Comisión en la Cámara de Diputados aprueba en lo general la reforma al Poder Judicial

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la reforma al Poder Judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero. La votación finalizó con 22 votos a favor, emitidos por Morena y sus aliados del PVEM y PT, y 17 votos en contra, provenientes de PRI, PAN, PRD y MC.

Durante el debate, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, criticó la reforma, argumentando que los foros y diálogos previos solo sirvieron para simular consulta pública. Por su parte, Rubén Moreira, líder del PRI, sugirió que la reforma debería enfocarse en reducir la saturación de los juzgados locales, aumentar el personal y los sueldos en los juzgados federales, y mejorar el Ministerio Público y los centros periciales, en lugar de permitir la intervención de poderes fácticos y el crimen organizado.

La diputada panista Margarita Zavala acusó a Morena de buscar venganza con esta reforma, y advirtió que podría llevar a despidos masivos e injustificados. En respuesta, el diputado de Morena, Hamlet García, desmintió estas acusaciones y aseguró que se respetarán plenamente los derechos laborales y los beneficios superiores a la ley. 

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Gerardo Fernández Noroña del PT, tildó a la oposición de “apátridas” y “traidores” por apoyar intereses extranjeros y respaldar al embajador Ken Salazar.

La reforma propone modificar el artículo 95 de la Constitución para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular. Se realizarán dos elecciones para elegir a todos los ministros, magistrados y jueces: una en el primer domingo de junio de 2025 y otra en 2027.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que sean electos tendrán un mandato de ocho y 11 años, con los períodos concluyendo en 2033 y 2036, ya que el número de integrantes del pleno se reducirá de 11 a 9. La reforma también contempla la extinción de la sala regional especializada del TEPJF para el 1 de septiembre de 2025 y la eliminación de las dos salas actuales de la SCJN, dejando solo sesiones plenarias públicas y transparentes.

Asimismo, se eliminará la pensión vitalicia para ministros actuales y futuros, y se impondrá un límite salarial para que nadie gane más que el presidente de México. El Consejo de la Judicatura Federal será reemplazado por un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial. El primero se encargará de la administración y carrera judicial, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial, mientras que el segundo recibirá denuncias contra personal judicial por actos ilegales. La reforma establece un plazo máximo de seis meses para resolver asuntos fiscales y un año para asuntos penales, y prohíbe suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

En justicia local, se requerirá que los poderes judiciales estatales establezcan reglas para la elección directa de magistrados y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes. Además, se extinguirán los fondos y fideicomisos del Poder Judicial, transfiriendo esos recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. 

Como cambio reciente, los ministros, magistrados y jueces en funciones tendrán un «pase automático» para participar en la elección popular del próximo año, pero deberán concluir su mandato sin postularse o haber sido elegidos para recibir un haber de retiro solo si presentan su renuncia antes del cierre de la convocatoria el 31 de agosto de 2025.

Tras su aprobación en lo general, el dictamen será discutido en lo particular y, si es aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales, será presentado al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y votación final. 

Con información de SUN

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