo que se ha logrado hasta el momento?

No, todavía no podemos estar satisfechos, faltan muchas regulaciones normativas por sacar adelante, falta todavía poder materializar muchos de esos resultados en territorio y falta que parte de ese sistema institucional para lo ambiental que queremos dejar constituido se materialice en efecto y eso todavía tiene un camino por delante.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros