Cuando invertir en placas solares se volvió una pesadilla: “Fue un robo del Estado”

En 2007 y 2008, unas 64.000 familias invirtieron sus ahorros en la energía solar en España, animados por un plan estatal —”El sol puede ser suyo”— que les garantizaba rentabilidades del 10% al 12% a cambio de impulsar de forma pionera lo que entonces era una tecnología incipiente. Cinco años después y en plena crisis, el Gobierno de Rajoy les aplicó un recorte del 30% que la justicia española avaló, una pesadilla para algunas familias que había invertido sus ahorros, arruinando a algunas de ellas. En cambio, el arbitraje internacional está dando ahora la razón a varias empresas extranjeras que sufrieron el mismo recorte, lo que ha reactivado la lucha de los afectados: han mandado cartas a las instituciones del Estado y este martes publican un corto combativo. “Fue un robo por parte del Estado. Y ahora un inglés o un alemán van a cobrar y yo, por ser español, no”, critica uno de ellos, Jorge Puebla. Transición Ecológica señala que ya se les aplicó una compensación en 2019 y responde que los laudos no se están pagando.

Aquellas primeras plantas eran caras y poco eficientes, pero contribuyeron al abaratamiento de la tecnología que hoy permite precios mucho menores de la energía. Sin embargo, esos “pioneros” tienen una herida abierta. “Aquel recorte de 2013 fue muy duro para las familias: todas tuvimos que refinanciar la deuda, con lo que el banco nos subió mucho los intereses. Hubo gente que perdió su casa o la planta solar”, resume Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de la Asociación Nacional de productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), que aglutina a unos 7.000 afectados. Calculan que cada familia invirtió una media de unos 300.000 euros, teniendo en cuenta que los bancos facilitaban el 80% a crédito. “Seguimos pagando esos créditos y, con los intereses tan altos, la rentabilidad ha sido nula o incluso negativa”, prosigue.

Muchos agricultores vieron en aquella oportunidad una forma segura de completar su futura pensión. “El consejero de Agricultura de Cataluña nos animó a invertir en ello, porque nuestras pensiones suelen ser bajas, y además lo hacíamos con un plan respaldado por el Estado. Pero a mitad de la partida nos cambiaron las reglas”, se queja Jaume Pedrós, agricultor de 63 años. En su caso, invirtió 480.000 euros hipotecando el terreno que posee en Linyola (Lleida). “12 familias construimos un parque solar en 2009 con 50 kilovatios (kW) por familia. Cuando llegó el recorte, tuve una economía muy jodida durante unos años: dejé de renovar máquinas y todo el dinero de la empresa iba destinado a pagar el crédito”, señala Pedrós.

También hubo jóvenes que se lanzaron a invertir en esa tecnología por convicción. “Siempre he tenido mucha conciencia ecológica, voy al trabajo en bici y ya en aquella época consideraba que las renovables eran el futuro”, señala Jorge Puebla, que entonces tenía 36 años —ahora tiene 50—. Él y su mujer aprovecharon unos terrenos en Valladolid e hipotecaron su casa para montar una planta de 100 kW. “Cuando el Estado cambió las reglas sentí una impotencia absoluta, porque quien te está robando es quien te tiene que defender. Aquel recorte hizo que la planta no produjera lo suficiente paga pagar el crédito, tuvimos que refinanciar con intereses más altos y estuvimos a punto de perder la casa. Yo ya nunca pude ir de vacaciones con mis dos hijos, es una situación de desamparo total”, resume.

Compensación a los afectados

Las familias acudieron a la justicia española y el Supremo dictaminó en 2016 que aquel recorte retroactivo del 30% era legal. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican que el actual Gobierno ya realizó una compensación a los afectados, puesto que en 2019 promulgó un decreto “para recuperar la confianza de todos aquellos que se sintieron traicionados por la reforma de Rajoy en 2013″. Esa norma “otorgó a las plantas afectadas una rentabilidad garantizada del 7,39% hasta el 31 de diciembre de 2031, que de otro modo hubiera caído al entorno del 4,5% a partir del 1 de enero de 2020, al repercutirse los bajos tipos de interés a la fórmula de cálculo de dicha rentabilidad”. Además, “la previsión era que la rentabilidad se redujese progresivamente y se consideró que blindarla en el 7,39% durante 12 años era una buena medida para resarcir a los afectados”, algo que las asociaciones valoraron positivamente. “Cuando llegue 2032, la mayoría de las instalaciones estarán sobradamente amortizadas”, resumen.

Pese a esa modificación, algunas grandes empresas internacionales —que invirtieron en España y sufrieron los mismos recortes— acudieron a la corte de arbitraje del Banco Mundial. Según Anpier, varios laudos dan la razón a estas empresas, a las que el Estado tendrá que compensar. “Es un atropello, no puede ser que las familias españolas nos quedemos desprotegidas por no poder acogernos al derecho internacional”, se queja Martínez-Aroca.

Transición Ecológica matiza: “El Gobierno ha adoptado medidas adecuadas para compensar las políticas del anterior Ejecutivo y está defendiendo los intereses del país, con notable éxito: sobre reclamaciones de 10.635 millones, las indemnizaciones reconocidas ascienden apenas a 1.500 millones. Ninguno de los laudos se ha llegado a ejecutar y España no ha abonado compensación alguna”.

Los afectados no tiran la toalla. Este martes publican el corto En la cuneta, que refleja la lucha del colectivo y su indignación por lo que consideran una doble vara de medir. Además, han enviado cartas a diferentes instituciones del Estado —Gobierno, ministerios, Defensor del Pueblo y la Corona— exigiendo igualdad de trato. Se podría compensar aquel recorte, sugieren, alargando la vida útil de sus instalaciones fotovoltaicas otros cinco años más allá de 2031 —dado que si no les corresponderá una retribución residual—. Todavía no han recibido respuesta.